El rescate de Bankia, aprobado en mayo de 2012 en plena crisis de la deuda soberana, fue la mayor intervención pública de una entidad bancaria de la historia reciente del país. El Estado inyectó entonces cerca de 22.400 millones de euros a través del FROB para evitar la quiebra de la entidad, nacida en 2010 de la fusión de siete cajas de ahorros —entre ellas Caja Madrid y Bancaja—, arrastradas por el estallido de la burbuja inmobiliaria y su exposición al crédito promotor. La operación convirtió al Estado en accionista de control, con más del 60% del capital en los años posteriores.
Sucesivos gobiernos fueron reduciendo esa participación mediante colocaciones en el mercado, hasta que en 2021 se ejecutó la fusión con CaixaBank, en la que el FROB recibió acciones de la entidad resultante a cambio de su paquete en Bankia. Esa operación diluyó el porcentaje estatal hasta el 18% actual. El caso de Bankia se distingue de otras intervenciones de aquellos años —Catalunya Banc, NCG Banco (Novagalicia) o Banco de Valencia, finalmente vendidas a grupos privados— por el volumen de la ayuda y por ser la única en la que el Estado ha mantenido una participación pública activa durante más de una década.
Según la memoria anual del FROB correspondiente a 2025, el organismo obtuvo un beneficio de 725,3 millones de euros, un 16,9% más que el ejercicio anterior, y transfirió 550 millones al Tesoro Público. Ese resultado se explica en buena parte por los dividendos recibidos de CaixaBank, cuyos beneficios han crecido en los últimos ejercicios al calor de la subida de los tipos de interés oficiales que aplicó el Banco Central Europeo entre 2022 y 2023 y de su posterior estabilización en niveles elevados.
Sumando todos los ejercicios desde 2014, cuando Bankia retomó el reparto de dividendo tras los años más duros de la reestructuración, el Estado ha percibido ya unos 3.400 millones de euros solo por ese concepto, de acuerdo con la citada memoria. La cifra no incluye las plusvalías o minusvalías de las ventas parciales de acciones realizadas antes de la fusión con CaixaBank, ni el valor de mercado de la participación que el FROB conserva en la entidad.
Un balance que sigue en números rojos
Pese a estos ingresos, el resultado global del rescate continúa siendo negativo para las cuentas públicas. El propio FROB ha reconocido en memorias anteriores que difícilmente se recuperará la totalidad de los 22.400 millones inyectados en 2012: el valor de mercado de la participación remanente, sumado a lo recaudado en dividendos y en ventas de acciones, se mantiene por debajo de la cifra inicial. La factura definitiva no se cerrará hasta que el Estado desinvierta el paquete que aún conserva.
El Ministerio de Economía, del que depende el FROB, no ha fijado un calendario público para la desinversión completa del 18%. Los titulares de la cartera han defendido en comparecencias parlamentarias que la venta debe ejecutarse de forma gradual y en condiciones de mercado favorables, para maximizar el retorno y no presionar a la baja la cotización del banco. El Gobierno sostiene, además, que los dividendos cobrados mientras se mantiene la posición contribuyen a paliar el coste del rescate para los contribuyentes.
Esa estrategia ha sido cuestionada por parte de la oposición. El Partido Popular ha reclamado en distintas ocasiones mayor transparencia sobre los criterios que guían las decisiones del FROB y ha señalado que el proceso de desinversión se ha alargado en exceso. Vox ha criticado la gestión del rescate desde su origen, mientras que en Sumar y otras formaciones a la izquierda del PSOE se ha planteado que el Estado mantenga una presencia permanente en la banca sistémica como herramienta de política económica, una posición sin respaldo mayoritario en el arco parlamentario.
El marco jurídico condiciona los tiempos de la operación. Cualquier venta relevante del paquete —una colocación acelerada entre inversores institucionales o una venta en bloque— debe comunicarse previamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, conforme a la normativa sobre información privilegiada aplicable a las sociedades cotizadas, y requiere el correspondiente respaldo del Consejo de Ministros dado el carácter estratégico del activo.
A escala europea, el rescate bancario español se enmarcó en el programa de asistencia financiera acordado entre España y el Eurogrupo en 2012, que puso a disposición hasta 100.000 millones de euros a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y, después, del Mecanismo Europeo de Estabilidad, de los que España utilizó solo una parte para recapitalizar el sector. Aquel episodio aceleró la creación del Mecanismo Único de Supervisión, operativo desde 2014 bajo el paraguas del Banco Central Europeo, que trasladó la supervisión de las grandes entidades del ámbito nacional al europeo.
La evolución bursátil de CaixaBank, entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri, ha jugado a favor de los intereses del Estado como accionista, con una revalorización notable desde la fusión con Bankia y en paralelo a la mejora de la rentabilidad del conjunto del sector bancario español. El aumento de los ingresos por intereses tras el ciclo de subidas de tipos ha elevado los beneficios agregados de la banca en los últimos ejercicios.
De cara a los próximos meses, no hay indicios de que el Gobierno vaya a acelerar la venta de la participación. El FROB ha indicado en su memoria que continuará gestionando el paquete de forma ordenada y en función de las condiciones de mercado, sin comprometerse a plazos concretos. Mientras tanto, cada nuevo reparto de dividendo de CaixaBank seguirá engrosando lo recaudado por el Estado y estrechando —sin llegar a cerrar— la brecha respecto a los más de 22.000 millones desembolsados hace más de una década.
