La investigación contra el club de Manchester, propiedad del grupo emiratí City Football Group, se articula en torno a cinco frentes de acusación formulados por la propia liga inglesa: la presentación de información financiera presuntamente inexacta a lo largo de casi una década, las remuneraciones a entrenadores y jugadores, incumplimientos de las normas de juego limpio financiero de la UEFA, infracciones de las Reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad de la propia Premier League y una falta de cooperación con los investigadores de la liga.
El Manchester City negó todos los cargos desde que se hicieron públicos y se preparó para el proceso con un equipo de abogados especializados en derecho deportivo. El club sostiene que su comportamiento financiero se ajustó en todo momento a la normativa vigente y que las acusaciones carecen de fundamento para derivar en sanciones deportivas.
Masters evitó entrar en los motivos concretos de la dilación y se remitió al procedimiento reglado. «Nuestras reglas son muy claras: hay que seguir el proceso y solo hay una ruta clara, que es permitir que el proceso llegue a una conclusión natural», señaló en la entrevista concedida a la BBC. El dirigente admitió comprender la impaciencia del entorno, pero insistió en que no está en su mano acelerar los tiempos del tribunal independiente.
El propio Masters reconoció que la decisión ya debería haberse tomado a estas alturas. «Acepto que está alargándose más de lo esperado y entiendo que la gente quiere saber lo antes posible qué está pasando, pero es que simplemente no puedo decir nada», declaró. La admisión constituye la crítica más directa hasta la fecha de la propia liga hacia la lentitud de su sistema disciplinario, en un contexto de presión de otros clubes que reclaman explicaciones sobre por qué el proceso sigue sin desenlace.
Del veto europeo revertido al fondo del expediente
El marco normativo aplicable combina las reglas internas de la Premier League, suscritas por los veinte clubes de la categoría, con la normativa de juego limpio financiero que la UEFA introdujo en 2010 para evitar que los clubes gastasen por encima de sus ingresos. Ambos sistemas comparten el objetivo de contener la inflación salarial, pero operan con procedimientos y tribunales distintos, lo que ha generado solapamientos jurisdiccionales.
El propio City ya afrontó uno de esos choques. En 2020, el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana anuló una sanción de la UEFA que le vetaba dos temporadas de competición continental, aunque mantuvo una multa reducida. Aquella resolución demostró que el club cuenta con capacidad probada para litigar con éxito ante instancias internacionales y que los tribunales deportivos no siempre respaldan íntegramente las tesis de los organismos acusadores, un precedente que pesa sobre la cautela con la que se observa el desenlace actual.
El abanico de sanciones que contemplan las reglas de la Premier League es amplio y va desde una multa económica hasta medidas de mayor calado deportivo, como la deducción de puntos, la pérdida de títulos conseguidos durante el periodo investigado o, en el escenario más extremo, un descenso administrativo de categoría. Ninguna de estas vías ha sido descartada ni confirmada por el organismo, que mantiene silencio sobre el contenido de las deliberaciones.
El precedente histórico más citado para dimensionar el alcance de una posible sanción es el escándalo Calciopoli, que sacudió al fútbol italiano en 2006. En aquel caso, la Juventus fue descendida administrativamente a la Serie B y perdió dos Scudettos tras acreditarse una trama de presiones sobre las designaciones arbitrales. Aquel episodio sigue siendo la referencia obligada cuando se especula sobre los márgenes de actuación de un organismo deportivo frente a un club de primer nivel.
La demora ha reavivado el debate sobre la credibilidad del sistema disciplinario inglés en un momento en que la Premier League se presenta como una de las competiciones más reguladas del mundo. Que su caso más mediático permanezca sin resolver más de dos años después del cierre del juicio alimenta las dudas de otros clubes sobre la eficacia real del marco de control financiero.
Ni la Premier League ni el Manchester City han precisado fecha alguna para la resolución del expediente. El organismo se ha limitado a reiterar que el tribunal independiente actúa con plena autonomía y que su fallo se hará público en cuanto concluya sus deliberaciones, sin plazo vinculante fijado en el reglamento. El club mantiene su defensa de inocencia y no ha anunciado movimientos adicionales mientras el proceso sigue su curso.
El desenlace tendrá consecuencias que trascienden al propio Manchester City: otros clubes observan el proceso como una prueba sobre hasta qué punto la liga está dispuesta a sancionar a uno de sus miembros más poderosos. La resolución, cuando llegue, marcará previsiblemente un precedente para futuros litigios sobre juego limpio financiero en el fútbol inglés y podría influir en la forma en que la UEFA aborde casos similares en el resto de Europa.
