El debate sobre el absentismo laboral en España se ha intensificado con el aumento sostenido del gasto en prestaciones por IT. Detrás de la cifra agregada, el informe de la Airef perfila una realidad más matizada: no todos los sectores producen bajas con la misma frecuencia, y menos aún las repiten con la misma intensidad. El impacto de la incapacidad temporal, señala el organismo, se distribuye de forma «estructural» y muy heterogénea entre actividades.
Los tres sectores con mayor incidencia son el sanitario, el administrativo y auxiliar, y el de empleados de las administraciones públicas. En el ámbito de la salud, según la Airef, una de cada dos personas que se encontraban de baja en el último ejercicio analizado ya había atravesado esa misma situación el año anterior. Entre administrativos y auxiliares la proporción se acerca a cinco de cada diez, y cifras similares se registran en la administración pública, el transporte, la educación y las finanzas.
El contraste con otras actividades es marcado. Solo el 6% de los trabajadores del campo estuvieron de baja en 2024 sin haber registrado un proceso el año anterior, según el mismo informe. La construcción y el trabajo doméstico, pese a su exigencia física, figuran también entre las actividades con menor absentismo, junto con las ocupaciones artísticas y científicas, dos ámbitos marcados además por una notable precariedad contractual. Que agricultores, albañiles o limpiadores encabecen la lista de quienes menos bajas repiten es, según la Airef, uno de los rasgos más llamativos de la radiografía.
La concentración del fenómeno en pocos trabajadores
El elemento que más subraya la Airef no es tanto el número total de bajas como su concentración en un grupo reducido de trabajadores. El organismo apunta que el 50% de quienes solicitan una incapacidad temporal acumulan el 77% de todos los episodios registrados en 2024, un desequilibrio que ha ido a más. La reiteración —las personas que causan baja más de una vez en el mismo año— es, según el organismo, «uno de los factores que han provocado el aumento del gasto en el absentismo laboral y también de las incidencias».
La tendencia se ha acelerado en los últimos años. En 2017, solo el 23% de quienes causaron una baja repitieron proceso en el mismo ejercicio; siete años después, ese porcentaje roza el 32%, casi nueve puntos más, según los cálculos de la Airef. Haber estado de baja el año anterior multiplica por 2,5 la probabilidad de solicitar una nueva, un patrón que el organismo identifica como uno de los principales motores del incremento del gasto.
El sistema de Seguridad Social destina actualmente a las prestaciones por IT más de 33.000 millones de euros al año, según los datos manejados por la Airef, una cifra que marca máximos históricos. El aumento del empleo, que ha llevado la afiliación a más de 22 millones de trabajadores según los registros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, explica solo una parte de esa subida: las bajas crecen muy por encima del ritmo al que avanza el mercado laboral.
Lecturas enfrentadas y marco normativo
Distintas patronales se preguntan, en su análisis, si España «es un país mucho más enfermo que el resto», y subrayan que el crecimiento de las bajas supera con holgura la expansión del empleo. Desde estas organizaciones se apunta a la necesidad de revisar los mecanismos de control y seguimiento de las incapacidades, especialmente en los sectores donde la reiteración es más alta. Frente a esa lectura, los sindicatos y las organizaciones profesionales del ámbito sanitario y de la función pública atribuyen buena parte del fenómeno a las condiciones específicas de esos empleos: la exposición a agentes patógenos, la carga psicosocial de la atención al público, los turnos y guardias y el envejecimiento de unas plantillas sometidas a sobrecarga asistencial.
El marco que regula la IT en España distingue entre bajas por contingencias comunes, gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o las mutuas colaboradoras, y las derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional. La duración máxima ordinaria es de 365 días, prorrogables otros 180 en determinados supuestos, y el control de los procesos corresponde a los servicios públicos de salud, sin perjuicio de las revisiones que pueden solicitar las mutuas o el propio INSS. El seguimiento de las altas y las revisiones médicas es precisamente uno de los puntos sobre los que gravitan las demandas de reforma.
No es la primera vez que España afronta un debate de este tipo. A finales de los años noventa y de nuevo tras la crisis de 2008, distintos gobiernos abordaron reformas del sistema de IT para reducir el fraude y agilizar los controles médicos, con resultados desiguales. La singularidad del momento actual reside en el peso adquirido por la reiteración de procesos, un fenómeno menos estudiado hasta ahora que el volumen bruto de bajas.
Para las empresas de los sectores más afectados, la repetición de procesos plantea un problema de gestión que trasciende el coste directo: sustituciones recurrentes, presión añadida sobre el resto de la plantilla y dificultad para planificar turnos en servicios que, como la sanidad, no admiten interrupción. En el extremo opuesto, la baja incidencia en el campo o la construcción, pese a su dureza física, abre interrogantes sobre la relación entre tipo de contrato, estabilidad laboral y propensión a solicitar una baja.
La Airef, en su papel de organismo fiscalizador independiente, ha reclamado en sucesivos informes una revisión de los mecanismos de seguimiento de los procesos de incapacidad temporal, sin que por el momento se haya fijado un calendario de reforma. La evolución de la tasa de reiteración por sectores será uno de los elementos que previsiblemente marquen el próximo debate presupuestario sobre el gasto en Seguridad Social, en un contexto condicionado además por el envejecimiento poblacional y su efecto sobre el gasto en pensiones.
