Una cuidadora que acudía al domicilio del matrimonio dio la voz de alarma el jueves 10 de septiembre. Al entrar en la vivienda se encontró al hombre, de 90 años, ahorcado, y a la mujer, de 88, tendida en la cama con múltiples traumatismos, pero todavía con vida. Los servicios de emergencia la trasladaron a un centro hospitalario, donde falleció al día siguiente, el viernes 11 de septiembre.
El Ministerio de Igualdad calificó el caso de presunto feminicidio por violencia de género en un comunicado difundido por la propia cartera. La calificación institucional activa los protocolos y registros oficiales que el Gobierno mantiene para contabilizar estos crímenes, con independencia de la instrucción judicial que determine finalmente las causas y circunstancias exactas de la muerte.
"El Ministerio de Igualdad condena el feminicidio por violencia de género de una mujer en la provincia de Madrid", señaló el departamento en su comunicado oficial.
Un portavoz policial precisó que no constan denuncias previas contra el marido por violencia de género, un extremo que coincide con lo trasladado por el propio Ministerio de Igualdad. La ausencia de denuncia previa concurre en una parte relevante de los feminicidios registrados en España: la mayoría de las mujeres asesinadas no había formalizado ninguna denuncia antes de morir, según los datos que maneja la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
La instrucción del caso corresponde a los juzgados de la localidad madrileña, que deberán determinar la secuencia de los hechos ocurridos en el domicilio. La edad de ambos, 90 y 88 años, sitúa el caso en un perfil poco frecuente en las estadísticas de violencia de género, tradicionalmente concentradas en franjas de edad más jóvenes, aunque no inédito.
El registro público de víctimas mortales por violencia de género se actualiza con cada caso confirmado por las autoridades competentes. Esa herramienta fundamenta los comunicados del departamento y sirve de referencia a jueces, policía y servicios sociales en la coordinación de la respuesta institucional. La contabilidad oficial de víctimas mortales arranca en 2003, cuando el Estado empezó a llevar un registro sistemático de los asesinatos por violencia machista.
La confirmación llega en un momento en que la política de igualdad sigue en el centro del debate, con el Ejecutivo defendiendo sus medidas ante un escenario de opinión pública que, según los últimos sondeos, sitúa al PSOE en el 31% de intención de voto tras la crisis de Ceuta, dos puntos menos que en julio.
