Los primeros días de la crisis, según el relato de profesionales del centro, estuvieron dominados por emergencias reales: personas rescatadas en el límite del ahogamiento, fracturas, traumatismos y hasta algún parto atendido en plena presión asistencial. El hospital, único centro público de la ciudad autónoma y referencia sanitaria de toda la zona fronteriza, funcionó en esos días como la última garantía de supervivencia para quienes lograban cruzar.
A partir del cuarto día, según el mismo relato, el patrón cambió. Una médica del servicio de Urgencias, que ha pedido mantener el anonimato para hablar con libertad, asegura que en un solo turno han llegado a atender a más de 300 personas, la mayoría por motivos que califica de menores: dolor de garganta, ampollas en los pies o incluso el reajuste de brackets movidos en un incidente con la policía. «Les atendemos a todos, aunque sabemos que vienen a conseguir un papel oficial del hospital», señaló. En un turno, añadió, se atiende a entre 300 y 400 personas.
El origen de ese comportamiento, según la misma médica, sería un rumor extendido entre los recién llegados: la creencia de que la pulsera de identificación que se coloca en Urgencias, o el informe de alta que se entrega tras la atención, tendrían valor como documento oficial capaz de acreditar el paso por territorio español y abrir la puerta a una solicitud de asilo o residencia. «Se está generando un efecto llamada para acudir al hospital. Es una locura, llegan con problemas de salud menores solo para que les pongamos la pulsera», afirmó. Los profesionales insisten en que se trata de una información falsa, sin respaldo legal alguno.
Qué valor tiene realmente la pulsera hospitalaria
El marco legal vigente en España no reconoce ningún valor jurídico a la pulsera hospitalaria ni al informe de alta como prueba de entrada en el país a efectos de extranjería. La Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, exige la presentación de una solicitud formal ante las autoridades competentes —Policía Nacional, Oficina de Asilo y Refugio o embajadas y consulados— y un procedimiento de instrucción que valora individualmente cada caso, sin que la constancia de una atención médica sirva como acreditación a esos efectos. La tramitación de la protección internacional corresponde a la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, que basa su instrucción en declaraciones, entrevistas y pruebas relacionadas con el riesgo alegado en origen, no en documentación sanitaria.
Otra profesional del servicio, con larga trayectoria en el hospital, se define como «una mujer fuerte» que ha atravesado numerosas crisis en la ciudad autónoma sin perder la entereza. Ahora dice sentirse «completamente agotada» junto al resto del equipo. «Somos los mismos, nadie nos ha reforzado y estamos exhaustos en una crisis que nos supera», relató. Según su testimonio, el personal de Urgencias no ha recibido ningún refuerzo desde el inicio de la crisis y la única instrucción recibida desde la gerencia habría sido que ningún profesional solicitara días libres por asuntos propios mientras dure la situación.
La organización interna del servicio, de acuerdo con este relato, se sostiene en buena medida sobre la voluntad de los propios sanitarios: turnos dobles pactados a través de un grupo de mensajería instantánea y una distribución de guardias improvisada ante la falta de personal adicional. «Dependemos de la buena voluntad de los compañeros», señaló esta médica, que reclama una respuesta institucional más allá de la gestión del día a día.
El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, también facultativo del hospital, ha dirigido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que pide una visita a la ciudad autónoma y la asunción de un liderazgo directo en la gestión de la crisis. En el escrito, Roviralta subraya que los profesionales se encuentran «al límite de su capacidad» y reivindica que han atendido a toda persona que ha necesitado asistencia «sin preguntar por su procedencia, su situación administrativa o sus circunstancias personales», en cumplimiento del principio de universalidad de la atención sanitaria de urgencia recogido en la legislación española.
Por qué el Gobierno central es el interlocutor directo
La sanidad en Ceuta y Melilla depende directamente del Ministerio de Sanidad a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), un modelo distinto al del resto de comunidades autónomas, que gestionan sus propios servicios de salud desde que se completaron las transferencias sanitarias en 2002. Esa singularidad convierte al Gobierno central, y no a un ejecutivo autonómico, en el interlocutor directo ante cualquier reclamación de refuerzo de personal o medios en los dos territorios norteafricanos.
Ceuta ha vivido episodios de presión migratoria intensa en el pasado, con el precedente más recordado en mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas aprovechando una relajación de los controles marroquíes, un episodio que también desbordó los servicios sanitarios y sociales de la ciudad. La crisis actual, ligada a los sucesos registrados en el entorno del Tarajal la semana previa, revive un debate recurrente sobre la capacidad de las infraestructuras públicas de las ciudades autónomas para absorber picos migratorios repentinos.
El Ministerio de Sanidad no ha realizado, hasta el momento, declaraciones públicas específicas sobre la situación del hospital de Ceuta ni sobre la carta remitida por el Colegio de Médicos, por lo que no consta una respuesta oficial a las peticiones de refuerzo de personal. Tampoco hay constancia pública de un balance actualizado por parte de Ingesa sobre el número de atenciones registradas en Urgencias desde el inicio de la crisis.
La situación en el hospital ceutí queda pendiente de una posible visita ministerial, que el Colegio de Médicos reclama sin que haya trascendido una fecha confirmada, y de la evolución de los flujos migratorios en la frontera del Tarajal en los próximos días. De mantenerse el nivel de afluencia a Urgencias descrito por el personal, la presión sobre un servicio que opera con la misma plantilla desde antes del inicio de la crisis podría prolongarse sin el respaldo adicional que sus profesionales reclaman.
