El pacto suscrito el último día de 2024 entre la dirección de Correos y las organizaciones sindicales con representación en la empresa contemplaba un paquete de medidas laborales de calado: refuerzo de la plantilla, regulación de la semana de 35 horas para todos los empleados, conversión de los contratos a tiempo parcial en jornadas completas y el inicio de un plan de rejuvenecimiento de una plantilla notablemente envejecida. CSIF sostiene que ninguno de esos compromisos se ha materializado.
Un tercio menos de empleados en diez años
Según los datos aportados por CSIF, la plantilla de Correos ha pasado de 66.000 a 44.000 empleados en la última década, una caída superior a 22.000 puestos, equivalente a un tercio de la fuerza laboral. El sindicato atribuye esa reducción a la falta de contratación de refuerzos, un proceso de adelgazamiento estructural que, denuncia, no se ha corregido pese a los sucesivos anuncios de la empresa.
De los 44.000 empleados actuales, más de 4.000 tendrían jornada parcial, con salarios que, según la denuncia sindical, oscilan entre 700 y 800 euros mensuales. La empresa, indica CSIF, exige a estos mismos trabajadores horas complementarias más allá de su jornada contratada, lo que el sindicato interpreta como prueba de la necesidad de reconocerles la jornada completa. La regulación de las horas complementarias en los contratos a tiempo parcial está recogida en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, que las condiciona a pacto expreso y a límites de volumen.
Concursos de traslado paralizados y salidas voluntarias congeladas
El sindicato pone el foco en la última oferta pública de empleo de Correos, de 2023, que incluyó 7.757 plazas, más de 2.000 de ellas a tiempo parcial. Casi tres años después, según la denuncia, la mayoría de esos trabajadores continúa en la misma situación contractual, ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados que permitirían su movilidad. La precariedad, añade CSIF, se concentra especialmente en las oficinas, donde se acumularía el 70% de los contratos a tiempo parcial de toda la empresa.
Paralelamente, más de 9.500 empleados laborales llevarían más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias incentivadas anunciadas por la empresa como parte del plan de rejuvenecimiento. Según los datos sindicales, la edad media de la plantilla de Correos supera ya los 52 años, un dato que plantea a medio plazo un problema de relevo generacional en una empresa que combina reparto postal tradicional con la creciente logística de paquetería vinculada al comercio electrónico.
Financiación pública comprometida hasta 2030
El acuerdo de diciembre de 2024 vino acompañado de un compromiso de financiación estatal: 250 millones de euros por el Servicio Postal Universal (SPU) y 806 millones en concepto de Servicios de Interés Económico General (SIEG) hasta 2030. Estos fondos, en el marco regulatorio del sector derivado de la Ley 43/2010 del servicio postal universal, están destinados a compensar las obligaciones de servicio público que Correos asume como operador designado, incluida la cobertura postal en zonas rurales y de baja densidad de población donde la actividad no resulta rentable.
CSIF sostiene que esa financiación pública, sufragada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, debería traducirse en una mejora tangible de las condiciones laborales y salariales de la plantilla. El sindicato denuncia además que uno de cada diez trabajadores se encuentra en situación de incapacidad temporal, cifra que vincula a la sobrecarga de trabajo derivada de la falta de refuerzos, y critica que la empresa tampoco cubre de forma sistemática las bajas médicas con contrataciones sustitutas.
Reestructuraciones sucesivas de un operador histórico
Correos no es ajena a episodios de tensión laboral. La compañía, heredera del histórico servicio de Correos y Telégrafos y transformada en sociedad estatal en 2001, ha atravesado sucesivas reestructuraciones desde la liberalización parcial del sector postal europeo, impulsada por directivas comunitarias que abrieron a la competencia segmentos del mercado antes reservados en exclusiva al operador público. La caída del correo tradicional, sustituido por la comunicación digital, y el auge de la paquetería han obligado a la empresa a reconvertir buena parte de su modelo, un proceso que en otros países europeos, como Francia con La Poste o Reino Unido con Royal Mail, también ha generado huelgas y protestas de calado en la última década.
La versión de la empresa, pendiente
El material disponible recoge únicamente la posición de CSIF, sin respuesta pública de la dirección de Correos ni del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, del que depende la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, sobre el grado de cumplimiento del acuerdo de diciembre de 2024. La versión empresarial sobre el calendario de aplicación de las medidas pactadas permanece, de momento, sin conocerse públicamente, así como la postura de otras organizaciones sindicales con presencia en la empresa, como CCOO o UGT, cuya posición sobre esta convocatoria no consta.
Calendario de movilizaciones y próximos pasos
Las protestas convocadas por CSIF se desarrollarán en tres fechas: los jueves 3 y 17 de septiembre de 2026, con concentraciones ante las jefaturas provinciales de Correos repartidas por toda España, y el miércoles 30 de septiembre, con una gran movilización centralizada en Madrid que reunirá a trabajadores de distintas provincias. El sindicato plantea la convocatoria como una escalada progresiva del conflicto ante la falta de desarrollo del acuerdo.
En las próximas semanas será determinante observar si la empresa y el Ministerio ofrecen una respuesta formal antes de septiembre que aporte un calendario concreto de aplicación de las medidas pendientes, y si otras organizaciones sindicales se suman a la protesta. De ello dependerá que el conflicto se desactive o que las movilizaciones anunciadas para el arranque del curso laboral se consoliden.
