La figura de la Región Administrativa y de Planificación no es nueva en el ordenamiento territorial colombiano. Creada por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de 2011, la RAP permite a dos o más departamentos asociarse para formular y ejecutar planes de desarrollo conjuntos, sin que ello implique crear una nueva entidad territorial con autonomía fiscal propia. La RAP Pacífico se suma así a experiencias como la RAP Caribe o la RAP Central, que han buscado superar la fragmentación administrativa entre departamentos vecinos.
El litoral pacífico concentra algunos de los indicadores socioeconómicos más rezagados del país, con departamentos como Chocó históricamente en los últimos lugares de cobertura de servicios públicos, vías terciarias y acceso a salud, según mediciones del DANE sobre pobreza multidimensional por regiones. Esa brecha estructural ha sido, durante décadas, el argumento central de los gobiernos locales del Pacífico para reclamar mayor inversión del Presupuesto General de la Nación y esquemas de planificación diferenciados frente al centro del país.
El bloque de gobernadores busca presentar ante la Casa de Nariño un conjunto de apuestas sociales que incluirían proyectos de conectividad vial, acceso a agua potable y fortalecimiento de la institucionalidad local en zonas afectadas por el conflicto armado y la presencia de economías ilegales. La articulación responde a la necesidad de presentar una voz unificada ante el Gobierno nacional, en lugar de gestiones departamentales dispersas que compiten entre sí por los mismos recursos.
La RAP Pacífico fue concebida por los mandatarios departamentales como instrumento para canalizar recursos de regalías y cooperación internacional hacia proyectos de impacto regional. La región, con una población mayoritariamente afrodescendiente e indígena, ha sido además objeto de órdenes específicas de la Corte Constitucional en materia de protección de derechos étnico-territoriales, lo que añade un componente jurídico a cualquier agenda de desarrollo que se formule desde los departamentos que la integran.
Valle del Cauca y Nariño, al concentrar los principales puertos y corredores logísticos del litoral —Buenaventura y Tumaco, respectivamente—, tendrían un peso particular en la discusión sobre infraestructura y comercio exterior dentro del bloque. Buenaventura, el puerto más importante del país sobre el Pacífico, ha sido escenario recurrente de debates de control político en el Congreso por el rezago en sus condiciones sociales pese a su centralidad comercial, una tensión que la articulación regional busca capitalizar como argumento de negociación.
La consolidación de este bloque se produce cuando distintas regiones del país han intensificado la presión sobre el Gobierno nacional para la asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación, en medio de discusiones fiscales que han marcado la agenda legislativa reciente. Con la presentación formal del paquete, la Casa de Nariño tendría que definir una posición frente a una de las articulaciones interdepartamentales más amplias planteadas en el Pacífico colombiano en la última década.