El fallo establece que el reclutamiento no respondió a hechos aislados sino a una estrategia deliberada para sostener el pie de fuerza del grupo armado. Precisa que incluso niños de ocho años, demasiado pequeños para cargar un fusil o un equipo de campaña, eran mantenidos en los campamentos como lo que los propios testimonios llamaron "mascotas", dedicados a labores de inteligencia y logística hasta que tuvieran fuerza suficiente para el combate.
"Permanecen en el campamento haciendo labores de inteligencia, labores logísticas, ayudando a los quehaceres del campamento porque no tienen suficiente fuerza o capacidad física; no son puestos en tareas de combate", recoge la decisión judicial a partir de los testimonios reunidos por los investigadores de la Fiscalía General de la Nación.
Entrenados como "pisa suave"
El expediente detalla que muchos niños eran entrenados como "pisa suave", una suerte de escuadrón que se infiltraba de noche en campamentos enemigos, con el cuerpo pintado de negro o verde, para recuperar información o instalar artefactos explosivos. Otros eran destinados a la detección de minas o al transporte de municiones, tareas de alto riesgo que, según la sentencia, se acompañaban de ceremonias de inducción violentas y sanciones disciplinarias que podían incluir la ejecución extrajudicial.
La decisión precisa que las niñas que ingresaban como "mascotas" terminaban convertidas en combatientes y, en no pocos casos, en esclavas sexuales de los comandantes. Cuando quedaban en embarazo, de acuerdo con el fallo, los cabecillas ordenaban abortos forzados o directamente el asesinato de las víctimas.
"Del maltrato que sufrieron al ingresar a la organización, contaron cómo fueron sometidos a castigos, arduos entrenamientos físicos como entrenamiento militar, consejos de guerra y amenazas, lesiones y abusos sexuales; en el caso de las mujeres, las obligaron a planificar y les practicaron abortos", señala la sentencia del juzgado.
La defensa de los cabecillas sostuvo durante el proceso que los menores se habrían vinculado por voluntad propia, motivados por el "gusto por las armas" y por un supuesto "disgusto con el Gobierno central" derivado de cinco décadas de conflicto armado, y alegó que en muchas regiones la única autoridad son los grupos criminales. "La respuesta más generalizada de quienes, siendo menores de edad, formaron parte de las filas del ELN [.] algunos dijeron tener como prioridad el gusto por armas, por buscar mejores condiciones de vida", argumentaron los abogados del Coce, según recoge la sentencia.
El juzgado desestimó el argumento de ausencia de pruebas directas al confrontarlo con los propios protocolos internos del ELN, que fijaban la edad mínima de incorporación en 16 años pese a que la evidencia reveló una práctica distinta. "Ellos llevan un registro de todas las personas que ingresan al ELN. Tienen un sistema de información que se llama Sife y está bastante estructurado; se han encontrado, en diferentes casos, evidencia física como cartillas en cuanto al manejo de explosivos, salubridad, técnicas de combate, manejo de masas, charlas políticas", señalaron los investigadores de la Fiscalía citados en el fallo.
El reclutamiento de menores por los grupos armados es un patrón reiterado del conflicto colombiano: la Corte Constitucional lo abordó en su auto 251 de 2008 sobre desplazamiento forzado de la niñez, y la JEP mantiene abierto el macrocaso 07 por reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. La sentencia incorpora pronunciamientos del alto tribunal que describen cómo los menores eran usados como combatientes directos o en funciones de cocineros, cargueros, guardias, mensajeros, espías o "campaneros", además de como esclavos sexuales o trabajadores forzados. Estos antecedentes se suman a hechos recientes de violencia armada como el asesinato del precandidato Castellanos que mantiene militarizada a Cúcuta.
El fallo concluye que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes constituyó una política del grupo armado y no hechos esporádicos atribuibles a mandos aislados. "Que el ELN tiene una política dirigida a incrementar su pie de fuerza a través de la incorporación de NNA a sus filas guerrilleras, práctica reiterada que constituye una política que forma parte del ideario delictivo", sostiene la decisión, que impuso penas de 20 años de prisión a los máximos responsables del Coce.