El selectivo madrileño, que agrupa a las 35 mayores cotizadas españolas por capitalización y liquidez, encadena en las últimas sesiones máximos históricos sucesivos. Entre los valores que más lo impulsaban en la apertura de este miércoles figuraban Acciona, con una subida del 1,98%, ACS (+1,75%), Acciona Energía (+1,23%) y Ferrovial (+1,20%), todas ligadas a la construcción de infraestructuras y la transición energética. En el lado contrario, CaixaBank cedía un 0,42%, Grifols un 0,35%, y Rovi e Inditex retrocedían un 0,34% cada una, en una jornada de correcciones moderadas para banca y consumo.
El Brent, referencia para Europa, avanzaba un 0,7% hasta los 89,5 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, se acercaba a los 84 dólares tras subir cerca de un 0,9%. El contraste entre los récords en renta variable y la escalada del crudo resume la tensión de la jornada: el apetito inversor convive con el temor a una disrupción del suministro energético desde Oriente Próximo.
Ormuz, entre el control que reivindica Trump y las condiciones de Teherán
La presión sobre el crudo se localiza en el estrecho de Ormuz, paso marítimo por el que, antes del conflicto entre Israel e Irán del pasado junio, transitaba en torno a una cuarta parte del petróleo y el gas comercializado en el mundo. Su control estratégico ha sido durante décadas motivo de fricción entre Teherán y Washington, con precedentes que se remontan a la llamada «guerra de los petroleros» de los años ochenta, durante el conflicto entre Irán e Irak, cuando ambas partes atacaron buques mercantes en el golfo Pérsico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su país ejerce un control «total» sobre el estrecho. «Ahora mismo tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ellos (los iraníes) no lo controlan. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro», declaró el mandatario. Frente a esa versión, el nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezai, condicionó horas antes la reapertura efectiva del paso a que se alcance un alto el fuego que incluya Líbano y la Franja de Gaza, al fin del bloqueo económico estadounidense sobre Teherán y a la liberación de fondos iraníes retenidos en el extranjero. La disparidad entre ambas posiciones anticipa que la incertidumbre sobre el suministro energético seguirá siendo un factor de riesgo para los mercados.
A la tensión geopolítica se suma un dato macroeconómico relevante. La inflación definitiva de Alemania de julio, publicada este miércoles antes de la apertura de los mercados, confirmó un incremento del 0,8% respecto al mes anterior y del 2,8% interanual, la mayor subida de precios en el país en tres meses. El repunte se atribuye al encarecimiento de la factura energética y de los combustibles, tras la finalización el pasado 30 de junio de las ayudas públicas que habían contenido los precios de la energía. Ese dato, sumado a la presión petrolera, coloca en el centro de la atención de los inversores la publicación este miércoles del índice de precios de consumo de Estados Unidos, referencia que el mercado analizará para calibrar los próximos movimientos de la Reserva Federal sobre los tipos de interés.
Las principales bolsas europeas mostraban un comportamiento mixto en la apertura: Londres y París registraban descensos moderados, mientras que Fráncfort y Milán se anotaban subidas similares a las de Madrid, en torno al 0,2%. En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar, un movimiento habitual cuando aumenta la percepción de riesgo geopolítico, que suele favorecer al billete verde como activo refugio.
El revés judicial en el 'caso Antin'
En paralelo a la jornada bursátil, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia autorizó a los acreedores del denominado 'caso Antin' a avanzar en el embargo y ejecución de activos del Reino de España en territorio estadounidense, así como a registrar la sentencia en otros distritos judiciales del país. La decisión supone un revés para la estrategia jurídica sostenida hasta ahora por el Gobierno español para eludir el pago de los laudos internacionales derivados del recorte retroactivo a las primas de las energías renovables aprobado durante la crisis económica de la pasada década.
El litigio tiene su origen en las inversiones realizadas por los fondos Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar en plantas solares españolas, acogidas al marco de incentivos que el Estado aprobó para impulsar las renovables y que posteriormente modificó de forma retroactiva. Los inversores acudieron entonces al arbitraje internacional alegando una vulneración del Tratado de la Carta de la Energía, convenio multilateral firmado en 1994 que protege las inversiones en el sector energético entre los países signatarios y bajo cuyo amparo España acumula varios laudos desfavorables en la última década.
El Gobierno español ha sostenido en procedimientos similares que la aplicación de los laudos vulnera el derecho comunitario, en línea con la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Achmea, que cuestiona la compatibilidad de los arbitrajes de inversión intracomunitarios con los tratados europeos. Los fondos demandantes, por su parte, defienden que España debe cumplir las sentencias arbitrales conforme al Convenio CIADI, del que el país es parte, con independencia de esa controversia jurídica paralela.
De cara a las próximas semanas, los inversores mantendrán la atención en dos frentes simultáneos: la evolución del conflicto en Oriente Próximo y su impacto sobre el suministro y el precio del petróleo, y la publicación de datos de inflación en Estados Unidos y la eurozona que condicionarán las decisiones de los bancos centrales en sus próximas reuniones. En España, el desenlace del litigio del 'caso Antin' añade una variable sobre el coste fiscal del recorte a las renovables, un pasivo contingente que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha señalado en informes previos como riesgo latente para las cuentas públicas.


