Desde este sábado, los ciudadanos que cambiaron de domicilio o viven lejos de su puesto pueden actualizar su lugar de votación, y quienes aspiren a avalarse por firmas para alcaldías, gobernaciones o listas pueden iniciar la recolección. Son los primeros trámites de un calendario que la Registraduría considera tan relevante como desafiante, dado el volumen de candidaturas previsto para los comicios territoriales.
Penagos detalló los hitos siguientes: el 30 de junio de 2027 se abre la inscripción de candidatos, que se extiende hasta el 31 de julio; el 5 de agosto arranca la propaganda electoral en medios de comunicación; y dos meses antes del 31 de octubre de 2027 quedará cerrado el censo electoral definitivo. Ese censo se depura descontando a las personas fallecidas, a quienes han sido condenados por delitos que inhabilitan su participación política y a quienes ingresan o salen de las Fuerzas Militares.
En materia presupuestal, el registrador afirmó que los recursos arbitrados para el proceso electoral de 2027 son suficientes, salvo en dos escenarios que dependen de hechos aún no definidos. El primero es una eventual fecha de consultas de partidos y organizaciones políticas, que fijará el Consejo Nacional Electoral a comienzos de enero de 2027; si se convocan, la Registraduría deberá solicitar recursos adicionales al Ministerio de Hacienda. El segundo es una posible segunda vuelta en la alcaldía de Bogotá, que según Penagos se realizaría el 21 de noviembre de 2027 si el resultado de la primera vuelta la hace necesaria.
Sobre la pretensión del Pacto Histórico de elegir sus candidatos mediante varias consultas, Penagos fue categórico: la fecha no la determina un partido sino el Consejo Nacional Electoral, que convocará una jornada única en la que deberán participar todas las colectividades que decidan acudir a ese mecanismo. El registrador se desmarcó expresamente de cualquier responsabilidad en esa definición, en momentos en que el oficialismo ha planteado abiertamente su intención de ampliar los mecanismos de selección interna de candidatos.
El registrador también descartó de plano que Colombia pueda ampliar el horario de votación siguiendo el modelo de otros países de la región, como ha sugerido el Pacto Histórico citando el caso brasileño. Según explicó, la jornada electoral está fijada de ocho de la mañana a cuatro de la tarde por el Código Electoral y la Constitución, sin margen de modificación administrativa.
Desinformación sin precedentes, según Penagos
El núcleo de la advertencia es la desinformación. El registrador aseguró que los niveles registrados durante las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026 fueron los más altos de la historia reciente, con ataques dirigidos al sistema electoral, a la Registraduría y a sus funcionarios. Su pronóstico es que esa tendencia no solo se mantendrá de cara a los comicios territoriales de 2027, sino que se extenderá a municipios y ciudades a lo largo de todo el país.
Penagos vinculó explícitamente la desinformación con hechos de violencia ya documentados. Citó el caso de Gamarra, Cesar, donde hace tres años murieron quemadas tres mujeres en medio de un episodio alimentado por noticias falsas, y recordó que la Misión de Observación Electoral (MOE) contabilizó cerca de 90 incidentes entre maltratos, alteraciones del orden público, quema de material electoral y asonadas en puestos de votación.
“Quieren generar hostilidad en la sociedad, ruido y odio”, afirmó el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, al referirse a quienes propagan narrativas de fraude electoral sin pruebas.
El registrador rechazó de forma tajante las acusaciones de fraude o manipulación algorítmica de resultados, al recordar que el escrutinio en Colombia es manual y se realiza con base en las actas E-14 físicas, un proceso que en los comicios de 2026 estuvo a cargo de 9.300 jueces de la República. Insistió en que no existe ningún mecanismo de alteración digital de los resultados en el sistema electoral colombiano, dado que todo el proceso de conteo descansa en documentos físicos verificables.
Consultado sobre las amenazas que ha recibido a raíz de esa desinformación, Penagos reconoció su existencia, aunque evitó profundizar en los detalles y afirmó que continúa al frente de la organización electoral. El episodio se inscribe en un clima de tensión institucional que ha marcado buena parte del año político, en paralelo a otras controversias que han involucrado a funcionarios y entidades públicas, como las denuncias por presuntos pagos irregulares y presiones políticas que ha planteado el director del Sena sobre contratistas y un concejal.
El sistema electoral colombiano ha enfrentado episodios de tensión en comicios anteriores, como las denuncias de presunto fraude que rodearon las legislativas de 2018 por inconsistencias en los formularios E-14, controversia que en su momento examinaron el Consejo Nacional Electoral y la propia Registraduría sin que prosperaran acusaciones de alteración de resultados. El diagnóstico actual de Penagos sitúa la amenaza en un terreno distinto: la circulación masiva de noticias falsas.
Penagos insistió en que corresponde a la ciudadanía informarse adecuadamente y no dejarse instrumentalizar por noticias falsas, en momentos en que la Registraduría se prepara para gestionar unos comicios regionales que, según su propio diagnóstico, se celebrarán bajo una presión de desinformación sin precedentes en la historia reciente del país. El próximo hito verificable del calendario que arrancó este sábado será la definición, a comienzos de enero de 2027, de la fecha de consultas por parte del Consejo Nacional Electoral.