La serie del INE muestra una trayectoria ascendente sostenida desde 2015, interrumpida únicamente por el comportamiento anómalo de 2020, cuando las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia alteraron temporalmente los criterios de clasificación entre parados e inactivos. Desde entonces, la cifra ha recuperado su tendencia al alza hasta el registro actual de 17,35 millones, frente a los 15,77 millones del segundo trimestre de 2002.
Tomando como referencia el arranque de la etapa de Gobierno de Pedro Sánchez, la población inactiva se ha incrementado un 7,26%, alrededor de 1,17 millones de personas adicionales. La comparación, sin embargo, exige matices: el concepto estadístico de inactividad no equivale al abandono forzoso del mercado laboral ni al desánimo económico, sino que agrupa situaciones muy distintas entre sí. El INE considera inactivas a todas las personas de 16 o más años que no están ocupadas ni clasificadas como paradas.
El factor que más pesa en el aumento es, según los propios datos oficiales, el envejecimiento demográfico y el consiguiente incremento de las jubilaciones. La Seguridad Social registra el detalle año a año: en 2019 se tramitaron 303.055 nuevas altas de jubilación; la cifra bajó a 285.728 en 2020 por el impacto de la pandemia en la actividad económica; y desde entonces no ha dejado de crecer, hasta las 316.056 de 2021 y las 327.788 de 2022.
La progresión continuó en los ejercicios siguientes: 326.854 altas en 2023, 367.987 en 2024 y 375.277 en 2025, el máximo de la serie reciente. En los seis primeros meses de 2026 se han contabilizado ya 184.171 nuevas jubilaciones, un ritmo que, de mantenerse, situaría el cierre del año en niveles similares o superiores a los de 2025.
Este fenómeno no es exclusivo de España. El envejecimiento de la población es una tendencia generalizada en la Unión Europea, con la generación del baby boom —nacida entre mediados de los años cincuenta y mediados de los setenta— alcanzando de forma masiva la edad de jubilación en la práctica totalidad de los Estados miembros. El progresivo acceso a la jubilación de esas cohortes está elevando el peso de quienes abandonan la actividad laboral por edad, no por falta de oportunidades.
Un indicador que no equivale a desempleo
El INE advierte en sus notas metodológicas de que la inactividad económica no debe confundirse con desempleo encubierto. Para ser clasificada como parada, una persona debe cumplir tres condiciones simultáneas según la definición armonizada de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): no tener empleo, buscar trabajo de forma activa y estar disponible para incorporarse en un plazo breve. Quien no busca empleo activamente —por estudios, jubilación, cuidados familiares o cualquier otro motivo— se contabiliza como inactivo, con independencia de su situación económica real.
Esa frontera estadística marca la diferencia con el precedente más citado por los analistas laborales, la crisis de 2008-2013, cuando la población inactiva también creció, aunque por causas distintas. En aquel episodio operó el llamado «efecto desánimo»: muchas personas dejaron de buscar empleo ante la falta de expectativas y engrosaron las filas de la inactividad sin que ello reflejase mejora alguna del mercado laboral. El actual aumento responde de forma mayoritaria a un factor demográfico estructural, no coyuntural.
La lectura del dato ha generado interpretaciones contrapuestas. Sectores críticos con el Ejecutivo han recurrido a la cifra récord de inactividad para cuestionar la solidez del mercado laboral español, contraponiéndola a los datos de afiliación y ocupación que el Gobierno destaca en sus balances trimestrales. Desde el entorno del Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, se sostiene en cambio que los indicadores relevantes para valorar la salud del empleo son la tasa de paro, la afiliación a la Seguridad Social y la temporalidad, y no la población inactiva en bruto, que mezcla jubilados con estudiantes y personas dedicadas a tareas del hogar.
El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) repuntó en julio de 2026 y volvió a superar los 2,3 millones de personas, un movimiento habitual en los meses estivales por el fin de contratos vinculados al turismo y la agricultura. Los expertos advierten de que las comparaciones interanuales de estas series deben realizarse desestacionalizadas para evitar distorsiones de temporada.
El desafío demográfico tiene además una vertiente fiscal. El aumento sostenido del número de pensionistas frente a la evolución de los cotizantes presiona las cuentas de la Seguridad Social, cuyo gasto en pensiones se financia principalmente con las cotizaciones de quienes trabajan. El reparto entre activos e inactivos condiciona así la sostenibilidad del sistema a medio plazo, un debate que atraviesa las sucesivas reformas de pensiones aprobadas en España desde el Pacto de Toledo de 1995.
De cara a los próximos trimestres, el INE publicará la EPA correspondiente al tercer trimestre de 2026 en torno a finales de octubre, un dato que permitirá comprobar si la tendencia al alza de la inactividad se mantiene tras el verano. El envejecimiento poblacional, junto a la evolución de la natalidad y los flujos migratorios que compensan parcialmente la contracción de la población en edad de trabajar, seguirá siendo uno de los factores estructurales que marcarán la fotografía del mercado laboral en los próximos ejercicios.
