Feijóo evitó el circuito habitual de ruedas de prensa y llevó su propuesta a una conversación larga, un formato que ha ganado terreno en la comunicación política: el propio pódcast de Jordi Wild publicará el viernes sus entrevistas a Colau, Feijóo y Sánchez. El líder del PP puso número al coste de las ausencias y lo conectó con el agujero del sistema de pensiones.
Las cifras que maneja el partido sitúan el coste del absentismo en más de 30.000 millones de euros en 2025, frente a los 13.000 millones del año 2000. El número de personas que no acudirían diariamente a su puesto habría pasado de entre 450.000 y 470.000 en 2018 a superar el millón el año pasado. Son datos de parte, sin desglose público de la metodología empleada para distinguir baja justificada de injustificada.
«10.000, 12.000 millones para las pensiones», resumió Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, en el pódcast The Wild Project.
El razonamiento enlaza ambos asuntos: si una parte de esas ausencias no respondiera a un problema de salud real, recuperar ese tiempo de trabajo generaría actividad, empleo y cotizaciones sin subir impuestos. El sistema de pensiones recibe cada año cerca de 50.000 millones de euros procedentes de impuestos, según el cálculo que maneja el propio Feijóo, un déficit que su plan pretende estrechar combinando crecimiento económico y menor absentismo.
Sobre la edad de jubilación, Feijóo fue explícito: «No vamos a ampliar la edad de jubilación». Consideró los 67 años una edad «razonable» y planteó en su lugar facilitar que quien desee seguir trabajando después de ese límite pueda hacerlo cobrando parte de la pensión. También se comprometió a revalorizar las pensiones conforme al IPC, en línea con el mecanismo de revalorización automática que la reforma de pensiones de 2021 fijó por ley.
La estadística oficial de referencia, la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, mide las horas no trabajadas pero no distingue entre baja justificada e injustificada; esa frontera la traza el sistema sanitario, no un informe empresarial. Cualquier medida que endurezca el control de la incapacidad temporal sin reforzar la atención primaria arrastra el riesgo de trasladar el problema hacia el presentismo, con trabajadores acudiendo enfermos a su puesto y recaídas más largas.
Existe además una cuestión de equidad: los procesos de baja más largos, vinculados a salud mental, enfermedades crónicas o dolencias musculoesqueléticas en sectores de esfuerzo físico, son los que acumulan más días de ausencia y los que peor encajan en un marco de sospecha generalizada. La baja media de quien trabaja en logística, hostelería o cuidados no se parece a la de una oficina, una diferencia que una reforma del absentismo tendría que incorporar para no perder apoyo entre los colectivos a los que debería proteger.
Los 12.000 millones no son una partida presupuestaria disponible, sino una estimación condicionada a que una parte de ese millón de ausencias diarias desaparezca. Nadie ha publicado todavía cómo se mide esa fracción evitable.