La madrugada del 28 de febrero de 2024, según el relato de Liliana Pérez, militares, policía especial y agentes de investigación ingresaron a su vivienda y se llevaron a sus dos hijos y a su esposo, a quien liberaron momentos después fuera del domicilio. Emmanuel era militar activo en el batallón del Campo Militar Uno, en la Ciudad de México; Mario Valentín cursaba el segundo semestre en el colegio de bachilleres.
"Mi esposo tiene un camión de tres toneladas y se pegó detrás de las camionetas que se llevaron a los muchachos. Perdió la ubicación [de los vehículos] en un rancho cerca del aeropuerto [Ángel Albino Corzo]. Se cree que ahí los llevaron", relató la madre. El aviso a las autoridades no tuvo respuesta pese a la cercanía de retenes y bases de seguridad: "Pedí ayuda al 911, me hacían preguntas innecesarias ante la emergencia; estamos a cinco minutos del retén de la Guardia Nacional, a 10 minutos del aeropuerto está la Guardia Nacional y Sedena [.] y nadie vio nada, a dónde llevaron a mis hijos".
Según su reconstrucción, el allanamiento respondió a la búsqueda de un arsenal previamente decomisado y extraviado. Al no hallar nada en la vivienda, los elementos se habrían llevado a los jóvenes. "Como mi hijo era militar activo, quizás por eso se lo llevaron", consideró Liliana Pérez, quien afirma no haber recibido explicación oficial sobre el paradero de sus hijos en más de dos años y medio.
El caso se complicó, de acuerdo con su testimonio, cuando la Sedena abrió en mayo de 2024 un proceso contra Emmanuel por presunta deserción al no presentarse tres días después de su desaparición, lo que —según la madre— le haría perder los beneficios de su condición de militar. "Les dije que estaba desaparecido, que se lo llevaron, no se fue [.] ¿qué ha hecho el Estado por él?", cuestionó.
Más de 132,000 desaparecidos en México
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza más de 132,000 personas desaparecidas y no localizadas en el país, de las cuales cerca de 2,000 corresponden a Chiapas; colectivos de familiares en la entidad han estimado hasta 3,000 casos hasta agosto pasado. Solo cuatro municipios —Tapachula, con 273; Tuxtla Gutiérrez, 251; Frontera Comalapa, 126, y Comitán de Domínguez, 107— concentraban 757 reportes, alrededor del 38% del total estatal en ese corte.
La crisis de desapariciones en Chiapas convive con una violencia documentada en otras regiones del estado, como refleja el reciente recuento de tres feminicidios, un ejecutado y un cuerpo desmembrado registrados en una sola semana. En Chiapas, otro caso ilustra la demora en la búsqueda: Manuel Hernández Domínguez, conductor de tráiler, desapareció el 3 de junio de 2025 cuando viajaba en un vehículo de plataforma hacia su trabajo en Ocozocoautla de Espinosa; su cuerpo fue hallado sin vida el 18 de octubre de ese año, 136 días después de la denuncia.
Su madre, María Edith Domínguez, integrante de la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas, señaló que la Fiscalía General del estado impide a las familias ingresar a ranchos con indicios porque están "judicializados" o bajo presencia del crimen organizado. Identificó como focos rojos zonas como La Concordia, el poblado de Pujiltic en Venustiano Carranza y la colonia 20 de Noviembre en Chiapa de Corzo, sobre la ruta al aeropuerto Ángel Albino Corzo.
"Tenemos miedo, pero también está la necesidad de buscar aquellos que todavía no regresan a casa, y hay madres que están sufriendo. Hemos perdido el miedo para seguir buscando a nuestros familiares", afirmó María Edith Domínguez, integrante de la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas.
El fenómeno no es nuevo en el país: la figura de las colectivas de familiares cobró dimensión nacional tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, caso que impulsó la creación en 2017 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y del propio Registro Nacional. A casi una década, María Edith Domínguez atribuyó la persistencia del problema a las autoridades: "Las instituciones, aunque dicen que están cuidando el territorio chiapaneco, sabemos que el crimen está más organizado que las autoridades que tenemos en Chiapas para protegernos".
