Macías sometió a debate el martes una primera propuesta de sentencia que negaba la posibilidad de amnistiar el delito de malversación cometido por los dirigentes independentistas condenados por el procés. La mayoría del pleno, de sensibilidad progresista, rechazó ese planteamiento y devolvió el texto al ponente para que lo corrigiera conforme al criterio mayoritario, un trámite habitual cuando una ponencia no logra el respaldo suficiente pero que aquí se resolvió con una celeridad inusual.
El magistrado, integrante del bloque conservador y propuesto en su día por el Partido Popular, entregó la nueva redacción apenas dos días después, incorporando los argumentos que la mayoría había expuesto en la deliberación del martes. Ese giro despeja el camino para que las dos primeras sentencias sobre la aplicación de la amnistía a la malversación —pendientes para siete dirigentes independentistas— se voten en el pleno del 6 de octubre.
La ley de amnistía, aprobada por el Congreso en 2024 tras el pacto entre el PSOE y las formaciones independentistas catalanas para la investidura de Pedro Sánchez, excluye expresamente del perdón los delitos de malversación cuando ha existido enriquecimiento personal. Ese matiz es el núcleo del litigio: los siete dirigentes fueron condenados por malversación de fondos públicos vinculada a la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, y la cuestión que debe resolver el Constitucional es si ese uso de fondos constituye el tipo de enriquecimiento que la norma excluye.
Dos ponencias en el pleno del 6 de octubre
El presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, llevará ese mismo día al pleno otra ponencia, también favorable a amparar la amnistía, referida a otro de los recursos pendientes sobre la misma cuestión. La coincidencia de fechas entre la reformulada por Macías y la de Conde-Pumpido convierte esa sesión en la decisiva para fijar la doctrina del tribunal sobre la malversación amnistiable, con efectos sobre los procedimientos que aún penden en el Tribunal Supremo contra los líderes del procés.
Entre los beneficiarios de una resolución favorable figura el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que abandonó España tras la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017 y permanece desde entonces fuera del país, así como otros exconsejeros del Govern y dirigentes de las entidades soberanistas condenados por el Tribunal Supremo en la sentencia de 2019 por delitos de sedición y malversación, esta última ya sin la sedición, derogada en la reforma del Código Penal de 2022.
La composición actual del Constitucional, con mayoría de magistrados propuestos por el PSOE y sus socios parlamentarios, ha sido objeto de críticas recurrentes por parte del PP y de Vox, que han cuestionado en sede parlamentaria y en recursos ante el propio tribunal la imparcialidad de sus miembros al resolver los recursos vinculados a la ley de amnistía. Macías había mantenido hasta el martes una posición contraria a extender el perdón a la malversación, alineada con la del bloque conservador.
El Constitucional no afronta por primera vez una cuestión de esta naturaleza: en decisiones previas sobre la aplicación de la ley a los delitos de sedición y desobediencia, el tribunal ya había avalado en su mayoría progresista la extensión del perdón, en resoluciones recurridas sin éxito por las partes personadas en contra. La malversación, sin embargo, representaba el escollo más delicado por la excepción expresa que la propia ley contempla para el enriquecimiento personal, y de ahí la relevancia de que ambas ponencias coincidan en avalar la amnistía también para ese delito.
El Tribunal Supremo, que juzgó a los dirigentes del procés por su condición de aforados, deberá aplicar la doctrina que fije el Constitucional a los procedimientos de ejecución de las condenas que aún tiene abiertos. Hasta ahora, el Supremo había mostrado reticencias a extender la amnistía a la malversación en varios de los recursos planteados por las defensas, lo que había generado un choque de criterios entre ambos tribunales.
Una sentencia del Constitucional que avale la amnistía de la malversación sentaría un criterio vinculante para el resto de causas pendientes por hechos conexos al 1 de octubre que aún no han agotado la vía judicial ordinaria. El control del uso de fondos públicos ocupa hoy a distintos tribunales y organismos: esta sección ha documentado casos como el fondo señalado por el Gobierno en el caso Maricarmen o la investigación de Antifraude al expresidente de Hockey Valencia.
El pleno del próximo 6 de octubre queda marcado como la fecha en la que el Constitucional votará las dos ponencias —la reformulada por Macías y la de Conde-Pumpido— que, de aprobarse, ampararían la aplicación de la amnistía a la malversación cometida por los siete dirigentes independentistas del procés que aún esperaban una resolución sobre este extremo.
