La negociación se centra en la Cámara alta, donde el sistema de elección combina listas provinciales por sufragio directo con senadores designados por los parlamentos autonómicos. Esa doble vía abre la puerta a repartos que no dependen únicamente del resultado en las urnas, y es ahí donde el PP buscaría compensar a Vox si acepta no competir en algunas provincias. Feijóo defendió la operación como una forma de evitar que la dispersión del voto de centroderecha facilite la papeleta conjunta de PSOE y Frente Amplio.
«Feijóo quiere un pacto», declaró el líder del PP en la entrevista concedida a Cope este martes, en referencia a su disposición a cerrar un acuerdo con Vox para las listas al Senado.
Con ese movimiento, los populares aspiran a alcanzar los tres quintos de la Cámara alta, el umbral que permite realizar determinados nombramientos institucionales sin necesidad de negociar con los socialistas. La Constitución exige esa mayoría de tres quintos para la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional o la parte del Consejo General del Poder Judicial que corresponde al Senado, procesos bloqueados durante años por la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos.
El planteamiento de Feijóo llega después de que Vox barajara, según publicó la prensa, la posibilidad de no presentarse al Senado en algunas provincias para evitar el riesgo contrario: que una dispersión del voto de derechas facilitara una mayoría de izquierdas en la Cámara alta. Ambas formaciones coinciden en el diagnóstico, aunque las negociaciones sobre el reparto concreto de circunscripciones y de senadores autonómicos seguían abiertas.
El líder del PP condicionó la generosidad de su partido al grado de implicación de Vox en la estrategia conjunta y dirigió el mensaje directamente a Santiago Abascal para acelerar las conversaciones. El trasfondo es la configuración de dos frentes por el control de la Cámara alta: de un lado, la candidatura conjunta de PSOE y Frente Amplio; del otro, la posible coordinación entre PP y Vox. El resultado determinará la capacidad de bloqueo o impulso del Senado sobre nombramientos que requieren mayorías reforzadas.
La cesión de senadores de designación autonómica como moneda de cambio no es inédita en la práctica parlamentaria española, donde los parlamentos regionales han servido para compensar equilibrios que las urnas no garantizan: el Senado permite a cada comunidad designar al menos un senador y uno más por cada millón de habitantes, al margen del resultado provincial. El pulso por la Cámara alta se suma a un ciclo de tensión política marcado en las últimas semanas por iniciativas como la huelga general por la vivienda del 11-N registrada por siete sindicatos.
Vox tendría que decidir si renuncia a presentarse en algunas provincias antes de que se agoten los plazos de la campaña hacia el 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales.