El contrato en cuestión se firmó en octubre de 2022 por cuatro temporadas y 50 millones de dólares. Con la muerte de Clarke restaba por ejecutarse el último tramo, cifrado en 12,5 millones y correspondiente a la campaña 2026-27. Los Grizzlies formalizaron la rescisión el 3 de julio, unas siete semanas después del fallecimiento, un trámite que la liga contempla cuando un contrato ya no puede cumplirse.
La controversia surgió a raíz de un informe de Front Office Sports según el cual ese último año no estaba protegido de forma específica ante un fallecimiento, lo que habría dejado a la familia sin derecho a percibir la cantidad. Esa misma versión sostenía que los 12,5 millones tampoco computarían en el límite salarial de los Grizzlies para la próxima temporada, una circunstancia que habría aliviado la planificación deportiva del equipo.
La lectura fue desmentida días después. O'Connor citó a varias fuentes de la NBA para asegurar que el contrato de Clarke sí incluía protección total en caso de muerte. El representante del jugador, el agente Mark Bartelstein, fue más contundente y calificó de «desinformación» las informaciones que negaban el cobro a la familia, al sostener que el acuerdo amparaba expresamente a los herederos y que los 12,5 millones se abonarían mediante una póliza de seguro de vida ligada al contrato.
El mecanismo del seguro que reconcilia ambas versiones
La explicación técnica aclara la aparente contradicción. Las franquicias de la NBA pueden contratar pólizas de seguro de vida vinculadas a los contratos de sus jugadores para cubrir el riesgo financiero derivado de un fallecimiento. Si este se produce, es la aseguradora —y no el club directamente— quien asume el pago de la cantidad protegida, lo que permite liberar ese importe del tope salarial sin que la familia deje de percibir el dinero. Por eso ambas afirmaciones pueden ser ciertas a la vez: los Grizzlies no destinan recursos propios a esos 12,5 millones, pero el patrimonio de Clarke los recibe íntegramente.
El reparto de qué contratos quedan garantizados y en qué condiciones se rige por el convenio colectivo negociado entre la NBA y el sindicato de jugadores (NBPA), que fija los protocolos aplicables cuando un contrato garantizado no llega a completarse. Este marco es el que determina el margen de las franquicias para asegurar total o parcialmente las cantidades comprometidas.
La disputa económica coincidió con la confirmación oficial de las causas de la muerte. El Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles determinó que Clarke falleció por los efectos combinados de heroína y cocaína y calificó el fallecimiento como accidental. El informe señaló además los efectos combinados de varios medicamentos recetados como una condición significativa asociada. El jugador fue hallado inconsciente en una vivienda del área del Valle de San Fernando; no han trascendido más detalles más allá del dictamen forense.
Elegido en el puesto 21 del Draft de 2019 por los propios Grizzlies, Clarke disputó las siete temporadas de su carrera profesional íntegramente en Memphis. Jugó 309 partidos, con promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes por encuentro, y formó parte del mejor quinteto de rookies de 2020. Su rendimiento se vio condicionado en los últimos años por las lesiones, entre ellas una grave rotura del tendón de Aquiles, que redujo su presencia hasta apenas dos partidos en la temporada 2025-26, la última de su trayectoria.
El caso no es el primero en el que la muerte de un deportista en activo obliga a resolver cuestiones contractuales. En la propia NBA, el fallecimiento de jugadores dentro de la liga ha activado en el pasado los protocolos previstos en el convenio colectivo para determinar el destino de las cantidades garantizadas, un procedimiento que combina las reglas salariales de la competición con los términos concretos de cada contrato y sus seguros asociados.
Ni la NBA ni los Memphis Grizzlies han detallado públicamente los términos exactos de la póliza ni el importe definitivo que percibirá la familia. La resolución final dependerá de los trámites entre la aseguradora, la liga y los representantes legales del patrimonio del jugador, sin que se haya fijado por el momento un plazo público para su cierre.
