La investigación arrancó el 27 de enero de 2024, cuando un grupo de individuos irrumpió con dos vehículos en una empresa mayorista de jamones, embutidos y quesos de Leganés. Aquel primer golpe, ejecutado con un BMW 530 xDrive, resultaría ser el arranque de una larga cadena de asaltos con idéntico patrón, según fuentes de la investigación policial. Los agentes del Grupo XXIV comenzaron a rastrear ese mismo turismo, que reapareció en golpes sucesivos en polígonos industriales de Getafe, San Blas, Fuencarral-El Pardo y Villa de Vallecas, este último dentro del recinto de Mercamadrid.
El grupo, según las mismas fuentes, amplió progresivamente su parque de vehículos con un Lexus, un Peugeot Partner y un Seat León, pero mantuvo el BMW como herramienta habitual, cambiándole las placas de matrícula antes de cada golpe. Varias de esas matrículas habrían sido sustraídas previamente de otros vehículos para dificultar la identificación por las cámaras de seguridad de polígonos y naves. Ese patrón —cambio sistemático de placas y uso de coches sustraídos— se convirtió, en palabras de las fuentes policiales, en «el primer hilo del que tirar» para los investigadores, que fueron localizando de forma paulatina los turismos empleados y, con ellos, a sus ocupantes.
El trabajo de campo permitió acreditar que detrás de los golpes no operaba una banda cerrada, sino una alianza flexible entre delincuentes españoles y de Europa del Este. La investigación identificó a cinco personas de nacionalidad serbia y dos de nacionalidad rumana que habrían actuado coordinadamente con Carlos F. G. y otros tres cómplices españoles, nacidos en la década de los noventa. Según las pesquisas, el grupo repartía roles de forma diferenciada, aunque no siempre con la misma composición: «Nunca iban todos a cometer un robo, a veces lo hacían unos y al siguiente, otros», señalan las fuentes consultadas.
Los vehículos utilizados rara vez estaban registrados a nombre de los investigados, otro obstáculo añadido para la instrucción. Entre enero de 2024 y los meses de junio y julio de 2026, cuando se practicaron las detenciones, la organización habría cometido un total de 25 hechos delictivos, según el cómputo policial: robo con fuerza, robo y hurto de uso de vehículos, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Carlos F. G., de 40 años y vecino del sur de Madrid, acumula 25 detenciones solo en las bases de datos de la Policía Nacional, a las que se suman otras registradas por distintos cuerpos policiales a lo largo de su trayectoria. Su entorno lo conoce como 'Carlitos', apodo que contrasta con la extensión de su historial. Su trayectoria en el mundo de los butrones se remonta a su etapa junto al ya fallecido 'Cásper', considerado en el entorno policial como cabeza de una saga criminal dedicada durante años a este tipo de asaltos en Madrid, de quien habría heredado parte de su red de contactos y su presunto liderazgo en varias bandas activas.
De la sustracción de matrícula a la pertenencia a grupo criminal
El fenómeno de los butrones —asaltos mediante la apertura de boquetes en muros o techos para acceder a comercios y naves sin activar las alarmas perimetrales— cuenta con una larga tradición delictiva en Madrid, donde las fuerzas de seguridad llevan décadas dedicando unidades específicas a su investigación por la sofisticación técnica que exigen. Ya en los años noventa y dos mil, la capital vivió oleadas de alunizajes y butrones a joyerías del centro que obligaron a reforzar los dispositivos policiales; el desplazamiento hacia polígonos y naves de la periferia, con menor vigilancia, es una evolución posterior de ese mismo modus operandi.
El delito de pertenencia a grupo criminal se incorporó al Código Penal en la reforma de 2010, que distinguió entre la organización criminal —con estructura estable y reparto de funciones— y el grupo criminal, de estructura más laxa. La calificación tiene consecuencias penales relevantes, pues agrava las penas de los delitos base cometidos por sus integrantes. La falsedad documental y el hurto de uso de vehículo que la Policía atribuye a la trama encajan en la mecánica descrita: matrículas postizas y coches ajenos para blindar el anonimato.
Al tratarse de una causa en fase de instrucción, los once investigados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista un pronunciamiento judicial firme. Corresponderá al juzgado de instrucción competente en Madrid determinar si las diligencias policiales y las pruebas recabadas son suficientes para la apertura de juicio oral contra alguno o todos los detenidos. La decisión sobre medidas cautelares —entre ellas la prisión provisional— corresponde en exclusiva al juzgado instructor, que valora el riesgo de fuga o de reiteración delictiva sin que ello prejuzgue la culpabilidad de los afectados.
Las defensas de los investigados podrán recurrir tanto las medidas cautelares que se adopten como la eventual calificación de los hechos, y solicitar la práctica de diligencias que consideren favorables durante la instrucción. En el sistema procesal español, el juez debe dar traslado a todas las partes personadas antes de resolver sobre el procesamiento, garantizando el derecho de contradicción de cada uno de los once encausados.
El próximo paso procesal será la resolución del juzgado sobre la situación de cada detenido y la continuación de las diligencias, que pueden prolongarse durante meses dada la complejidad de una causa con once investigados, una veintena de hechos y vehículos repartidos por varios municipios. El caso se enmarca en una serie de operaciones contra bandas de butroneros en el área metropolitana de Madrid, un fenómeno que las autoridades vinculan con frecuencia a redes que combinan delincuentes locales con especialistas del este de Europa, atraídos por naves y polígonos con menor vigilancia que el centro urbano.
