El inmueble inspeccionado presentaba, según las fuentes consultadas, seis habitaciones improvisadas, algunas separadas únicamente por cortinas en lugar de paredes, además de un espacio techado en el patio habilitado para alojar hasta a seis personas más. Tres baños y unas cocinas en estado deficiente debían dar servicio a la treintena de residentes que ocupaban la vivienda en el momento de la intervención. En algunos puntos, según las mismas fuentes, se habían producido desprendimientos de elementos de la propia estructura.
El sistema, tal y como lo describen las fuentes próximas al caso, se basaría en maximizar el número de ocupantes por metro cuadrado disponible: cada persona habría abonado entre 80 y 100 euros mensuales por un espacio dentro del inmueble, lo que situaría los ingresos del presunto responsable en varios miles de euros al mes por una propiedad que no reunía condiciones mínimas de seguridad, salubridad y habitabilidad.
Las quejas de los residentes ante el estado del inmueble habrían recibido, según estas fuentes, respuestas tajantes por parte del responsable, entre ellas una frase que retrataría el ambiente en el interior: «Si no te gusta lo que hay, coge tus trastos y vete a la puta calle». Describe, según las fuentes, un sistema en el que los inquilinos, pese a pagar cada mes por un espacio habitable, carecían de margen para exigir mejoras, bajo la amenaza implícita de quedarse sin techo mientras la vivienda seguía presentando riesgo de desprendimientos.
El investigado contaría, según las fuentes consultadas, con antecedentes relacionados con hechos similares, un extremo que la instrucción deberá valorar junto al alcance exacto de sus responsabilidades penales y administrativas. El Ayuntamiento de Manacor no se ha pronunciado públicamente sobre la identidad del investigado ni sobre el estado de la causa, y las fuentes consultadas no han podido precisar si existen otras personas investigadas por su posible participación en la gestión del inmueble. El hombre conserva la presunción de inocencia mientras no recaiga resolución judicial firme en su contra.
El marco legal aplicable
La sobreocupación de viviendas en condiciones de insalubridad y riesgo estructural puede activar varias vías penales y administrativas de forma simultánea. El Código Penal contempla delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la integridad moral cuando se acredita coacción o abuso de una situación de necesidad, mientras que la normativa de extranjería y la legislación autonómica de vivienda prevén sanciones por la explotación de infraviviendas, especialmente cuando los ocupantes son personas en situación de vulnerabilidad económica o administrativa.
En las Islas Baleares, la Ley 5/2018 de la vivienda y las ordenanzas municipales de habitabilidad facultan al Ayuntamiento de Manacor y al Govern balear para clausurar inmuebles que incumplan los requisitos mínimos de superficie, ventilación y seguridad por persona. Estas competencias administrativas discurren en paralelo a la investigación penal y pueden desembocar en el desalojo cautelar del inmueble, medida que, según las informaciones disponibles, ya se habría adoptado tras la intervención policial.
El fenómeno del llamado «alquiler de camas» —el subarriendo de plazas o habitaciones en inmuebles que no reúnen condiciones legales— se nutre de la escasez de vivienda asequible y de la vulnerabilidad de trabajadores temporeros, muchos de ellos de origen extranjero, atraídos a las islas por la demanda estacional de los sectores turístico y agrícola. El precio medio del alquiler en Baleares figura entre los más altos de España, según los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Vivienda, lo que agrava la presión sobre los segmentos de renta más baja.
Casos comparables se han sucedido en los últimos años en distintos puntos de Mallorca, donde inspecciones municipales han detectado pisos y naves reconvertidos en alojamientos masivos sin licencia, con literas o colchones repartidos por el suelo. Estas actuaciones suelen combinar la intervención de la Policía Nacional o Local, que documenta las condiciones del inmueble, con la posterior labor de los servicios sociales, encargados de realojar de forma provisional a los ocupantes mientras se resuelve su situación.
La investigación deberá esclarecer si existieron otros inmuebles gestionados por la misma persona en condiciones similares, tal y como apuntan los antecedentes que se le atribuyen, y si hubo terceros implicados en la captación de inquilinos o en el cobro de las cuotas mensuales. De confirmarse estos extremos, la causa podría ampliarse a otras direcciones dentro del municipio.
La instrucción determinará si los hechos son constitutivos de delito y, en su caso, el grado de responsabilidad que corresponda, un proceso que en causas de esta naturaleza suele extenderse varios meses antes de que el juzgado decida si eleva la causa a juicio oral o la archiva por falta de pruebas. En paralelo, el expediente administrativo abierto por las condiciones de habitabilidad podría resolverse con anterioridad, al regirse por plazos propios y competencias distintas de las judiciales.
