La primera fase del interrogatorio fiscal se centró en los contratos de mascarillas que constituyen el núcleo de la acusación y que, según la Fiscalía, generaron un perjuicio para las arcas públicas de 53,7 millones de euros distribuidos en 14 contratos adjudicados a empresas vinculadas a Víctor de Aldama entre marzo y noviembre de 2020, en plena emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Koldo negó haber participado en la selección de proveedores, en la negociación de precios o en la tramitación administrativa de los contratos. Su versión fue la de un asesor político cuyas funciones se limitaban a «facilitar la comunicación entre el ministro y los distintos departamentos del Ministerio» y que «jamás tuvo capacidad decisoria sobre contrataciones públicas ni acceso a los procedimientos de adjudicación». El fiscal Luzón desplegó entonces una secuencia de correos electrónicos internos del Ministerio de Transportes en los que el nombre de Koldo aparecía en copia, en destinatario directo o en la línea de asunto, y que revelaban un grado de implicación en los procesos de contratación que contradecía frontalmente su declaración. En uno de esos correos, fechado el 14 de abril de 2020, un alto cargo de la Secretaría General Técnica escribía a Koldo: «Te adjunto el borrador del pliego para que lo revises antes de subirlo al portal. Necesito tu visto bueno antes de las 14:00.» Koldo respondió que ese correo se refería a «un pliego de un contrato menor de suministro de material de oficina, no a mascarillas» y que su «visto bueno» era un trámite informal que no implicaba capacidad decisoria. Luzón no insistió en ese punto concreto — una técnica que los juristas denominan «cosecha diferida», consistente en plantar semillas probatorias que se recogerán en los alegatos finales — pero la impresión que dejó en la sala fue la de que Koldo estaba mucho más involucrado en los procesos de contratación de lo que su declaración inicial pretendía establecer. Dos peritos caligráficos de la UCO habían analizado las anotaciones manuscritas que aparecían en los márgenes de tres de esos correos impresos y encontrados en el despacho de Koldo en el Ministerio, y sus conclusiones, que la Fiscalía reservaba para más adelante en el interrogatorio, confirmarían que las anotaciones — que incluían cifras, fechas y nombres de empresas — correspondían a la letra de Koldo con un nivel de certeza del 94,7%.
La segunda fase del interrogatorio abordó la relación entre Koldo y Víctor de Aldama, y fue en este punto donde las contradicciones entre las declaraciones de ambos se hicieron más evidentes y más dañinas para la coherencia interna de sus respectivas estrategias defensivas. Aldama había declarado el día anterior que mantenía con Koldo una relación de «socio operativo» en la que el asesor del ministro actuaba como «puerta de entrada al Ministerio» y recibía a cambio una retribución mensual de 10.000 euros en metálico que Aldama le entregaba personalmente en reuniones quincenales en el restaurante El Club Allard de Madrid y, a partir de su cierre, en el Hotel Wellington. Koldo negó categóricamente esta versión: «Yo no he recibido jamás un solo euro de Víctor de Aldama. Ni diez mil euros ni diez céntimos. Nuestra relación era estrictamente profesional dentro del ámbito de la gestión del Ministerio. El señor Aldama era un empresario que tenía contratos con la Administración, como cientos de empresarios, y mi contacto con él se limitaba a las reuniones institucionales en las que participaban otros muchos interlocutores.» Luzón presentó entonces las conclusiones del informe bancario elaborado por la UCO a partir del análisis de 47 cuentas corrientes vinculadas a Koldo, a sus familiares directos y a tres sociedades mercantiles en las que figuraba como administrador o apoderado. El informe detectaba ingresos en efectivo por valor de 287.400 euros entre enero de 2020 y diciembre de 2022 que no correspondían a ninguna nómina, factura, herencia, donación declarada ni premio de lotería, y cuya procedencia Koldo no había podido justificar en la fase de instrucción. El fiscal preguntó directamente: «Señor Koldo, si usted no recibía dinero de Aldama, ¿de dónde proceden estos 287.400 euros en efectivo que aparecen en sus cuentas?» Y fue en la respuesta a esta pregunta donde se produjo el momento que define la jornada judicial y que ha protagonizado todas las portadas de la prensa nocturna del país.
Koldo guardó silencio durante once segundos — los cronistas judiciales, acostumbrados a medir los silencios del Supremo como si fueran versos de un poema procesal, los contaron con la precisión de un metrónomo — y luego pronunció las palabras que han alterado la cartografía completa del caso: «Es verdad que el PSOE me estuvo entregando dinero en efectivo durante tres años. Eran cantidades variables, entre tres mil y seis mil euros al mes, que me entregaban en sobre en la sede de Ferraz o en reuniones con responsables del partido. Era la forma habitual de retribuir a los asesores de confianza que no tenían contrato formal con el partido pero que prestaban servicios políticos esenciales. Yo no era el único que recibía esos pagos. Es una práctica que todos los partidos utilizan y que todo el mundo en la política española conoce.» La declaración provocó una reacción en cadena que comenzó en la sala — el abogado de Koldo se llevó las manos a la cara en un gesto que los presentes interpretan como desesperación profesional, el fiscal Luzón detuvo su bolígrafo en el aire durante tres segundos antes de anotar algo con una caligrafía que un cronista de primera fila describe como «temblorosa de excitación contenida» — y se extendió en cuestión de minutos a los despachos políticos de toda España.
La declaración de Ábalos comenzó a las cuatro de la tarde, tras un receso de hora y media que el tribunal concedió para que las partes procesaran las implicaciones de la admisión de Koldo sobre los pagos del PSOE. Ábalos se enfrentaba a la petición más grave de la causa — 24 años de cárcel por cohecho continuado, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias agravado y pertenencia a organización criminal — y su estrategia defensiva estaba diseñada para establecer una distancia insalvable entre sus funciones como ministro de Transportes y las actividades delictivas de Koldo y Aldama. El exministro comenzó su declaración con un monólogo de cuarenta minutos en el que repasó su trayectoria política desde su ingreso en las Juventudes Socialistas de Valencia en 1983 hasta su destitución como ministro en julio de 2021, un recorrido que presentó como la historia de un servidor público entregado que había sido traicionado por subordinados desleales y empresarios corruptos que actuaron a sus espaldas. Ábalos habló de las complejidades de la gestión ministerial durante la pandemia, de las presiones de los proveedores internacionales, de la competencia feroz entre países por conseguir material sanitario, de las llamadas nocturnas con homólogos europeos para coordinar vuelos de carga desde China, y de lo que describió como «la soledad del ministro que debe tomar decisiones que afectan a millones de personas con información incompleta y en plazos imposibles». La narrativa era hábil — convertía a Ábalos en víctima de las circunstancias y de la deslealtad de quienes le rodeaban — pero el fiscal Luzón la desmontó con una pregunta que contenía una carga de profundidad calculada al milímetro: «Señor Ábalos, si usted no sabía nada de los negocios de Aldama ni de los pagos a Koldo, ¿puede explicar por qué Aldama le señala a usted como beneficiario directo de comisiones y por qué Koldo, que acaba de admitir que recibía pagos irregulares, le defiende con una lealtad que la Fiscalía considera incompatible con la inocencia que usted proclama?»
La pregunta de Luzón expuso la paradoja central del caso Koldo que ninguna de las partes ha podido resolver satisfactoriamente: si Ábalos es inocente, ¿por qué Koldo le defiende después de admitir pagos irregulares que podrían incriminarle? Y si Ábalos es culpable, ¿por qué Aldama, que le acusa directamente, señala también a Sánchez como «el uno», diluyendo la responsabilidad de Ábalos en una cadena de mando más amplia? La respuesta de Ábalos fue una mezcla de indignación, autocompasión y cálculo jurídico: «Koldo me defiende porque sabe que soy inocente. Aldama me acusa porque necesita culpables más grandes que él para negociar una reducción de pena. Y Sánchez — con el debido respeto, señoría — no tiene absolutamente nada que ver con esto, y la mención de su nombre por parte de un delincuente confeso es un acto de irresponsabilidad que debería tener consecuencias procesales.» Luzón respondió con la frialdad que le caracteriza: «Las consecuencias procesales las determinará el tribunal, señor Ábalos. Mi pregunta era sobre usted, no sobre el presidente del Gobierno.» El intercambio duró quince minutos y dejó a Ábalos en una posición difícil: había negado todo lo negable pero no había proporcionado una explicación convincente para la contradicción entre la lealtad de Koldo y la acusación de Aldama, una contradicción que la Fiscalía utilizará en sus alegatos finales como prueba de que la trama funcionaba con una lógica interna de protección mutua que solo se explica si todos los participantes se beneficiaban del esquema. La tarde se prolongó con el desfile de tres testigos — dos funcionarios de la Intervención General del Estado y un perito contable — que corroboraron las irregularidades en los procedimientos de adjudicación detectadas por la UCO y que cifraron el sobrecoste de los contratos de mascarillas en un mínimo de 23,4 millones de euros respecto a los precios de mercado vigentes en el momento de las adjudicaciones.
Pero la jornada del Supremo no puede entenderse sin la sombra que proyecta la declaración del día anterior, cuando Aldama señaló a Pedro Sánchez como «el uno» y «el escalafón primero» de una estructura de poder que, según el empresario, conocía y autorizaba los contratos irregulares. Aldama declaró durante cinco horas y media y proporcionó un relato detallado — que la Fiscalía calificó de «parcialmente creíble y parcialmente interesado» — en el que situaba al presidente del Gobierno en la cúspide de una pirámide de decisiones que descendía desde La Moncloa hasta el Ministerio de Transportes, pasando por el despacho de Ábalos y la mesa de Koldo. Según Aldama, Sánchez fue informado en al menos tres ocasiones de la existencia de los contratos de mascarillas con empresas vinculadas al propio Aldama, y en una de esas ocasiones — una reunión en La Moncloa en septiembre de 2020 que el Gobierno niega que se produjera — el presidente habría dado su aprobación expresa con la frase «haced lo que tengáis que hacer pero que no deje rastro». La Moncloa ha emitido esta noche un comunicado en el que califica las declaraciones de Aldama de «fantasías delirantes de un estafador profesional que intenta arrastrar al fango a las instituciones del Estado para salvarse a sí mismo» y ha anunciado que el presidente no realizará ninguna declaración pública sobre el caso «porque la justicia está actuando y el Gobierno respeta escrupulosamente la separación de poderes».
La confluencia temporal de las declaraciones de Koldo, Ábalos y Aldama en el Supremo con el juicio de la trama Kitchen en la Audiencia Nacional — donde esta misma semana un investigador reveló que había instalado cámaras en su despacho porque sospechaba que le seguían agentes de la propia Policía — convierte esta última semana de abril de 2026 en una de las más intensas de la historia judicial española reciente. Los paralelismos entre ambas causas son inquietantes: en Kitchen, un gobierno del PP utilizó los recursos del Estado para espiar a un extesorero que amenazaba con revelar la financiación irregular del partido; en el caso Koldo, un asesor del gobierno del PSOE participó en una trama de contratos irregulares mientras recibía pagos en efectivo del propio partido. Dos gobiernos distintos, dos partidos distintos, dos tramas distintas, pero un mismo patrón: la utilización de las estructuras del poder para beneficio privado y la subordinación de las instituciones a los intereses particulares de quienes las ocupan. Los juristas más pesimistas ven en esta doble causa un síntoma de enfermedad sistémica; los más optimistas, una señal de que el sistema judicial funciona porque es capaz de investigar y juzgar a quienes abusan del poder independientemente de su color político. Lo que ninguno discute es que la imagen de la democracia española sale dañada de una semana en la que el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han dedicado más horas a juzgar la corrupción de los gobernantes que a cualquier otra materia de su competencia.
A las diez de la noche del miércoles 30 de abril, cuando las últimas crónicas judiciales ya habían sido enviadas a las redacciones y los equipos de prensa de los partidos habían lanzado sus primeros comunicados de valoración, el caso Koldo se encontraba en un punto de inflexión que nadie había previsto con exactitud. La admisión de Koldo sobre los pagos del PSOE ha abierto un frente completamente nuevo que trasciende la causa penal individual y entra de lleno en el territorio de la financiación irregular de partidos. La defensa de Ábalos ha quedado debilitada por la paradoja de una lealtad que la Fiscalía lee como complicidad. La acusación de Aldama contra Sánchez ha elevado las apuestas del juicio a un nivel que supera el ámbito judicial y penetra en el corazón de la gobernabilidad del país. Y la Fiscalía, que mantiene sus peticiones de 24 años para Ábalos y 19,5 para Koldo, ha incorporado la admisión de los pagos del PSOE a una estrategia acusatoria que los observadores más experimentados del Supremo califican de «la más ambiciosa y la más arriesgada de la historia reciente de la jurisdicción penal española». El próximo lunes 4 de mayo, cuando el tribunal reanude las sesiones, la sala del Supremo volverá a llenarse con la expectación de un país que observa cómo la justicia intenta desentrañar una madeja en la que los hilos de la corrupción, la política, el poder y la mentira se han entrelazado hasta formar un nudo que cada declaración aprieta un poco más en lugar de aflojar.
