El sistema de pensiones español atraviesa una transición gradual que no culminará hasta 2027, cuando la edad ordinaria de jubilación quede fijada en 67 años con carácter general, salvo para quienes acumulen 38 años y 6 meses de cotización, que podrán retirarse a los 65. Se trata del último peldaño de una reforma aprobada en 2011, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que elevó progresivamente la edad de retiro desde los 65 años tradicionales, en un proceso que ha avanzado año a año pese a afectar a millones de trabajadores.
Para el colectivo de autónomos, integrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la norma se aplica exactamente en los mismos términos que para los asalariados del Régimen General. La diferencia relevante no está en la edad de acceso, sino en la base de cotización: mientras un asalariado cotiza sobre su salario real, el autónomo elige su base dentro de una horquilla legal, lo que determina directamente el importe final de su pensión. Desde enero de 2023, el sistema de cotización por ingresos reales, aprobado por el Real Decreto-ley 13/2022, obliga a ajustar esa base a los rendimientos netos declarados, con tramos revisables anualmente.
Muñoz Cuenca ha puesto como ejemplo el caso de una trabajadora de 65 años y medio que, con 25 años cotizados, no podía acceder ni a la jubilación anticipada ni a la salida ordinaria a los 65, viéndose obligada a esperar hasta los 66 años y 8 meses. Es una situación que, según el divulgador, se repite con frecuencia entre autónomos que han cotizado por bases mínimas durante largos periodos o que acumulan lagunas en su vida laboral, y que solo se detecta cuando ya es tarde para corregir el rumbo. Por eso su recomendación pasa por revisar la vida laboral completa y no solo los últimos años de actividad.
El envejecimiento demográfico como telón de fondo
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan el problema en su dimensión estructural. En 2001, los mayores de 65 años representaban el 16% de la población española; en la actualidad rondan el 21%, y las proyecciones demográficas del propio INE apuntan a que ese porcentaje podría alcanzar el 30,9% hacia 2076. Es el mismo fenómeno que ha impulsado sucesivas reformas del sistema de pensiones desde la Transición, cuando la esperanza de vida al jubilarse era sensiblemente inferior a la actual.
El contraste histórico es notable: cuando en 1919 se implantó el Retiro Obrero, germen del actual sistema público de pensiones, la esperanza de vida tras la jubilación apenas alcanzaba los siete años. Hoy, con una esperanza de vida que ha crecido alrededor de 21 años desde entonces según estimaciones demográficas, el sistema se sostiene exigiendo más años de cotización a cambio de un periodo de percepción de la pensión mucho más largo, lo que obliga a los sucesivos gobiernos a recalibrar el equilibrio entre aportaciones y prestaciones.
Un estudio de la Universidad de Stanford de 2024 aporta evidencia médica sobre el deterioro físico asociado a la prolongación de la vida laboral: entre los 40 y los 60 años aumenta de forma significativa la fragilidad cardiovascular, muscular y cognitiva, lo que cuestiona la capacidad real de muchos trabajadores para mantener el mismo ritmo de actividad hasta edades cercanas a los 67 años, especialmente en profesiones física o mentalmente exigentes, categoría en la que suelen encuadrarse buena parte de los autónomos que combinan gestión, producción y atención al cliente.
El coste económico de alargar la vida laboral
Una investigación conjunta de las universidades de Mannheim y Pompeu Fabra ha cuantificado el impacto de retrasar la edad de jubilación: prolongar un año la salida del mercado laboral eleva de forma significativa la mortalidad entre los 60 y 69 años, particularmente en sectores de mayor exigencia física. El estudio calcula una pérdida social estimada de 8.564 euros por individuo, frente a una aportación fiscal adicional de 1.925 euros derivada de prolongar un año la actividad, lo que pone en cuestión la rentabilidad social neta de estas políticas de alargamiento cuando no van acompañadas de medidas de adaptación de la carga laboral.
Frente a la prolongación sin matices, los investigadores plantean la desaceleración laboral —reducir horas, cambiar de funciones o adoptar fórmulas de jubilación activa parcial— como alternativa que permitiría mantener el vínculo con el mercado de trabajo sin agotar físicamente al trabajador antes de alcanzar la edad ordinaria de retiro.
La Seguridad Social contempla, de hecho, fórmulas de jubilación anticipada y de jubilación activa que permiten compatibilizar pensión y actividad, si bien ambas aplican coeficientes reductores sobre el importe final y exigen requisitos específicos de cotización. Muñoz Cuenca recomienda solicitarlos por escrito ante la Seguridad Social antes de tomar cualquier decisión, dado que un cálculo erróneo puede suponer una merma permanente en la cuantía de la pensión.
La recomendación práctica que se deriva de este diagnóstico pasa por revisar la vida laboral completa a través de Importass, la sede electrónica de la Seguridad Social para autónomos, y simular la pensión resultante con la información real de cotización, no solo con los últimos años de actividad. Esa revisión permite detectar lagunas, valorar si conviene incrementar la base de cotización mientras aún se está en activo y decidir con tiempo si la jubilación activa o alguna fórmula de retiro anticipado resulta más adecuada que esperar a la edad ordinaria.
No existe un plazo de cierre para realizar esta consulta: la vida laboral y la simulación de pensión pueden solicitarse en cualquier momento, y los expertos en Seguridad Social insisten en que el cálculo debe hacerse con años de antelación y no cuando la edad de jubilación ya está próxima, momento en el que el margen de maniobra para corregir una base de cotización insuficiente es prácticamente nulo.
De cara a los próximos ejercicios, el calendario legal ya está fijado: en 2027 la edad ordinaria de jubilación alcanzará los 67 años para quienes no acrediten 38 años y 6 meses cotizados, cerrando así el proceso de ajuste iniciado con la Ley 27/2011. Ese horizonte, unido al envejecimiento poblacional que reflejan los datos del INE, mantendrá abierto el debate sobre la sostenibilidad del sistema y sobre la necesidad de que los autónomos planifiquen su cotización con la misma anticipación que cualquier decisión financiera de largo plazo.
