La escasez de oferta es, para Aznar, la raíz del problema, y cualquier medida que no aumente el número de viviendas disponibles está condenada a fracasar. Su diagnóstico se aleja del que defienden UGT y CCOO, organizaciones convocantes de la huelga del 11 de noviembre, que reunió reivindicaciones sobre salarios y el encarecimiento de la cesta de la compra con la crisis de vivienda como uno de sus ejes centrales.
«Es esencialmente una cuestión de oferta. Si no se construye, no se puede ni abaratar ni encarecer ni nada. Es que no hay oferta», afirmó José María Aznar, expresidente del Gobierno, en la entrevista de 2025.
El argumento de Aznar no se detiene en la falta de construcción, sino que apunta al marco normativo que regula el uso del suelo. El expresidente niega que España padezca escasez de terreno edificable y atribuye el estancamiento a las limitaciones administrativas que, a su juicio, frenan a promotores y constructoras. Su propuesta pasa por una liberalización del suelo y la reducción de trabas burocráticas para agilizar la puesta de nuevas viviendas en el mercado.
Esa lectura conecta con otros debates recientes sobre el mercado inmobiliario español, como el que recoge la segunda residencia de interior que gana peso frente a un litoral tensionado, reflejo de cómo la presión sobre determinadas zonas reconfigura los patrones de compra ante la falta de oferta asequible en las áreas más demandadas.
El rechazo a topar el alquiler
Uno de los puntos donde Aznar marca mayor distancia con las políticas impulsadas en los últimos años es la intervención sobre los precios del alquiler. El expresidente considera que fijar límites no resuelve la escasez de vivienda y puede agravarla si los propietarios optan por retirar sus inmuebles del mercado ante la pérdida de rentabilidad o la inseguridad jurídica percibida. «No funciona porque la gente deja de alquilar», afirmó, antes de preguntarse: «¿De dónde quieres sacar los alquileres baratos?».
Ese planteamiento choca con las reivindicaciones que sindicatos y plataformas vecinales llevaron a la calle el 11 de noviembre, centradas en la ampliación del parque público, la regulación de precios en zonas tensionadas y medidas contra la especulación inmobiliaria. UGT y CCOO reclamaron durante la jornada una mayor intervención pública y medidas que eviten que el coste de la vivienda absorba una proporción creciente de los salarios.
Aznar extendió su argumentario a las restricciones a la compra de inmuebles por parte de extranjeros, medida que varios países europeos han explorado como respuesta a la presión sobre sus mercados. El expresidente se mostró contrario a esas limitaciones por el mismo motivo que rechaza el tope al alquiler: restringir quién compra o cuánto puede cobrarse por un arrendamiento no incrementa automáticamente el número de viviendas existentes.
En su lugar, reclama seguridad jurídica para los propietarios y condiciones que faciliten la construcción, bajo la premisa de que un aumento sostenido de la oferta terminaría ajustando los precios por la vía de la competencia, sin intervención administrativa directa.
El choque generacional sobre el derecho
Entre las declaraciones de aquella entrevista, una resume con especial claridad la distancia generacional que plantea respecto al acceso a la vivienda. Aznar reconoció que los jóvenes tienen «toda la razón para quejarse» ante la situación actual, pero contrapuso esa demanda con su propia experiencia vital.
«Cuando yo era más joven, la vivienda era una expectativa, ahora es un derecho. Yo nunca sentí el derecho a tener una casa», declaró José María Aznar, expresidente del Gobierno, en la entrevista de 2025.
La Constitución española sí recoge expresamente el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El artículo 47 establece que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho y regular la utilización del suelo conforme al interés general. Aznar no cuestionó la vigencia de ese artículo, sino el modo en que, a su entender, se pretende trasladar ese mandato a la práctica mediante intervenciones sobre precios y mercado que considera ineficaces.
El debate sobre cómo garantizar el acceso sin desincentivar la inversión atraviesa otros sectores vinculados al ladrillo, desde el auge hotelero que Agüero valora con «un porcentaje anual bastante alto, entre un 12% o un 15%» hasta el impulso de las infraestructuras digitales que llevó a ACS a disparar un 34,9% su beneficio hasta septiembre por el negocio de centros de datos.
Las posiciones de Aznar, formuladas desde su experiencia al frente del Gobierno entre 1996 y 2004 —periodo en el que España vivió un fuerte ciclo expansivo de construcción residencial que desembocó en la burbuja inmobiliaria estallada en 2008—, se mantienen como contrapunto a las demandas que sindicatos y colectivos sociales llevaron a las calles el 11 de noviembre. «Yo nunca sentí el derecho a tener una casa», resumió el expresidente la tensión entre quienes defienden la liberalización del mercado y quienes reclaman mayor intervención pública.
