El repunte no es una anomalía puntual, sino la consolidación de una tendencia que se aceleró de forma abrupta con la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, la práctica totalidad de los socios comunitarios ha revisado al alza sus previsiones plurianuales de defensa, en un contexto marcado también por la presión de Washington para que Europa asuma más carga en su propia seguridad. La inversión específica en armamento, tecnología y equipamiento rondaría este año los 163.000 millones de euros, un 159% más que hace un lustro, según las mismas estimaciones sectoriales.
Ese esfuerzo llega tras décadas de infrainversión posteriores al fin de la Guerra Fría, cuando el llamado "dividendo de la paz" llevó a recortar presupuestos de defensa en toda Europa occidental. La OTAN aprobó en su cumbre de La Haya de junio de 2025 un nuevo objetivo que eleva el listón hasta el 5% del PIB en 2035 —repartido entre un 3,5% de gasto militar directo y un 1,5% en infraestructuras y capacidades de doble uso—, muy por encima del histórico 2% acordado en la cumbre de Gales de 2014. En paralelo, la Unión Europea ha puesto en marcha el programa SAFE (Security Action for Europe), dotado con hasta 150.000 millones de euros en préstamos comunitarios para acelerar las compras conjuntas de armamento y reducir la dependencia de proveedores extracomunitarios.
España se sumó a esta dinámica en 2025, cuando elevó por primera vez su gasto en defensa hasta el 2% del PIB, con un presupuesto que superó los 34.000 millones de euros y un plan extraordinario de 10.471 millones destinado a reforzar la seguridad y la industria militar nacional. El Gobierno defendió esa subida como un compromiso con los socios de la OTAN, mientras distintas formaciones políticas mantuvieron posiciones divididas sobre el destino de esos fondos, desde quienes reclamaban priorizar el gasto social hasta quienes lo consideraban insuficiente frente al esfuerzo de otros aliados.
El mercado premia a los fabricantes con más pedidos
Ese aumento sostenido del gasto público se ha trasladado con rapidez a las cuentas de resultados de las principales compañías de defensa europeas, cuyas acciones se han convertido en una de las historias más destacadas de las bolsas del continente. Dassault Aviation, fabricante del caza Rafale, llegó a anotarse subidas bursátiles de hasta el 10% tras comunicar que sus ventas netas ajustadas crecieron un 46% interanual en el primer semestre, hasta los 4.200 millones de euros. Thales e Indra llegaron a revalorizarse cerca de un 7% en sesión tras presentar resultados que batieron las expectativas del consenso.
Thales, el mayor grupo europeo de electrónica de defensa, elevó sus ventas cerca de un 8% en el semestre, mientras que la entrada de nuevos pedidos se disparó un 22%, impulsada por la demanda de radares, sistemas de defensa aérea y equipos de comunicaciones militares. Su beneficio operativo ajustado alcanzó los 1.370 millones de euros, por encima de lo previsto por el mercado, con una generación de caja reforzada por el cobro anticipado de contratos ya firmados con distintos gobiernos.
Indra, por su parte, obtuvo un beneficio de 219 millones de euros en el primer semestre, un 2,1% más que un año antes, con unos ingresos que crecieron casi un 30%, hasta los 3.179 millones de euros. El negocio de Defensa fue el motor de ese avance, al duplicar su facturación —un 103% más— hasta los 973 millones de euros, lo que llevó a la compañía a liderar las subidas del Ibex 35 en la jornada de presentación de cuentas, con un repunte superior al 3%. El Estado español mantiene una posición estratégica en este engranaje: a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) controla cerca del 28% del capital de la tecnológica.
Antonio Castelo, analista de iBroker, considera que este ciclo alcista responde a factores estructurales más que coyunturales. "Estamos mucho más cerca de un ciclo estructural que de un fenómeno meramente coyuntural", afirmó, apuntando a la confluencia de una amenaza geopolítica persistente, compromisos presupuestarios plurianuales ya aprobados y una voluntad política explícita de reforzar la base industrial europea de defensa. A su juicio, los inversores ya no reaccionan únicamente al aumento de la tensión geopolítica, sino a la capacidad demostrada por cada compañía para convertir ese contexto en contratos ejecutables y facturación real, especialmente en radares, defensa aérea, guerra electrónica, ciberdefensa y sistemas no tripulados.
El precedente más cercano de rearme acelerado se remonta a la última fase de la Guerra Fría, cuando la carrera armamentística entre la OTAN y el Pacto de Varsovia mantuvo el gasto militar europeo en niveles superiores a los actuales en términos de PIB. La diferencia, según los analistas del sector, es que el ciclo actual se apoya en mecanismos de financiación comunitaria como SAFE, inexistentes durante aquella etapa, cuando cada país afrontaba su rearme de forma aislada.
De cara a los próximos meses, el calendario marcado por la OTAN y la Comisión Europea fijará hitos concretos: los Veintisiete deberán ir ajustando sus presupuestos nacionales al objetivo del 5% del PIB pactado para 2035, mientras el programa SAFE comienza a desembolsar sus primeros préstamos para compras conjuntas. La evolución de esos plazos, y la capacidad de las administraciones para ejecutar el gasto comprometido, será determinante para saber si el actual repunte bursátil de la industria de defensa se consolida como tendencia de largo plazo o se modera una vez absorbido el pico de pedidos.
