Un convenio de 1989 que ahora mira al textil
El Convenio de Basilea, adoptado en 1989 y en vigor desde 1992, es el principal instrumento jurídico internacional para controlar el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación. Desde 2019, tras una enmienda impulsada por Noruega, el convenio incorporó los residuos plásticos a su ámbito de control, un precedente directo que ahora invocan quienes defienden dar un tratamiento equivalente a los residuos textiles, dado el volumen creciente de prendas que los países del hemisferio norte envían bajo la etiqueta de "ropa usada" sin que conste su aptitud real para la reutilización.
El proceso de reforma exige el consenso o una mayoría cualificada de las Partes signatarias —que superan las 190 en la actualidad— para aprobar enmiendas vinculantes. Las discusiones previas a cada COP se desarrollan en grupos de trabajo técnicos donde participan delegaciones gubernamentales, observadores de la industria y organizaciones no gubernamentales, un formato que explica por qué el resultado final de Panamá dependerá del equilibrio de fuerzas que se construya en las reuniones preparatorias de los próximos meses.
El argumento ambiental: residuo disfrazado de prenda
Según la información, el bloque ambientalista sostiene que buena parte de lo que se exporta como ropa de segunda mano es, en realidad, residuo textil no apto para su reutilización, que termina acumulándose en vertederos informales o siendo incinerado en países receptores sin capacidad de gestión adecuada. Enclaves como el desierto de Atacama en Chile o el mercado de Kantamanto en Accra (Ghana) se han convertido en referencias recurrentes de este debate, aunque su magnitud exacta requiere estudios específicos que no siempre están actualizados o son comparables entre países.
Esa dimensión quedó ilustrada en febrero de 2026, cuando las autoridades italianas interceptaron más de 1.000 toneladas de residuos declarados como textiles con destino a África y Asia, según informó El País. Este tipo de episodios alimenta el argumento de quienes reclaman controles más estrictos, al evidenciar que parte del flujo etiquetado como "ropa usada" no cumple los estándares mínimos para su reventa o reutilización directa, sino que constituye desecho encubierto bajo una clasificación aduanera más laxa.
La réplica del sector: 7.000 millones y empleos en riesgo
Frente a esa postura, el sector de la reutilización y el reciclaje textil advierte de que un endurecimiento excesivo de las normas de exportación podría desmantelar cadenas de valor que generan empleo en origen y en destino. Según cifras en octubre de 2024, el comercio de ropa de segunda mano inyectó unos 7.000 millones de euros en el PIB europeo en 2023, un dato que ilustra el peso económico de una actividad que combina recogida, clasificación, exportación y venta al por menor en decenas de países.
Los defensores de un régimen más flexible insisten en que este comercio sostiene a comunidades enteras en países receptores. En mercados como el propio Kantamanto trabajan vendedores, sastres que reacondicionan prendas y transportistas cuyo sustento depende de la llegada de fardos de ropa importada. Un endurecimiento repentino de los controles, argumentan, golpearía a estas economías informales sin ofrecer alternativas inmediatas de ingreso, motivo por el que piden aplazar o flexibilizar la reforma.
La vía europea: recogida separada y trazabilidad
La Unión Europea ha avanzado en paralelo en su propia regulación: desde enero de 2025 los Estados miembros están obligados por la Directiva marco de residuos a implantar la recogida separada de textiles, una medida pensada para mejorar la trazabilidad del flujo antes de su exportación. Sin embargo, la normativa comunitaria no resuelve por sí sola qué ocurre con esas prendas una vez salen de las fronteras europeas, que es precisamente el nudo que se discutirá en Basilea.
Ese doble plano —regulación interna europea y control transfronterizo global— revela el vacío que intenta cerrar la COP18: la UE puede ordenar la recogida y separación en origen, pero carece de competencia para determinar cómo se gestiona la prenda una vez cruza el Mediterráneo o el Atlántico, terreno donde el Convenio de Basilea es el único marco con capacidad vinculante sobre más de 190 firmantes.
Un precedente conocido: el vertido electrónico
Este choque de intereses no es inédito en la diplomacia ambiental. Un antecedente comparable se dio con el debate sobre los residuos electrónicos dentro del propio Convenio de Basilea, donde durante años convivieron la preocupación por el vertido de aparatos obsoletos en países en desarrollo y la defensa de los mercados de reparación y reciclaje informal que sostienen ese comercio en grandes ciudades africanas y asiáticas. La experiencia mostró que las reformas regulatorias, cuando no se acompañan de inversión en infraestructura de gestión de residuos en destino, tienden a desplazar el problema más que a resolverlo.
Ni la Secretaría del Convenio de Basilea ni representantes formales de los bloques enfrentados habían fijado una posición definitiva de cara a la COP18 en el momento de esta información, según los datos disponibles. Se espera que en los próximos meses se sucedan reuniones preparatorias en las que ambas corrientes presenten propuestas concretas de redacción para las enmiendas, un proceso que previsiblemente irá acompañado de estudios de impacto económico y ambiental encargados por las distintas partes interesadas.
Dos escenarios y un calendario hasta Panamá
De aprobarse un endurecimiento de los criterios para distinguir "residuo" de "bien reutilizable", los exportadores de ropa usada —principalmente ubicados en Europa, Estados Unidos y algunos países asiáticos— tendrían que asumir procedimientos de verificación de calidad antes del envío, lo que encarecería y ralentizaría la cadena de suministro. Si, por el contrario, prevalece la postura de flexibilización, es probable que se mantenga el statu quo con ajustes menores centrados en el control aduanero, como el aplicado en el episodio italiano.
Hasta la cita de abril de 2027, la Unión Europea continuará aplicando su normativa de recogida separada de textiles, que podría convertirse en modelo de referencia si demuestra capacidad de mejorar la trazabilidad sin perjudicar al comercio de segunda mano. El desenlace dependerá tanto de los datos que aporten los estudios de impacto en curso como de la capacidad de los países del Sur Global para hacer oír su posición en un foro donde, históricamente, las potencias exportadoras de residuos han tenido mayor peso negociador.
