El primer contacto se producía a través de una aplicación de mensajería con un anuncio de empleo como masajista y tenía apariencia convencional, según las pesquisas. La naturaleza real del trabajo se revelaba después, en una entrevista presencial, cuando aparecía la expresión "masajes con estimulación", conocidos popularmente como masajes con final feliz. Al acudir al domicilio, las mujeres descubrían que el trabajo podía incluir relaciones sexuales con los clientes, mejor remuneradas que el masaje simple.
La investigación policial sostiene que las mujeres captadas se encontraban en situación administrativa irregular, sin acceso normalizado al mercado laboral y con necesidad de enviar dinero a sus familias en sus países de origen. Esa vulnerabilidad, según los agentes, fue el elemento que la responsable detenida aprovechó para imponer las condiciones del negocio.
De acuerdo con la investigación, las trabajadoras debían entregar a la detenida el dinero cobrado inmediatamente después de cada servicio. Al final de la jornada recibían el 60% de lo obtenido y la responsable se quedaba con el 40% restante. La diferencia económica entre un masaje sin relaciones sexuales y uno que sí las incluía habría sido, según los investigadores, uno de los mecanismos de presión sobre las mujeres.
El control descrito por la Policía no se limitaba a la parte económica. Los agentes señalan que la detenida pesaba periódicamente a las mujeres con una báscula y las animaba a adelgazar, en lo que interpretan como una vigilancia constante sobre su aspecto físico. En algunos casos, según las pesquisas, habría llegado a plantear la posibilidad de someterse a operaciones estéticas, cuyo coste podía adelantar ella misma para después reclamar su devolución con intereses.
La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Palma reconstruyó el funcionamiento del presunto negocio: el modo de captación, la organización interna y el circuito de distribución del dinero cobrado por cada servicio. La detención se produjo a principios de esta semana, tras culminar esa fase de investigación, y la mujer figura como investigada por un presunto delito de explotación sexual.
El aprovechamiento de la situación administrativa irregular para forzar la prostitución encaja en los tipos penales que sancionan la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la determinación coactiva a la prostitución, incorporados y reforzados en el Código Penal desde la reforma de 2010 para transponer la normativa europea contra la trata. La retención del dinero, el endeudamiento inducido y el control físico son indicios que las unidades policiales especializadas valoran para diferenciar una relación laboral de una situación de explotación.
Casos con patrones análogos han llegado a los tribunales españoles en los últimos años: la investigación de redes que captan a mujeres extranjeras con ofertas de empleo encubiertas se ha multiplicado desde que la Fiscalía creó en 2011 una unidad especializada en extranjería para coordinar estas causas. La pieza abierta en Palma se suma a la actualidad judicial de la sección, en la que figuran asuntos de perfil distinto como que el TC votará el 6 de octubre dos sentencias que amnistían la malversación del 'procés', sin relación entre sí más allá del calendario.
La instrucción deberá ahora determinar el número de mujeres afectadas y el alcance temporal del negocio. "Para muchos clientes se trataba de un masaje con final feliz; para las mujeres, explotación", resume la reconstrucción de los hechos elaborada por los investigadores.
