El Tribunal Supremo afronta esta semana las dos sesiones que sus propios protagonistas consideran decisivas para el devenir del caso Koldo. El lunes declararán siete agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron la presunta trama de adjudicación irregular de contratos de mascarillas durante la pandemia. El miércoles lo harán los tres acusados principales: Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García. La secuencia concentra en cuatro días la mayor carga probatoria y política del proceso desde que el Supremo asumió su instrucción.
Siete agentes de la UCO presentan la arquitectura probatoria
La UCO es la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en investigación de delitos complejos, con particular dedicación a la corrupción económica. Sus informes tienen valor pericial reconocido en el proceso penal español —al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia consolidada del propio Supremo— y sus agentes comparecen ante los tribunales para ratificar y explicar las conclusiones de sus pesquisas. Las siete comparecencias del lunes constituyen, en la práctica, la exposición ordenada del soporte fáctico sobre el que la acusación ha construido su escrito: contratos, flujos económicos y comunicaciones obtenidas durante la instrucción.
El orden de las declaraciones no es accidental. En los grandes procesos penales, la secuencia en que se presentan las pruebas condiciona el relato que llega tanto a la opinión pública como al tribunal que ha de valorar su peso. Al situar a los agentes de la UCO antes que a los acusados, el Supremo escuchará primero la versión técnica y documental de la investigación y, solo después, las explicaciones de quienes ocupan el banquillo. La acusación consolida así su base antes de que las defensas tomen la palabra.
La defensa de Aldama anuncia una declaración que desborda el proceso
El miércoles, el foco se desplaza hacia los tres acusados principales. En el sistema procesal español —artículo 24.2 de la Constitución y artículos 688 y siguientes de la LECrim— los acusados tienen derecho a declarar o a guardar silencio y pueden optar por responder únicamente a las preguntas de su propia defensa. La relevancia de la jornada radica en el anuncio que la defensa de Aldama ha realizado antes de que su cliente se siente ante el tribunal: Aldama tiene intención de señalar, según ha defendido su representación legal, a personas que hasta ahora no han sido objeto de procesamiento judicial, tanto del Gobierno como del PSOE.
Esta táctica, que en el argot forense se denomina defensa expansiva o defensa por implicación, busca cuestionar la selectividad de la instrucción y trasladar al tribunal la idea de que la responsabilidad alcanza a un perímetro más amplio del que recoge el escrito de acusación. La defensa de Aldama ha calificado de antemano su declaración como demoledora, expresión que anticipa una estrategia orientada a ampliar el número de personas señaladas. Las posiciones de las defensas de Ábalos y Koldo García no han trascendido con igual detalle en el momento de publicarse esta información.
Un precedente: las declaraciones que reescribieron causas anteriores
No es la primera vez que una declaración en sede judicial proyecta consecuencias más allá del proceso penal estricto. En España, grandes causas de corrupción juzgadas en las últimas décadas —desde los procesos relacionados con la financiación irregular de partidos políticos hasta los que afectaron a distintas administraciones autonómicas— tuvieron como puntos de inflexión las sesiones en que acusados o testigos nombraron a personas ajenas al procedimiento. Esas menciones, sin efecto jurídico inmediato para los nombrados, condicionaron en ocasiones la agenda política y derivaron en la apertura de nuevas diligencias de investigación ante órganos judiciales distintos.
Marco normativo y posición de las partes
El caso Koldo se sustancia ante el Tribunal Supremo por razón del aforamiento de Ábalos como exministro, en aplicación del artículo 57.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El núcleo de la acusación gira en torno a la presunta adjudicación irregular de contratos públicos de mascarillas durante la emergencia sanitaria de 2020, en la que la UCO habría documentado el papel de una trama intermediaria. La acusación sustenta su caso en la documentación y los análisis aportados por esa unidad, cuya declaración del lunes tiene por objeto consolidar esa base ante el tribunal antes de que los acusados ofrezcan su versión.
Frente a esa estrategia acusatoria, la defensa de Aldama ha anunciado un relato que apunta a extender las responsabilidades más allá de los ya procesados. Aldama, según ha sostenido su representación, implicará en su declaración a cargos que no han sido procesados. Las defensas de Ábalos y de Koldo García comparecerán en la misma jornada del miércoles, lo que convierte esa sesión en la de mayor densidad informativa del proceso hasta la fecha, aunque sus estrategias de defensa no han sido anticipadas públicamente con el mismo nivel de detalle.
Plazos y consecuencias jurídicas y políticas
Si las declaraciones del miércoles contienen imputaciones nominales de personas ajenas al proceso, la presidencia del tribunal deberá valorar su pertinencia procesal en el momento de producirse. En función de esa valoración, las acusaciones o el propio Supremo podrían recibir solicitudes para ampliar la investigación o para remitir las actuaciones al órgano judicial competente, según el estatus procesal de las personas eventualmente mencionadas. Los plazos para esas decisiones quedan sujetos a la agenda del propio tribunal una vez concluida la fase de juicio oral.
En el plano político, cualquier mención nominal a cargos en activo del Gobierno o de la dirección del PSOE alimentará un debate que ya atraviesa la presente legislatura. El caso Koldo lleva meses operando como uno de los principales vectores de presión sobre el Ejecutivo. La semana que comienza puede redefinir —o, por el contrario, confirmar— el mapa de responsabilidades que hasta ahora ha trazado la instrucción y que el Supremo deberá valorar en su sentencia.
