Las primeras versiones apuntan a que el ataque combinó drones con explosivos y una volqueta cargada con artefactos, una modalidad que en los últimos años se ha replicado en zonas rurales del país, donde disidencias y bandas criminales han adaptado tecnología de bajo costo para atentados contra la fuerza pública o la población civil. La información disponible procede de la confirmación entregada por la gobernadora; aún no se precisa si el ataque estuvo dirigido contra un objetivo específico o si afectó de manera indiscriminada a los pobladores.
Planadas arrastra una larga historia de presencia de grupos armados en el sur del Tolima, zona de frontera con el Cauca y el Huila donde durante décadas operaron estructuras de las antiguas FARC y, más recientemente, disidencias surgidas tras el acuerdo de paz firmado en 2016. La región ha sido escenario recurrente de disputas territoriales por corredores de narcotráfico y rutas hacia el Pacífico, lo que explica la persistencia de hechos de violencia pese al proceso de desmovilización.
El Tolima, que durante la década de 1990 y comienzos de los 2000 fue uno de los epicentros del conflicto armado en el centro del país, ha visto en años recientes un repunte de la actividad de grupos disidentes en municipios como Planadas, Rioblanco y Chaparral. El propio origen de las FARC está ligado a esta zona: la guerrilla surgió en 1964 tras el ataque militar a Marquetalia, un corregimiento de Planadas, punto de partida del conflicto armado más prolongado de América Latina.
El uso de drones armados por parte de organizaciones criminales no es un fenómeno nuevo en Colombia, pero su empleo en zonas rurales del Tolima marcaría una escalada en la sofisticación de los ataques. La adaptación de estas estructuras a tecnologías antes reservadas a conflictos de mayor escala es un patrón que también se ha documentado en otros puntos de la región y en episodios de violencia en distintas partes del mundo, como el despliegue de 70.000 agentes en Francia ante nuevas protestas por el alto costo de la vida.
En casos de esta naturaleza, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría suelen activar mecanismos de verificación y acompañamiento a las comunidades afectadas, mientras la Fiscalía General de la Nación asume la investigación penal para establecer la autoría y el móvil del hecho. Esos procedimientos determinan la calificación jurídica del ataque, que de confirmarse contra población civil podría encuadrarse en delitos de lesa humanidad.
La gobernadora Adriana Matiz confirmó que entre las víctimas mortales se encuentra una bebé de dos meses, un dato que ha concentrado la atención sobre el hecho en momentos en que las primeras versiones apuntan al uso combinado de drones con explosivos y una volqueta cargada con artefactos como la modalidad empleada en el atentado.