La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad vírica transmitida principalmente por la picadura de garrapatas del género Hyalomma, aunque también puede contagiarse por contacto directo con sangre o tejidos de animales infectados, generalmente ganado, o de personas enfermas en fase aguda. El virus, de la familia Nairoviridae, provoca en los casos graves fiebre alta, dolores musculares intensos y hemorragias internas y externas, con una tasa de letalidad que la Organización Mundial de la Salud sitúa entre el 10% y el 40% según el brote y el contexto sanitario.
El primer caso autóctono en España se detectó en 2013, en un paciente de Ávila que falleció tras ser tratado inicialmente sin sospecha de esta patología, entonces considerada exclusiva de regiones de África, Oriente Próximo, los Balcanes y Asia Central. Desde entonces, el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III han registrado casos esporádicos, concentrados en Castilla y León, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha, coincidiendo con las zonas donde la garrapata Hyalomma lusitanicum encuentra hábitat favorable en fauna silvestre y ganado extensivo.
Los cuatro contagios que se habrían producido en 2026, con un fallecimiento entre ellos, constituirían el registro anual más alto desde que la enfermedad es objeto de vigilancia epidemiológica obligatoria en España, por encima de los dos o tres casos que de media se venían notificando cada año en los boletines del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. El aumento no permite hablar todavía de un cambio de patrón estructural, pero sí obliga a extremar la vigilancia en la temporada de mayor actividad de las garrapatas, que se extiende entre abril y octubre.
De rareza epidemiológica a amenaza estable
Los especialistas en enfermedades infecciosas coinciden en que la fiebre de Crimea-Congo ha dejado de ser una rareza para convertirse en un riesgo estable, vinculado al cambio climático y a la expansión del rango geográfico de los vectores. El calentamiento progresivo de las temperaturas medias, documentado por la Agencia Estatal de Meteorología en sus informes anuales, favorece la supervivencia invernal de las garrapatas y amplía los meses de riesgo de picadura, un fenómeno también observado en el avance de otras enfermedades transmitidas por vectores como el dengue o la fiebre del Nilo Occidental.
El Instituto de Salud Carlos III mantiene una red de vigilancia entomológica que analiza la presencia del virus en garrapatas recogidas en distintas regiones, con el objetivo de anticipar zonas de riesgo antes de que se produzcan casos humanos. Los estudios de seroprevalencia en ganado ovino y bovino de las zonas afectadas muestran que una parte de los animales ha estado en contacto con el virus sin desarrollar síntomas visibles, lo que convierte al ganado extensivo en un reservorio silencioso que dificulta la erradicación del patógeno.
El tratamiento se basa fundamentalmente en medidas de soporte, ya que no existe una vacuna autorizada ni un antiviral específico validado por ensayos clínicos amplios, aunque la ribavirina se ha empleado en algunos casos con resultados variables. La rapidez en el diagnóstico resulta crucial, dado que los síntomas iniciales —fiebre, dolor de cabeza y malestar general— pueden confundirse con un cuadro gripal, retrasando el aislamiento del paciente y las medidas de protección para el personal sanitario que lo atiende.
El riesgo de contagio hospitalario ha sido objeto de protocolos específicos desde el caso de 2013 en Ávila, cuando una enfermera que atendió al paciente índice se contagió por contacto con fluidos, en el primer caso de transmisión secundaria documentado en Europa fuera de los Balcanes. Aquel episodio obligó al sistema sanitario español a diseñar protocolos de aislamiento y manejo de muestras biológicas que hoy se aplican de forma preventiva ante cualquier sospecha, incluyendo equipos de protección individual de alto nivel y circuitos diferenciados para el traslado de pacientes.
Sanidad y las consejerías autonómicas de las regiones más afectadas insisten cada verano en recomendaciones dirigidas a población rural, cazadores, ganaderos y senderistas: uso de repelentes con DEET o icaridina, revisión corporal minuciosa tras actividades en monte bajo o pastizal, y retirada inmediata de garrapatas con pinzas, evitando aplastarlas o quemarlas, técnica que puede favorecer la liberación de fluidos infectados. La Consejería de Sanidad de Castilla y León, comunidad que concentra buena parte de los casos históricos, mantiene campañas informativas en los meses de mayor riesgo.
La comparación con el conjunto europeo ayuda a dimensionar el fenómeno. Países como Bulgaria, Turquía o Kosovo registran de forma habitual decenas de casos anuales, con brotes que en ocasiones superan el centenar de contagios en Turquía, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. España se mantiene en cifras muy inferiores, pero la tendencia al alza de los últimos ejercicios sitúa al país en una posición de vigilancia reforzada dentro del mapa epidemiológico continental.
El marco normativo que regula la respuesta ante estos episodios se apoya en la Ley General de Salud Pública de 2011 y en los protocolos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que obligan a notificar con urgencia cualquier caso sospechoso a las autoridades sanitarias autonómicas y, de estas, al Ministerio de Sanidad. Este mecanismo de alerta temprana ha permitido hasta ahora contener los brotes sin cadenas de transmisión comunitaria de mayor alcance, más allá del contagio hospitalario aislado de 2013.
De cara a los próximos meses, con el verano en curso y la actividad de las garrapatas en su punto álgido, los servicios de vigilancia epidemiológica mantendrán la monitorización activa en las comunidades con mayor incidencia histórica. El Instituto de Salud Carlos III tiene previsto, como en años anteriores, publicar un informe de balance al término de la temporada, que permitirá confirmar de manera oficial si el número de casos de 2026 constituye efectivamente un máximo histórico o si la cifra se ajusta tras la validación definitiva de los diagnósticos, un proceso que en enfermedades de declaración obligatoria puede prolongarse varias semanas tras el cierre del año epidemiológico.
