El Índice de Precios de Consumo, que mide el Instituto Nacional de Estadística (INE) con periodicidad mensual, alcanzó en agosto una tasa interanual del 4,3%, un nivel que no se registraba desde 2023, cuando la economía española todavía absorbía las consecuencias del primer shock energético provocado por la invasión rusa de Ucrania. El repunte sitúa la inflación muy por encima del objetivo del 2% que persigue el Banco Central Europeo (BCE) para el conjunto de la eurozona y reabre el debate sobre la senda de tipos de interés en las próximas reuniones de la institución.
El principal motor de la escalada ha sido, según los datos recopilados por la OCU, el encarecimiento simultáneo de la electricidad y los carburantes. La factura de la luz en el mercado regulado se situó en agosto en 79,75 euros de media, un 21% más que en junio y el nivel más alto desde febrero de 2025. Detrás de ese repunte está la subida de los precios mayoristas del gas natural, materia prima que continúa marcando el precio marginal de la electricidad en el mercado ibérico a través del mecanismo de casación de ofertas y que se ha visto presionada por la inestabilidad en torno a Irán.
En los carburantes la subida ha sido todavía más pronunciada. Según el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, el litro de diésel cerró agosto en 1,870 euros, un 21% más caro que a comienzos de julio, lo que eleva el coste de un depósito completo de 55 litros hasta casi 103 euros. La gasolina de 95 octanos, con una subida más contenida, se pagaba a 1,741 euros de media en la Península y Baleares el último domingo de agosto, un 13,3% más que antes del periodo vacacional: un repostaje completo ronda ya los 96 euros, doce más que a principios de julio.
El Ejecutivo ha previsto cierto alivio parcial: a partir de este martes entra en vigor un incremento de los descuentos aplicados al diésel. Este tipo de bonificaciones directas ya se emplearon durante la crisis energética abierta tras el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, cuando el Gobierno recurrió a descuentos en combustibles para amortiguar el impacto en los consumidores sin intervenir directamente en el mercado mayorista.
La subida del euríbor añade otra capa de presión sobre las economías domésticas, especialmente las que mantienen hipotecas a tipo variable. El índice de referencia para la mayoría de los préstamos hipotecarios en España cerró agosto en el 2,952% de media, un nivel que implicaría un encarecimiento de 88 euros mensuales para una hipoteca de 200.000 euros y de 155 euros para un préstamo de 350.000, en ambos casos para quienes tengan revisión con el dato de ese mes. El euríbor a doce meses es el indicador al que se referencian la inmensa mayoría de las hipotecas variables suscritas en España.
La factura de la vuelta al colegio dispara el gasto familiar
El otro gran capítulo de la cuesta de septiembre es la vuelta a las aulas. La OCU estima que el desembolso medio por alumno alcanza los 2.484 euros entre matrícula, libros, material escolar y uniformes, un 4% más que el curso anterior. La cifra no ha dejado de crecer: desde 2019, el coste se ha incrementado en 514 euros por alumno, un 26% acumulado en apenas siete cursos, muy por encima de la inflación media del periodo.
Las diferencias por tipo de centro son notables. Mientras un colegio público supone un gasto medio de 1.294 euros por alumno, uno concertado eleva la cifra a 3.450 euros y uno privado puede alcanzar los 8.761 euros, según la misma estimación. La matrícula marca la diferencia: en la privada supera fácilmente los 6.000 euros, frente a los 1.681 euros de media en los concertados. Por etapas, el gasto es mayor en infantil (2.600 euros de media) que en primaria (2.355 euros) o secundaria (2.216 euros).
La geografía también pesa sobre el bolsillo de las familias. Madrid es la comunidad más cara, con un gasto medio de 3.512 euros por estudiante, seguida de Cataluña, con cifras que rondan los 3.000 euros, según el mismo análisis de la organización de consumidores. Estas diferencias reflejan tanto el coste de vida regional como la mayor proporción de centros privados y concertados en ambas comunidades respecto a la media nacional.
El impacto de estas subidas no se reparte por igual entre los hogares. Los de menor renta destinan una proporción mucho mayor de su presupuesto a partidas como energía, alimentación y educación, de modo que un mismo incremento de precios recorta con más intensidad su capacidad de consumo, un efecto que la literatura económica describe como característico de la inflación energética, cuyo peso relativo cae con más fuerza sobre las familias con menos margen de ahorro.
En el plano político, el Ejecutivo ha defendido en los últimos meses los descuentos en carburantes y el bono social eléctrico como amortiguadores frente a la escalada de precios energéticos, medidas de la misma naturaleza que las desplegadas en 2022. Los grupos de la oposición han reclamado en sede parlamentaria una rebaja adicional del IVA sobre la factura eléctrica y sobre determinados productos escolares, en línea con las peticiones que ya formularon durante la crisis energética de aquel año.
El precedente más claro se remonta precisamente a 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania disparó los precios del gas y arrastró tanto la electricidad como los carburantes, obligando al Gobierno a aprobar un paquete anticrisis que incluyó descuentos en combustibles y el tope al precio del gas en la generación eléctrica —el llamado mecanismo ibérico, pactado con la Comisión Europea—. Aquel episodio dejó una inflación media anual del 8,4% en España, según el INE, muy por encima del 4,3% actual, aunque la dinámica de fondo —tensión geopolítica trasladada a los mercados energéticos— resulta comparable.
De cara a los próximos meses, los servicios de estudios prevén que la inflación se mantenga en niveles elevados mientras persista la inestabilidad en torno a Irán y sus efectos sobre el mercado del gas, si bien advierten de que cualquier previsión depende de la evolución del propio conflicto. El BCE deberá valorar en sus próximas reuniones si la persistencia de la inflación por encima del objetivo aconseja mantener los tipos de interés en los niveles actuales o revisarlos, una decisión con impacto directo sobre el euríbor y, por tanto, sobre las hipotecas variables de millones de hogares españoles.
