Quintana hizo la advertencia en El Debate de SEMANA, al analizar el patrón de cancelaciones de visa que ha afectado a exfuncionarios y congresistas señalados en escándalos de corrupción durante la administración Petro. Según el jurista, el caso de la UNGRD —que investiga presuntos sobornos para la adjudicación de contratos de atención a emergencias— habría sido determinante en varias de esas decisiones administrativas adoptadas por Washington.
"Así que seguramente, no es la primera vez, no será la segunda vez, y veremos de pronto gente involucrada en el tema de visas y por qué no en la Lista Clinton también", dijo Julián Quintana, exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
El exfuncionario judicial sostuvo que las medidas del gobierno estadounidense no son arbitrarias ni casuales, sino el resultado de un procedimiento interno de recopilación de evidencias que antecede a cualquier decisión de este tipo. Citó el caso del señor Roa como ejemplo de que la pérdida de la visa ha estado vinculada a procesos de corrupción ya documentados, y descartó que se trate de coincidencias.
"Sin duda alguna las consecuencias de esos procesos le dieron razones a los Estados Unidos para optar por este tipo de medidas. Es decir, no podemos decir que no hay ninguna conexidad. Hay un proceso interno, hay una recopilación de evidencias y adoptan decisiones desde el ámbito administrativo", explicó Quintana.
Quintana relacionó estas decisiones con el acuerdo conocido como el Escudo de las Américas, suscrito por el Gobierno colombiano, que según el abogado contempla entre sus componentes centrales un enfoque de prevención. A su juicio, ese marco explicaría por qué Washington ha intensificado el escrutinio sobre funcionarios colombianos de distintos niveles.
La Lista Clinton, formalmente la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por su sigla en inglés), es administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y bloquea el acceso de los incluidos al sistema financiero estadounidense, una sanción de mayor alcance que la revocación de visa. Históricamente ha afectado a figuras colombianas vinculadas al narcotráfico y, en menor medida, a la corrupción pública: a finales de los años noventa incluyó a dirigentes señalados de recibir dineros del Cartel de Cali durante el llamado proceso 8.000.
El caso UNGRD ha derivado en investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y ha salpicado a congresistas, exdirectivos de la entidad y contratistas, en un escándalo que ha marcado buena parte de la agenda política del país durante el último año. La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior tras 76 días se dio en medio de ese clima de recomposición en el gabinete, aunque no se ha establecido relación directa entre ambos episodios.
Quintana sostuvo que las cancelaciones responden a "una política de prevención" y recordó que uno de los ítems fundamentales del acuerdo del Escudo de las Américas, firmado por el Gobierno colombiano, es precisamente la prevención frente a actores señalados en procesos de corrupción.
