El presidente José Raúl Mulino devolvió la iniciativa a la Asamblea Nacional con un veto que mezcla dos categorías jurídicas distintas. El veto por inexequibilidad cuestiona que un artículo contradiga de forma directa la Constitución Política; el veto por inconveniencia es una objeción política, técnica o económica que no discute la legalidad del texto, sino su utilidad práctica para el país. Bajo esa segunda calificación, el Ejecutivo objetó la mayoría de los 10 artículos señalados.
El artículo 15, que establece un régimen de experimentación regulatoria conocido como sandbox para flexibilizar temporalmente normas administrativas, técnicas o procedimentales, fue señalado como inexequible e inconveniente a la vez. El veto sostiene que ese artículo no delimita con precisión qué normas pueden flexibilizarse ni garantiza que la facultad se restrinja a disposiciones sobre las cuales la autoridad tenga habilitación legal para fijar un régimen diferenciado, lo que abriría la puerta a que un mecanismo administrativo permita la inaplicación temporal de obligaciones fijadas por ley.
El artículo 2, que define el ámbito de aplicación del proyecto, también fue objetado por inconveniencia. El Ejecutivo advierte que no delimita con suficiente precisión su alcance territorial, lo que generaría incertidumbre sobre la legislación aplicable y su articulación con las reglas de territorialidad vigentes para documentos y firmas electrónicas y comercio electrónico. El veto apunta además a un vacío respecto de sistemas operados desde el extranjero con efectos en Panamá, en particular cuando utilicen obras protegidas por derechos de autor o derechos conexos.
Los artículos 6 y 7, que atribuyen facultades a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), recibieron un reparo distinto. El Ejecutivo alega en el veto que ambos artículos "atribuyen facultades a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) que podrían incidir en materias sometidas a competencias y procedimientos establecidos en leyes especiales, particularmente en materia de normalización técnica, evaluación de la conformidad y certificación".
El diputado Jorge Bloise, proponente del proyecto 588, estructuró su respuesta en tres líneas: acoger lo que mejora el texto, defender lo que el proyecto ya resuelve y apostar por el diálogo con las instituciones consultadas. Coincidió con el Ejecutivo en que las instituciones necesitan tiempo para prepararse y propuso un período de adecuación de un año antes de que las obligaciones sean exigibles, además de precisar que, cuando una entidad sectorial regule una actividad, sea esa autoridad la que intervenga en la autorización de una prueba.
"El objetivo es que Panamá tenga reglas claras para la inteligencia artificial sin frenar la innovación", afirmó el diputado Jorge Bloise, proponente del proyecto de ley 588.
Sobre el fondo del veto, Bloise defendió que el proyecto ya limita la flexibilización a normas administrativas, técnicas o procedimentales, exige identificar cada norma que se someterá a prueba y establece que esta sea temporal, reversible y supervisada, además de prohibir el desplazamiento de la protección jurídica existente, incluida la de datos personales. "La ley fija los límites", insistió. Respecto al reparo territorial, sostuvo que los artículos 77 y 78 de la Ley 51 de 2008 ya regulan ese ámbito para todo tipo de comercio, aplicación o negocio, no solo para la IA, aunque admitió que se trabaja en una modificación para hacer la territorialidad más explícita.
El secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega Barría, defendió la pertinencia de las facultades otorgadas a la Senacyt frente al veto a los artículos 6 y 7. Explicó que los espacios de experimentación regulatoria se caracterizan por ser temporales, controlados y supervisados, por lo que no constituyen leyes aplicables y no pueden invadir ni contradecir otras normas generales o especiales. Antes había resumido el sentido del proyecto como "un paso importante para que el país cuente con un marco normativo moderno y flexible".
El proyecto 588 se suma a una agenda legislativa cargada en la Asamblea Nacional, donde en paralelo sigue en discusión el segundo debate de las reformas electorales sin que el pleno lo haya retomado. Bloise indicó que trabaja con la Senacyt, la Autoridad Nacional de Transparencia y Anticorrupción, el Ministerio de Comercio e Industrias y las demás entidades consultadas para que la ley de inteligencia artificial salga con consenso antes de su reenvío al pleno.