La desvinculación anunciada por Navarro no alcanzó a docentes ni a administrativos permanentes, según precisó el propio rector, sino exclusivamente a personal contratado bajo la modalidad eventual, repartido en distintas dependencias universitarias. El rector adelantó que otros contratos permanecen bajo evaluación y que no descarta nuevas salidas: "Todavía hay otros eventuales que uno evalúa", manifestó.
La planilla de la Unachi, compuesta por 2,000 funcionarios entre docentes y administrativos, atravesó en los últimos años una transformación que modificó su estructura laboral. De los 1,000 funcionarios administrativos de la universidad, 600 eran permanentes y 400 eventuales; hoy nueve de cada diez cuentan con estabilidad laboral, luego de que cerca de 300 obtuvieran la permanencia entre 2025 y 2026. La proporción de administrativos permanentes pasó así del 60% al 90%.
La reforma de 2022 y la reelección
Ese cambio tiene origen en la Ley 292 del 1 de abril de 2022, aprobada por una Asamblea Nacional entonces dominada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD). La norma modificó la ley orgánica de la Unachi con un doble efecto: habilitó la reelección de la entonces rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, y estableció que los funcionarios administrativos con dos o más años de servicio continuo adquirieran la permanencia laboral.
Los antecedentes se remontan a 2016, tres años después de que Medianero de Bonagas asumiera la rectoría. Ese año, la Ley 6 modificó el artículo 90 de la Ley 4 de 2006, que regula la estabilidad y reclasificación de los profesores de la Unachi, y flexibilizó los requisitos para que docentes e investigadores especiales obtuvieran la permanencia con solo acreditar cinco años o más de docencia. Un año después de esa reforma, en 2017, la rectora logró su primera reelección.
El impacto salarial de esos cambios resulta visible en la planilla actual: profesores que hace una década devengaban entre $1,000 y $1,500 mensuales pasaron a recibir ingresos de entre $5,000 y $7,000. A diferencia de la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, donde el nombramiento de docentes permanentes depende de concursos y convocatorias que pueden tardar años, en la Unachi, según los críticos de la medida, el mecanismo legal eliminó en la práctica la necesidad de competir por la plaza.
El recorte presupuestario de 2025
Navarro atribuye el origen del problema financiero al recorte aplicado el año pasado, cuando la Unachi pasó de $106 millones en 2024 a $72 millones en 2025, una reducción que, sostiene, golpeó principalmente los recursos destinados al pago de salarios de profesores y administrativos permanentes. A ese faltante, que ronda los $30 millones —cerca de un tercio de lo que necesita la institución para operar—, se suma la deuda de $20 millones con la Caja de Seguro Social.
Para cubrir las cinco quincenas que restan de este año, la universidad solicitó un traslado de partida interinstitucional por aproximadamente $16 millones, una petición que debe recibir respuesta del Ejecutivo antes de pasar a la Asamblea Nacional.
"Tenemos que hacer ajustes en la planilla, pero hay funcionarios que están protegidos por leyes de carrera y no pueden ser desvinculados arbitrariamente", Absel Navarro, rector de la Unachi.
El propio rector reconoció los límites de cualquier ajuste adicional: los docentes y administrativos con permanencia están amparados por normas que impiden su desvinculación arbitraria, y esas mismas disposiciones obligan a reconocer incrementos salariales bienales tanto a administrativos como a profesores. "Son leyes que ya tienen muchos años de vigencia y que todos ellos están amparados por esas leyes", sostuvo. Los docentes contratados por banco de datos, en cambio, quedan sujetos a la disponibilidad de grupos y a la oferta académica de cada semestre.
La reacción del rector responde a los señalamientos del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre las altas remuneraciones de la institución. El episodio se produce en un momento de tensión por el financiamiento de la cultura y la educación pública en Chiriquí, tras la convocatoria del Fondo Cine 2025, que reparte hasta $500,000 por película entre proyectos panameños. "Quedan aproximadamente 16 millones de dólares para cubrir ese déficit del 2026", resumió Navarro sobre el monto que aún necesita la universidad para cerrar el año.