El recurso de Turull, el primero de varios sobre la amnistía que llegarán al Pleno del TC, impugna el auto por el que la Sala de lo Penal del Supremo excluyó de la ley la inhabilitación que aún pesa sobre el dirigente de Junts, condenado por su participación en el proceso independentista de 2017. Turull alegaba que esa decisión vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, al hacer una lectura de la norma que calificaba de imprevisible y contraria al reo.
El ponente rechaza ese planteamiento. A su juicio, el Supremo no inventó ningún requisito nuevo para excluir la malversación del perdón, sino que se limitó a aplicar un razonamiento coherente: los dirigentes del 1-O, al desviar fondos públicos de la Generalitat para financiar el referéndum declarado ilegal, «eludieron el coste inherente a su proyecto político, evitando sufragar con su propio patrimonio los gastos de una actividad ajena a sus funciones públicas».
«No responde a ninguna exégesis arbitraria, ilógica o manifiestamente errónea» de la ley de amnistía, sostiene José María Macías, magistrado ponente del recurso en el Tribunal Constitucional.
Ese beneficio patrimonial directo, según la ponencia, es lo que justifica que la malversación quedara fuera del ámbito de aplicación de la amnistía. Macías defiende además que la decisión del alto tribunal penal «se enmarca dentro de los márgenes de previsibilidad y del canon de razonabilidad exigible» a los tribunales ordinarios cuando interpretan las leyes aprobadas por las Cortes Generales.
Uno de los puntos más delicados del borrador es la respuesta a los argumentos sobre la afectación de fondos europeos, que el Supremo invocó como motivo para excluir la amnistía y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha negado recientemente que concurriera en este caso. Macías admite que ese pronunciamiento comunitario no existía cuando la Sala Segunda dictó sus resoluciones.
«Su posterior adopción podrá resultar determinante para la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión que corresponda efectuar a los órganos jurisdiccionales competentes, pero no permite proyectar retrospectivamente su contenido sobre el juicio de razonabilidad que ahora nos corresponde realizar», señala el ponente en referencia al momento en que el Supremo adoptó sus autos.
La ponencia descarta igualmente que la negativa a amnistiar a Turull vulnere su derecho a la representación política, otro de los argumentos centrales del recurso. El dirigente de Junts sostenía que la decisión judicial le impidió concurrir a las elecciones en condiciones de igualdad respecto a otros candidatos. Macías responde que la limitación de sus derechos políticos «no es una injerencia desproporcionada ni sobrevenida» derivada de los autos recurridos, sino «la consecuencia ineludible de una condena penal firme» dictada hace cinco años.
El texto adelanta cuál será previsiblemente el desenlace de la votación: la mayoría del Pleno, liderada por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se perfila contraria a esta interpretación restrictiva y previsiblemente rechazará la propuesta de desestimación. El recurso de Turull será el primero de una serie de amparos sobre la amnistía que el TC deberá resolver, en un intenso pulso jurídico que convive con otros procedimientos ante la justicia española, como la propuesta de la Fiscalía de modernizar la ley procesal militar.
El Pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto abordar el recurso el próximo 22 de septiembre, fecha en la que se conocerá si la posición del ponente logra respaldo suficiente entre el resto de magistrados.
