La ciudad autónoma, con alrededor de 84.000 habitantes, habría recibido en los últimos días de julio la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos, en una oleada cuya magnitud las autoridades locales sitúan en torno a las 80.000, cifra provisional que no ha sido contabilizada en su totalidad. Esa entrada equivaldría a cerca del 90% de la población habitual del enclave. Semanas después, según las mismas fuentes, más de 11.000 personas permanecerían todavía en Ceuta, lo que mantiene la presión sobre los servicios públicos, y en particular sobre el sistema sanitario.
El contraste entre la magnitud del fenómeno y la respuesta asistencial inicial ha generado malestar entre el personal del HUCE. Los profesionales consultados sostienen que, mientras la ministra de Sanidad ha insistido en que los servicios no se encuentran desbordados, la realidad en Urgencias sería otra: turnos sostenidos con apenas dos médicos adicionales sobre la plantilla habitual, en un contexto de llegada simultánea de heridos por el cruce de la frontera, casos de hipotermia, fracturas, ahogamientos y patologías crónicas descompensadas.
Entre los cuadros más repetidos figurarían, según relatan los sanitarios, pacientes con heridas infectadas por las condiciones del trayecto, personas diabéticas sin acceso a insulina durante días, víctimas de agresiones en los momentos de tensión vividos en los pasos fronterizos y embarazadas de alto riesgo que habrían cruzado buscando atención obstétrica. Estas últimas se suman a un servicio de maternidad que, como el resto del hospital, opera con los mismos recursos previos a la crisis.
La atención a los ceutíes, en segundo plano
Los sanitarios remarcan que la presión no distingue entre recién llegados y población autóctona, pero sí tiene consecuencias distintas para cada colectivo. Los vecinos de Ceuta, afirman, habrían visto crecer sus tiempos de espera en un servicio que ya trabajaba cerca de su capacidad máxima antes de la crisis migratoria. El hospital habría habilitado circuitos diferenciados: uno de atención rápida para los casos leves y otro, el general de Urgencias, para los cuadros graves, en un intento de no colapsar por completo la asistencia ordinaria. «Todas las manos son pocas», resumen los profesionales, que señalan que médicos de otras especialidades han tenido que colaborar puntualmente para cubrir las carencias de personal.
Fuentes del centro advierten de que esta reorganización no está exenta de riesgos: cuando un servicio funciona de forma sostenida cerca de su límite estructural, cualquier pico adicional de demanda puede convertir la tensión crónica en saturación efectiva. La sanidad es, junto con la seguridad, una de las pocas competencias que el Estado gestiona de forma directa en Ceuta y Melilla, al no estar transferida a estos territorios como ocurre con las comunidades autónomas de régimen común. Esto significa que cualquier decisión de refuerzo de personal, material o presupuesto depende directamente del Ministerio de Sanidad y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), sin intermediación de un gobierno regional propio.
El precedente más inmediato de una crisis migratoria con impacto sanitario en Ceuta se remonta a mayo de 2021, cuando en apenas 48 horas cruzaron la frontera cerca de 10.000 personas a nado o por el espigón de El Tarajal, en un episodio motivado por la tensión diplomática entre España y Marruecos. Aquella oleada, de magnitud algo menor a la actual, también obligó a activar dispositivos sanitarios de emergencia y a intervenir al Ejército en labores de contención y asistencia humanitaria.
El departamento que dirige Mónica García ha defendido en declaraciones públicas que la situación está controlada y que los protocolos de emergencia sanitaria funcionan con normalidad, una valoración que choca con el relato trasladado por el personal del hospital. Hasta el momento, Sanidad no ha detallado el número exacto de efectivos desplegados en el HUCE desde el inicio de la crisis ni un calendario de refuerzos adicionales.
La delegación del Gobierno en Ceuta y el Ministerio del Interior han centrado su respuesta en la gestión del control fronterizo y en las devoluciones o reubicaciones de parte de los llegados, sin que hasta la fecha se haya anunciado un plan específico de refuerzo sanitario para el HUCE. En contextos de llegada masiva y hacinamiento, la ausencia de refuerzos sanitarios tempranos incrementa el riesgo de brotes de enfermedades transmisibles, un factor que los profesionales del centro dicen vigilar en los espacios de acogida temporal habilitados en la ciudad.
Colectivos profesionales del hospital habrían reclamado un plan de choque que incluya contratación de refuerzos, ampliación de camas y coordinación con Interior para agilizar el traslado o la reubicación de los migrantes que requieren seguimiento médico prolongado. La situación permanece abierta: el Ministerio de Sanidad no ha convocado, por el momento, una comparecencia específica sobre el HUCE, mientras crece la presión de los profesionales y de las administraciones locales para que el Gobierno detalle públicamente los recursos destinados a Ceuta desde el estallido de la crisis el 30 de julio.
