La fórmula de coalición entre populares y regionalistas navarros no es nueva: ambas formaciones ya gobernaron juntas la Comunidad Foral en distintas legislaturas desde la Transición, con Miguel Sanz como presidente durante más de una década y, más recientemente, bajo el mandato de Yolanda Barcina. El bloque se rompió en 2015, cuando una moción de censura promovida por una coalición de izquierdas y nacionalistas desalojó a UPN del Gobierno foral tras más de treinta años de hegemonía casi ininterrumpida.
Desde entonces, Navarra ha estado gobernada por coaliciones de izquierda y nacionalismo vasco, con Uxue Barkos primero y María Chivite después al frente del Ejecutivo foral. La recomposición de la alianza entre PP y UPN, de confirmarse, supondría el intento más serio hasta la fecha de revertir ese ciclo y recuperar un espacio político que ambos partidos consideran propio.
El elemento más singular del pacto sería el compromiso de eliminar la vía de incorporación de Navarra al País Vasco que recoge la disposición transitoria cuarta de la Constitución española. Ese precepto, vigente desde 1978, habilita un procedimiento excepcional —iniciativa de un tercio del Parlamento foral, ratificación por referéndum y aprobación de las Cortes Generales— para que Navarra pudiera integrarse en la comunidad autónoma vasca si así lo decidiera.
La disposición nunca se ha activado en casi cinco décadas de vigencia constitucional, pero ha funcionado como referencia simbólica tanto para sectores nacionalistas vascos que reivindican la unidad de los territorios forales como para quienes, desde el navarrismo, defienden la singularidad foral de Navarra frente a cualquier fórmula de integración. Su eventual supresión requeriría una reforma constitucional, un procedimiento que exige mayorías cualificadas en las Cortes Generales y que en España solo se ha empleado en dos ocasiones desde 1978.
El PSOE, con Chivite al frente del Gobierno foral desde 2019, afronta la cita electoral del 29 de noviembre en un contexto de fragmentación parlamentaria que ha caracterizado la legislatura navarra, sostenida con el apoyo de fuerzas como Geroa Bai, Contigo-Zubiat e Izquierda-Ezkerra. La eventual recomposición del bloque PP-UPN buscaría ofrecer una alternativa de gobierno con capacidad de sumar mayoría frente a ese espacio.
Los antecedentes recientes de pactos preelectorales en Navarra muestran, sin embargo, que la aritmética parlamentaria foral suele depender de actores bisagra difíciles de prever antes del recuento de votos. La propia salida de UPN del Gobierno en 2015 se produjo precisamente por una moción de censura que agrupó a fuerzas dispares en torno a un objetivo común, un precedente que ilustra la volatilidad de las mayorías en el Parlamento de Navarra.
El pulso navarro se enmarca en una dinámica foral y vasca que atraviesa también la gestión local, como refleja el debate sobre tasas municipales recogido en la información sobre cómo Gautegiz congela sus tributos pero sube un 25% la basura; Eskoriatza sube todo un 3%. El 29 de noviembre medirá si la alianza entre PP y UPN logra revertir el ciclo de gobiernos de izquierda y nacionalismo abierto en 2015.
