La divergencia entre cotizaciones y sueldos remite a la llamada cuña fiscal sobre el factor trabajo, el concepto que mide la diferencia entre lo que cuesta un empleado a la empresa y lo que percibe en su nómina. Cuanto mayor es esa cuña, mayor es el desincentivo teórico a la contratación y menor el margen para subidas salariales netas, según analiza la OCDE al comparar la fiscalidad laboral de sus miembros.
Tres factores explican buena parte del alza: las subidas de las bases máximas de cotización, el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) para reforzar la hucha de las pensiones y los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional, que arrastran al alza las bases mínimas. El SMI pasó de 735,9 euros mensuales en 2018 a 1.184 euros en 2025, un aumento superior al 60%.
El MEI, en vigor desde enero de 2023, se aplica sobre todas las nóminas para engrosar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ante la jubilación de la generación del baby boom. Su tipo arrancó en el 0,6% repartido entre empresa y trabajador y está programado para escalar de forma gradual hasta 2029.
El Ejecutivo ha elevado también las bases máximas por encima del IPC en los últimos ejercicios, una medida que afecta a los salarios más altos y que forma parte de la reforma de pensiones pactada con Bruselas para garantizar la sostenibilidad del sistema. El destope progresivo de esas bases figura entre los compromisos ligados a los fondos europeos.
Los datos del INE, recogidos en su Contabilidad Nacional, sitúan el coste laboral no salarial en una senda ascendente en un contexto de moderación salarial pactada en la negociación colectiva. La comparación con la escalada de la inflación es directa: en 2021 y 2022 el IPC llegó a superar el 10% interanual en algunos meses, según los propios registros del organismo.
La CEOE ha advertido en foros públicos y comparecencias parlamentarias de que el incremento sostenido de las cotizaciones erosiona la competitividad de las empresas españolas frente a sus competidoras europeas y limita la creación de empleo estable, en especial en sectores intensivos en mano de obra. El diagnóstico enlaza con el análisis sobre cómo la presión fiscal merma el poder adquisitivo de las clases medias, un debate que ha ganado peso a medida que se conocían nuevos datos sobre vivienda y renta de los hogares.
El primer gran destope de las bases máximas en democracia data de la reforma de 2011, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero elevó la edad de jubilación a 67 años y ajustó parámetros del sistema, un precedente que marcó el giro hacia la contención del gasto en pensiones.
La Seguridad Social ha defendido en sus balances anuales que el aumento de la recaudación por cotizaciones resultó clave para que el sistema registrara superávit en su parte contributiva en los últimos ejercicios, tras años de déficit estructural agravado por la crisis financiera de 2008 y su impacto sobre el empleo.
