La tesis de Moreno Gallo no es una hipótesis improvisada, sino el resultado de un trabajo que arrancó en 1994 en la provincia de Burgos, cuando el propio investigador identificó tramos de una vía romana paralela al Camino de Santiago. A partir de ese hallazgo, según relata, emprendió una revisión sistemática de cómo se habían venido identificando los caminos antiguos en España, Francia, Italia y Suiza a lo largo de casi tres décadas de análisis técnico-constructivo.
El punto de partida de su crítica es metodológico. Para Moreno Gallo, la sola presencia de piedras dispuestas de forma ordenada, con aspecto vetusto o monumental, no basta para certificar el origen romano de una vía. Sostiene que solo puede hablarse de calzada romana cuando se comprueba la aplicación uniforme de técnicas constructivas atribuibles de forma inequívoca a la ingeniería de aquella época, algo que, a su juicio, rara vez se verifica con el rigor necesario.
Uno de los criterios técnicos que propone como discriminante es la función original de la vía. Las calzadas romanas interurbanas, recuerda, estaban diseñadas para el tránsito de carros pesados y mercancías, lo que exigía trazados con pendientes moderadas, un firme resistente y un sistema de drenaje eficaz. Cualquier camino con pendientes excesivas para ese tipo de tráfico o sin un trazado racional para la época debería, según el investigador, generar sospechas razonables sobre su verdadero origen.
La superficie de rodadura es otro de los elementos clave de su argumentación. Moreno Gallo defiende que las calzadas romanas interurbanas solían construirse con capas inferiores de piedra de mayor tamaño y un acabado superior de grava fina, más adecuado para el paso de caballerías y carros que el de grandes losas visibles. Ese detalle contrastaría con la imagen popular de calzada romana como un enlosado de piedras grandes y bien encajadas, una imagen que, según el investigador, procedería de una confusión de origen académico.
De la Vía Apia a un mito extrapolado
Esa confusión, explica, tendría su raíz en la extrapolación del modelo de algunas vías urbanas, como la Vía Apia en las inmediaciones de Roma, a las carreteras interurbanas del resto del territorio del Imperio. Según su hipótesis, algunos arqueólogos habrían tomado como referencia general un tipo de pavimento pensado para un entorno urbano concreto, consolidando con el tiempo una imagen equivocada que habría terminado calando en el imaginario colectivo y, en ocasiones, en la propia catalogación patrimonial.
Frente a ese criterio puramente visual, Moreno Gallo reclama que la identificación de una calzada romana se apoye en un análisis de ingeniería civil: perfil longitudinal de la vía, sistema de drenaje, anchura de la calzada y coherencia del trazado con las necesidades del tráfico rodado de la época. Solo cuando estos elementos técnicos son compatibles entre sí y con las prácticas documentadas de la ingeniería romana, sostiene, cabría hablar con propiedad de una vía de origen romano.
La discusión remite a un debate metodológico más amplio dentro de la arqueología y la historia de la ingeniería, disciplinas en las que la combinación de evidencia material, documentación de archivo y análisis técnico resulta determinante para evitar atribuciones erróneas. En el caso de las calzadas, la ausencia frecuente de inscripciones, miliarios u otros elementos datables de forma directa obliga a apoyarse en el análisis constructivo como principal herramienta de verificación.
En España, la atribución de vías antiguas al periodo romano ha sido durante décadas motivo de orgullo local y reclamo turístico para numerosos municipios, especialmente en rutas asociadas a la Vía Augusta o a otros ejes de comunicación de la Hispania romana, cuya densa red viaria está ampliamente documentada por fuentes clásicas y hallazgos arqueológicos. La revisión que plantea Moreno Gallo no cuestiona la existencia de esa red, sino la fiabilidad de algunas atribuciones concretas hechas sin el respaldo de un análisis técnico completo.
Una catalogación que corresponde a las autonomías
Las administraciones competentes en materia de patrimonio no se han pronunciado sobre las conclusiones planteadas por Moreno Gallo respecto a tramos concretos como el del Puerto de la Fuenfría o el Puerto del Pico. Una eventual revisión formal de estas catalogaciones correspondería a los organismos de patrimonio histórico de cada comunidad autónoma, conforme a la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y a la legislación autonómica que la desarrolla, marco que atribuye a las autonomías la protección y clasificación de los bienes de interés cultural en su territorio.
El propio Moreno Gallo enmarca su trabajo como una llamada a la prudencia académica más que como una negación tajante del legado viario romano en España. Su propuesta apunta a distinguir con mayor precisión, caso por caso, entre las vías genuinamente romanas y los caminos empedrados de época moderna que, con el paso de los siglos, habrían terminado revestidos de una pátina de romanidad no siempre sustentada en pruebas técnicas concluyentes. La confirmación o el descarte de cada tramo dependerá de que se emprendan estudios estratigráficos y de ingeniería que vayan más allá de la inspección visual del pavimento.
