La jornada comenzó a las 09:30 con la tensión contenida que se ha convertido en marca de este proceso. Los siete magistrados de la Sala Segunda, presididos por Manuel Marchena, ocuparon sus asientos con la puntualidad quirúrgica que ha caracterizado las ocho sesiones hasta ahora, mientras el público —limitado a 40 asientos y rotando entre periodistas, familiares y observadores jurídicos— se acomodaba en la sala de vistas del Tribunal Supremo, un espacio cuya solemnidad decimonónica contrasta con la crudeza de los hechos que se ventilan entre sus paredes. Pardo de Vera, que había sido citado como testigo de la acusación popular ejercida por Vox, compareció vestido con traje oscuro y corbata gris, visiblemente nervioso pero con una determinación en la voz que fue creciendo a medida que avanzaba su declaración. El presidente Marchena le recordó su obligación de decir verdad bajo juramento, le informó de su derecho a no declarar contra sus familiares y le advirtió de las consecuencias penales del falso testimonio, un protocolo rutinario que en el contexto del caso Koldo adquiere una gravedad especial porque varios testigos anteriores han sido acusados formalmente por la Fiscalía de ofrecer declaraciones contradictorias con la documentación obrante en el expediente.
El núcleo del testimonio de Pardo de Vera giró en torno a un periodo de 18 meses —de septiembre de 2019 a marzo de 2021— durante el cual, según su declaración, Aldama se convirtió en una presencia habitual en la planta noble del Ministerio de Transportes. El exdirector de gabinete describió un patrón de visitas que comenzó siendo esporádico —'una o dos veces al mes, siempre acompañado de Koldo García'— y fue escalando en frecuencia e informalidad hasta alcanzar la cadencia de 'al menos dos veces por semana, muchas veces sin Koldo, entrando directamente por la puerta lateral que solo usan los cargos de confianza'. Pardo de Vera relató que en al menos seis ocasiones presenció a Aldama entrando en la sala de reuniones pequeña contigua al despacho del ministro, un espacio que habitualmente se reserva para reuniones de gabinete o encuentros con altos cargos de la Administración. 'Me llamó la atención porque esa sala no se usa para visitas informales, tiene una mesa para ocho personas y un sistema de teleconferencia instalado', declaró. La acusación popular le preguntó si comunicó sus observaciones a alguien, y Pardo de Vera respondió que 'comenté mi incomodidad con otros directores generales, pero la respuesta siempre era la misma: es un amigo de Koldo, no te metas'.
La declaración adquirió su punto de máxima tensión cuando el fiscal jefe Alejandro Luzón interrogó a Pardo de Vera sobre el registro de visitas del ministerio. El testigo explicó que el protocolo de seguridad del edificio exige que toda persona ajena a la plantilla firme un registro de entrada y salida en la recepción principal, incluyendo nombre, DNI, hora y persona a la que visita. Sin embargo, Pardo de Vera afirmó que Aldama 'entraba sin firmar ese registro', un privilegio que, según su experiencia de 14 años en la Administración, 'solo se concedía a personas que tenían una autorización permanente emitida por el gabinete del ministro o por la Secretaría de Estado'. El fiscal le preguntó si había visto esa autorización, y Pardo de Vera respondió que 'no directamente, pero el personal de seguridad de la puerta me confirmó en una conversión informal que la autorización existía y que procedía del entorno directo del ministro'. La defensa de Ábalos objetó inmediatamente que el testimonio era de oídas y pidió que fuera excluido, pero Marchena desestimó la objeción argumentando que 'el tribunal valorará el conjunto de las pruebas en su contexto, incluyendo las declaraciones indirectas cuando sirvan para contextualizar hechos directamente observados por el testigo'.
La contraofensiva de la defensa de Ábalos, ejercida por el penalista Gonzalo Martínez-Fresneda, se centró en dos líneas de ataque contra la credibilidad de Pardo de Vera. La primera fue la existencia de un expediente disciplinario abierto contra el testigo en 2022 por presuntas irregularidades en la contratación de asesores durante su etapa como director de gabinete, un expediente que Pardo de Vera nunca ha ocultado pero que la defensa presentó como evidencia de 'una motivación espuria para declarar contra su exsuperior'. Marchena cortó esta línea de interrogatorio a los cinco minutos al considerar que 'la existencia de un expediente administrativo no guarda relación con el objeto del presente proceso y no puede utilizarse como instrumento genérico de descrédito'. La segunda línea de ataque fue más sutil: Martínez-Fresneda le preguntó a Pardo de Vera por qué no denunció en su momento las visitas de Aldama si le parecían irregulares, a lo que el testigo respondió con una frase que provocó un murmullo en la sala: 'Porque en aquel ministerio, señoría, cuestionar lo que hacía Koldo equivalía a cuestionar al ministro, y cuestionar al ministro equivalía a perder tu puesto. Yo tenía una hipoteca y dos hijos, no soy un héroe'.
La declaración de Ábalos, que ocupó la hora final de la sesión matutina, fue un ejercicio de contención retórica que los analistas jurídicos han descrito como 'la cuerda floja entre la negación imposible y la admisión calculada'. El exministro, que lleva una semana sentado en el banquillo de los acusados junto a Koldo García y Aldama, reconoció que 'es posible que Aldama visitara el ministerio más de lo que yo consideraba habitual' pero insistió en que 'en un ministerio con 4.800 empleados y decenas de visitas diarias, el ministro no controla personalmente quién entra y quién sale'. Cuando el fiscal le confrontó con la afirmación de Pardo de Vera sobre la autorización permanente de acceso, Ábalos respondió que 'no tengo constancia de haber firmado ninguna autorización de ese tipo, pero es posible que Koldo la gestionara dentro de sus atribuciones como asesor'. La frase 'es posible que Koldo la gestionara' ha sido interpretada por los observadores jurídicos como una derivación de responsabilidad que podría complicar la posición procesal de Koldo García, cuya defensa se basa precisamente en que actuaba siempre bajo las instrucciones y el conocimiento de Ábalos.
El contexto procesal de la octava jornada es relevante para entender la escalada probatoria que se está produciendo. El juicio, que comenzó el 7 de abril y está previsto que se extienda hasta el 30, ha programado 70 testigos en un calendario que las fuentes judiciales describen como 'el más ambicioso de la historia reciente del Supremo'. Hasta ahora han declarado 32, y la Fiscalía ha concentrado en las jornadas 6, 7 y 8 a los testigos que sitúan a Aldama dentro de las instituciones del Estado: primero los funcionarios del Ministerio de Sanidad que gestionaron las compras de mascarillas, luego los directivos de Puertos del Estado que adjudicaron contratos a empresas vinculadas a la trama, y ahora los cargos del Ministerio de Transportes que observaron la presencia física de Aldama en las dependencias ministeriales. La estrategia de la acusación es clara: construir un relato secuencial que demuestre que Aldama no era un visitante ocasional sino un actor integrado en la estructura de poder ministerial, con acceso permanente, trato privilegiado y capacidad de influencia sobre decisiones administrativas que generaron contratos por valor de más de 50 millones de euros.
Las defensas de los tres acusados han anunciado al término de la sesión que solicitarán al tribunal la citación de dos testigos adicionales no incluidos en la lista original: un exjefe de seguridad del Ministerio de Transportes que supuestamente puede acreditar que los registros de visitas se gestionaban de forma descentralizada y que las autorizaciones de acceso permanente eran 'más comunes de lo que se ha sugerido en sala', y un exsecretario de Estado de Infraestructuras que habría mantenido reuniones con Aldama en el marco de proyectos de inversión pública legítimos. El tribunal deliberará sobre la admisión de estos testigos el lunes antes de la apertura de la novena jornada. La Fiscalía, que solicita penas de hasta 50 años de prisión acumulados para los tres acusados, se ha opuesto a la admisión argumentando que 'las defensas tuvieron cuatro meses para proponer su lista de testigos y no pueden utilizar el desarrollo del juicio oral para introducir declaraciones que debieron solicitar en fase de proposición de prueba'.
La repercusión mediática de la jornada ha sido inmediata y ha alimentado un debate sobre el alcance de la responsabilidad política que trasciende los muros del Supremo. En el Congreso, el portavoz del PP, Miguel Tellado, ha comparecido a las 14:30 para exigir la comparecencia urgente de Pedro Sánchez ante el pleno para 'explicar cómo es posible que un empresario investigado por corrupción tuviera acceso libre a un ministerio del Gobierno durante año y medio'. Sumar ha emitido un comunicado pidiendo 'respeto a la separación de poderes y prudencia antes de que el tribunal dicte sentencia'. El PSOE, por su parte, ha optado por una línea defensiva que separa a Ábalos del partido: 'José Luis Ábalos fue cesado precisamente cuando surgieron las primeras informaciones sobre sus relaciones con Koldo García, y desde entonces el partido ha cooperado plenamente con la justicia'. La novena jornada, prevista para el lunes 21, incluye la declaración de cuatro testigos del ámbito empresarial que presuntamente fueron intermediarios en los contratos de mascarillas, y la de un inspector de Hacienda que ha analizado los movimientos financieros de las cuentas de Aldama en Andorra.
