El choque más tenso se produjo en torno a la revalorización de las pensiones. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, y José María Figaredo, secretario del grupo de Vox, aseguraron que mantendrían la subida según el IPC. Bravo negó que su partido votara en contra cuando la medida se votó de forma aislada, pero evitó responder cuando Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, le recordó que el PP sí votó en contra de la reforma de 2021 que recuperó esa revalorización por ley, a la que llegó a presentar una enmienda a la totalidad.
Figaredo tampoco respondió a la pregunta del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, sobre por qué Vox ha votado en contra de cada actualización de las pensiones durante la legislatura. El portavoz de Vox centró su intervención en cuestionar la sostenibilidad del sistema, que atribuyó al Gobierno y a la inmigración por los bajos salarios, mientras Bustinduy le afeó su propuesta de un sistema mixto con capitalización individual, una idea sobre la que Figaredo no se pronunció.
El cruce venía precedido por la precampaña, cuando Figaredo calificó el sistema de pensiones de "zombi" y la portavoz popular Ester Muñoz advirtió de que "iba a petar", declaraciones que la cúpula del PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente, rectificó al día siguiente. En el debate televisado, ambos candidatos de derechas evitaron repetir esas expresiones pero mantuvieron el cuestionamiento de fondo sobre la viabilidad del sistema público.
En vivienda, las propuestas de la derecha resultaron más difusas. Figaredo insistió de forma reiterada en la "remigración", en devolver a sus países a los inmigrantes que cometan delitos y en "prohibir a los inmigrantes irregulares alquilar un piso", sin aportar medidas sobre el mercado inmobiliario. Cuerpo le reprochó hacer un "análisis de dibujos animados" del problema habitacional y defendió las prórrogas a los contratos de alquiler aprobadas recientemente por el Ejecutivo, que cifró en un ahorro de unos 2.000 euros al mes para dos millones de inquilinos.
Bravo planteó como propuesta central la construcción de un millón de viviendas, un 40% de ellas públicas, sin detallar el mecanismo de financiación ni de ejecución, y defendió endurecer las leyes contra la okupación para reforzar la "seguridad jurídica" de los propietarios. Cuerpo le recordó que el PP rechazó la Ley de Suelo impulsada por el Gobierno para agilizar trámites urbanísticos y defendió la regularización de inmigrantes como vía para paliar la falta de mano de obra en la construcción.
Bustinduy, portavoz de campaña de Frente Amplio, reivindicó las prórrogas del alquiler y planteó aplicar a los fondos de inversión un impuesto del 10% sobre el valor de cada vivienda a partir de la décima que posean.
"Es un derecho tener una vivienda para vivir, pero no 10 para especular", defendió Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y portavoz de Frente Amplio.
El debate, moderado por la periodista Ana Pastor, se celebró dos días después de que la huelga general del 11-N terminara con disturbios en Madrid y Barcelona, una jornada de movilizaciones por el precio de la vivienda y el coste de la vida cuyas reivindicaciones atravesaron buena parte del cara a cara. Esa protesta reunió también a quienes no secundaron el paro para no perder el sueldo. Los españoles están llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre.