La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado tres llamadas telefónicas entre Francina Armengol, entonces presidenta del Govern balear y hoy presidenta del Congreso de los Diputados, y Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, en fechas que coinciden con momentos clave del proceso de adjudicación del contrato de mascarillas en Baleares durante la pandemia de 2020. La comunicación más significativa tuvo una duración de 14 minutos y se produjo 48 horas antes de la firma del contrato. El informe complementario que recoge estos datos fue remitido al Tribunal Supremo el viernes 18 por la UCO.
Tres llamadas, tres momentos críticos de la adjudicación
El informe de la UCO no documenta una sola llamada aislada, sino tres comunicaciones que, según el organismo, se corresponden con momentos críticos del procedimiento de adjudicación. El cruce de metadatos telefónicos —registros de hora, duración e identidad de los interlocutores, sin acceso al contenido de la conversación— revela, según fuentes de la investigación citadas en el propio documento, un patrón temporal que, en sus términos, «no puede ser coincidencia». En el lenguaje habitual de los informes de la UCO, esa expresión anticipa la solicitud de diligencias adicionales al magistrado instructor.
Los metadatos no permiten conocer qué se dijo en esas llamadas, pero sí establecen una secuencia verificable: comunicación telefónica, decisión, firma. Que esa secuencia se repita en tres ocasiones vinculadas a hitos del procedimiento contractual constituye el núcleo del argumento indiciario que el informe pone a disposición del Tribunal Supremo. En el sistema procesal español, los metadatos son admisibles como prueba indiciaria y con frecuencia sirven de base para solicitar diligencias adicionales, incluida la intervención del contenido de las comunicaciones.
El peso procesal del informe ante el Tribunal Supremo
El documento no constituye una acusación formal ni determina por sí solo responsabilidad penal. Su relevancia procesal radica en que aporta trazabilidad cronológica a las comunicaciones entre dos figuras situadas en extremos distintos de la cadena de decisión: la primera autoridad autonómica balear en aquel momento y el intermediario que, según la investigación principal del caso Koldo, actuaba como enlace entre el empresario Víctor de Aldama y cargos públicos del PSOE. Armengol no tiene, hasta la fecha, condición de investigada en esta causa.
El Tribunal Supremo es el órgano competente para instruir y, en su caso, enjuiciar a aforados como la presidenta del Congreso de los Diputados, que ocupa la segunda posición en el orden de sucesión constitucional. Corresponde ahora al magistrado instructor determinar si el informe de la UCO justifica ampliar el objeto de la investigación o adoptar nuevas diligencias respecto a Armengol, entre ellas la eventual solicitud de acceso al contenido de las llamadas.
La posición de Armengol y la ausencia de documentación acreditativa
Armengol ha respondido a la existencia del informe alegando que las llamadas con Koldo García versaban sobre cuestiones institucionales generales y que la gestión operativa de las compras de material sanitario durante la pandemia fue delegada íntegramente en el director del IB-Salut, el servicio balear de salud. La presidenta del Congreso no ha detallado, hasta el momento, qué asuntos institucionales concretos justificaban un contacto telefónico de 14 minutos con el asesor de Ábalos en la víspera de la firma del contrato. Su entorno no ha facilitado documentación que acredite esa delegación formal en la fecha en cuestión.
El marco normativo: adjudicaciones de emergencia bajo el estado de alarma
Los contratos examinados por la UCO se formalizaron al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE núm. 67), que declaró el estado de alarma y habilitó procedimientos de contratación de urgencia sin concurrencia competitiva. Esa habilitación excepcional, destinada a garantizar el suministro urgente de material sanitario, permitía adjudicaciones directas que en circunstancias ordinarias habrían requerido licitación pública. La investigación del caso Koldo apunta a que esos procedimientos de emergencia habrían sido utilizados para generar comisiones ilícitas canalizadas hacia responsables políticos, extremo que la instrucción aún no ha concluido.
El caso Koldo: origen, detenciones y alcance territorial
El caso Koldo tiene su origen en la detención, en febrero de 2023, de Koldo García y del empresario Víctor de Aldama. La investigación apunta a una presunta red de comisiones vinculadas a contratos de suministro de mascarillas suscritos durante la pandemia en varias comunidades autónomas. Baleares figura entre los territorios en los que la UCO ha examinado contratos de ese periodo. La instrucción corresponde al Tribunal Supremo por la aforada condición de algunos de los investigados y continúa abierta tras haber producido ya detenciones y múltiples diligencias.
Como precedente de peso procesal comparable, la investigación sobre los ERE de Andalucía —en la que los metadatos y registros de comunicaciones sirvieron como prueba indiciaria para ampliar el círculo de investigados más allá de los inicialmente identificados— ilustra el recorrido que este tipo de documentación puede tener en una instrucción penal de largo alcance en España.
Presión política y siguiente paso judicial
El Partido Popular ha exigido la dimisión inmediata de Armengol tras conocerse el contenido del informe. La presidenta del Congreso preside la Cámara Baja y ocupa la segunda posición en el orden de sucesión constitucional, lo que confiere a cualquier indicio de irregularidades en su contra una dimensión institucional que trasciende el caso concreto. El PP había reclamado explicaciones a Armengol previamente en el contexto más amplio del caso Koldo; el nuevo informe de la UCO eleva la presión política en vísperas del periodo de sesiones.
La respuesta del magistrado instructor del Tribunal Supremo al informe remitido el viernes 18, y la eventual decisión sobre si procede solicitar acceso al contenido de las tres llamadas documentadas, marcarán el recorrido procesal inmediato. Por ahora, el informe suma indicios cronológicos a una investigación que ya ha producido detenciones y que, en su tramo balear, acaba de incorporar un elemento nuevo: una secuencia de comunicaciones que el propio organismo investigador considera difícilmente atribuible a la casualidad.
