La aproximación al régimen ordinario, según recoge la Memoria a través de la agencia EFE, debe hacerse «en la medida de lo posible y respetando sus peculiaridades propias». La propuesta no se limita a la reforma procesal: el ministerio público plantea también recuperar en el Código Penal Militar los delitos contra la Administración de Justicia en el ámbito castrense, una figura que quedó fuera del articulado vigente y que considera necesario restablecer.
El documento constata que el índice de criminalidad militar sigue muy por debajo de los niveles previos a 2017, año a partir del cual se produjo, según la propia Fiscalía, un descenso «notable». El ejercicio 2024 registró un repunte: 158 condenas, un 33,89% más que el año anterior. En 2025 la cifra bajó a 148 condenas, un 8,36% menos, de las que 115 acarrearon penas y 33 fueron absolutorias.
Dentro de ese total, los delitos contra la disciplina —fundamentalmente el abuso de autoridad— concentran 29 condenas, el 20,56% del conjunto, y son la categoría más numerosa del año. Le siguen los delitos contra los derechos fundamentales, con 23 condenas (16,31% del total), un tipo penal caracterizado por la ausencia de relación jerárquica entre autor y víctima, que la Fiscalía subraya que se mantiene en niveles similares a los de ejercicios anteriores.
La Memoria detalla que en 2025 se interpusieron 34 recursos de casación penal ante el Tribunal Supremo contra sentencias u otras resoluciones de órganos militares. De ellos, el 38,24% corresponden a delitos contra la disciplina —abuso de autoridad, insulto a superior y desobediencia—, la categoría con mayor litigiosidad en casación.
El segundo bloque más recurrido, con el 32,35% de los recursos, agrupa los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas por parte de militares: trato degradante, acoso o abuso sexual y otras conductas entre personal de igual empleo. La Fiscalía señala que esta tipología mantiene una tendencia al alza en los últimos años. Los recursos por delitos contra los deberes del servicio, todos por el tipo penal de deslealtad, suman cinco casos y representan el 14,71% del total.
La jurisdicción militar española, regulada por la Ley Orgánica 4/1987 y con la Sala Quinta del Tribunal Supremo como cúspide, ha sido objeto en los últimos años de creciente revisión por tribunales ordinarios y europeos. La justicia militar revocó el procesamiento del principal mando en el caso Cerro Muriano, y la Justicia europea condenó a España por censurar a un militar crítico con la Constitución, dos episodios que ilustran las fricciones que una mayor homologación procesal buscaría reducir.
La reforma que reclama la Fiscalía no fija plazos ni calendario legislativo. Corresponde al Gobierno y a las Cortes Generales decidir si tramitan los cambios propuestos por el ministerio público, sin que la Memoria de 2025 anticipe compromiso alguno al respecto.
