Los datos del INE sitúan los asalariados públicos en 3.646.900 personas en el segundo trimestre de 2026, frente a los 3.117.800 del mismo trimestre de 2018, un incremento del 16,9%. El colectivo de autónomos pasó de algo más de 3,08 millones a alrededor de 3,19 millones en idéntico periodo, un avance del 3,1%. La comparación de ambas series arroja que el empleo público creció aproximadamente cinco veces más rápido que el trabajo por cuenta propia.
La EPA del segundo trimestre introduce, no obstante, un matiz respecto a la tendencia de los ejercicios anteriores: entre abril y junio el empleo público registró un ligero retroceso, mientras que la práctica totalidad de los puestos creados en el trimestre se concentraron en el sector privado. Los autónomos, por su parte, no aprovecharon el comportamiento general del empleo y anotaron un descenso trimestral.
Oposiciones y estabilización de temporales
El crecimiento del empleo público durante la legislatura se explica en buena medida por dos fenómenos concurrentes: la convocatoria de oposiciones en sectores como sanidad, educación, administración general, fuerzas y cuerpos de seguridad y universidades públicas, y el proceso de estabilización de empleo temporal impulsado tras la Ley 20/2021, que fijó el objetivo de situar la tasa de temporalidad por debajo del 8% en las administraciones.
Ese proceso, que obligó a convocar procesos selectivos extraordinarios antes del cierre de 2024, consolidó como fijos a decenas de miles de empleados que antes figuraban como interinos o temporales. En términos estadísticos de la EPA se traduce en una fotografía de empleo público más numeroso, aunque no necesariamente en una creación neta equivalente de nuevas plazas.
El empleo público depende fundamentalmente de decisiones presupuestarias, ofertas públicas de empleo y tasas de reposición fijadas por ley, mientras que el trabajo por cuenta propia está más directamente vinculado al ciclo económico, el consumo interno, el acceso al crédito y los costes laborales, lo que explica su mayor sensibilidad a la coyuntura.
En anteriores balances de la EPA, el Gobierno ha subrayado el comportamiento global del mercado laboral y ha defendido el refuerzo de plantillas públicas como respuesta a las necesidades de servicios esenciales como la sanidad o la educación tras los recortes de la crisis de 2008-2014. No ha ofrecido de forma inmediata una valoración específica sobre esta comparación entre ambos colectivos.
El estancamiento de los autónomos
Las organizaciones representativas de los autónomos vienen denunciando desde hace años el estancamiento del colectivo, atribuido al envejecimiento de su base, la escasa incorporación de nuevos emprendedores, el aumento de los costes de cotización y las dificultades para garantizar el relevo generacional en negocios familiares y profesionales.
El sistema de cotización por ingresos reales, aprobado por el Real Decreto-ley 13/2022 y en vigor desde enero de 2023, obliga a los autónomos a cotizar según su previsión de rendimientos netos anuales mediante una tabla de tramos. Las asociaciones del sector han reclamado en reiteradas ocasiones una revisión de esos tramos y bonificaciones adicionales para el inicio de la actividad, mientras el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sostiene que el modelo ajusta las cuotas a la capacidad económica real de cada trabajador.
Un precedente comparable se registró durante los gobiernos de Felipe González en los años ochenta y noventa, cuando el desarrollo del Estado autonómico y la construcción de la sanidad y la educación públicas universales impulsaron un crecimiento sostenido del empleo público que superó con holgura al del trabajo por cuenta propia en varios periodos. Las comparaciones directas, no obstante, se ven limitadas por los cambios metodológicos que la EPA ha experimentado a lo largo de las décadas.
Según las comparativas de Eurostat, España mantiene una proporción de autónomos sobre el empleo total superior a la de países como Alemania o Francia, mientras el peso del empleo público sobre el conjunto de ocupados se sitúa en niveles próximos a la media de la Unión Europea.
De cara a los próximos trimestres, el foco estará en si el retroceso del empleo público detectado entre abril y junio de 2026 se confirma como una inflexión de la tendencia expansiva de los últimos ocho años o si se trata de una fluctuación coyuntural, algo que solo podrá determinarse con los datos de la EPA del tercer trimestre, que el INE tiene previsto publicar en octubre. Igualmente relevante será comprobar si las medidas de apoyo a los autónomos logran revertir el estancamiento del colectivo o si persiste la brecha estructural entre ambos segmentos del mercado laboral.
