El caso se remonta al 4 de junio, cuando, de acuerdo con la Fiscalía, la abogada Emperatriz Herrera Cuenca llegó al despacho de la jueza Martínez para concretar el acuerdo. Ese mismo día, según los elementos de prueba recaudados por el ente acusador, se habrían entregado $600 millones en efectivo, correspondientes al 50 % de lo pactado, a cambio de una decisión judicial que favoreciera a Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, el ciudadano neerlandés requerido con fines de extradición.
"La Fiscalía General de la Nación investiga un posible acuerdo de 1.200 millones de pesos para favorecer con una decisión judicial a Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano de Países Bajos requerido con fines de extradición por narcotráfico", señaló el ente acusador.
El trámite de habeas corpus se presentó como una solicitud ordinaria de libertad. La Fiscalía sostiene que la jueza Martínez carecía de competencia para resolver esa petición y que, pese a ello, asumió el conocimiento de la acción. El 18 de junio, otro funcionario judicial revocó la decisión de libertad, de modo que Van der Voort continuó privado de la libertad mientras avanzaban los trámites de extradición hacia su país de origen.
Las órdenes de captura contra la jueza, el funcionario de la judicatura Waldo Garavito Mejía y la abogada Herrera Cuenca fueron solicitadas por una fiscal de la Dirección contra la Corrupción a otro juez, y se hicieron efectivas en la tarde de este martes 27 de octubre mediante un operativo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en Bogotá y en el municipio de Cota, Cundinamarca.
"Estas personas, señaladas de articular sus actuaciones para que el extranjero quedara en libertad mediante un habeas corpus, fueron capturadas por servidores de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en Bogotá y Cota (Cundinamarca)", advirtió la Fiscalía luego de las audiencias preliminares.
Tras legalizar las capturas, la fiscal de la Dirección contra la Corrupción imputó cargos por prevaricato por acción contra la jueza Martínez, al considerar que la evidencia recaudada resulta suficiente para una inferencia de autoría o participación en el delito. La imputación es la segunda fase del esquema procesal contemplado en la Ley 906 de 2004 y no implica una condena: corresponderá a un juez penal del circuito definir, en etapas posteriores, la responsabilidad penal de los tres capturados.
Los jueces de control de garantías son piezas clave del sistema penal acusatorio colombiano, por ser los encargados de decidir sobre la libertad de los procesados antes del juicio. Episodios de presunta corrupción en esos despachos han golpeado la confianza en la Rama Judicial, en línea con otras operaciones recientes de la Fiscalía contra redes delictivas, como la serie de capturas anunciadas en el centro de Bogotá.
La Fiscalía precisó que Van der Voort permanece privado de la libertad mientras avanzan los trámites de su extradición, luego de que la decisión que lo favorecía fuera revocada el 18 de junio por otro funcionario judicial.
