En esta fase, el juez de garantías debe decidir cuáles de las pruebas presentadas por la Fiscalía y por la defensa resultan conducentes para el juicio y cuáles quedan excluidas del proceso. La diligencia estaba prevista para el 23 de julio pasado, pero fue suspendida y reprogramada para este lunes, cuando se definirá si el caso avanza a la etapa de juicio oral.
Junto a López figuran en la causa los también dirigentes del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) Saúl Méndez y Erasmo Cerrud, ninguno presente en el proceso. Méndez obtuvo asilo en Bolivia y luego se trasladó a Venezuela; Cerrud solicitó asilo político y permanece bajo protección de Nicaragua. López mantiene una medida cautelar de reporte periódico y brazalete electrónico, modalidad que un juez de garantías dispuso en febrero de 2026 al sustituir el arresto domiciliario que pesaba sobre él.
El origen del caso se remonta a una sentencia laboral de 2011 que condenó a la empresa Pillar Construction, S.A. —posteriormente rebautizada Bastimentos Holding— al pago de unos $7 millones en salarios caídos, prestaciones y costas legales a 412 trabajadores del proyecto inmobiliario Red Frog. Ante la imposibilidad de pago, la empresa pactó un acuerdo extrajudicial con los obreros, representados por el Suntracs, para entregarles 14 fincas valoradas entonces en $3 millones.
Según la investigación de la Fiscalía, iniciada en 2022 tras una denuncia de los propios trabajadores del Suntracs, los dirigentes habrían usado esas fincas como garantía de un préstamo hipotecario suscrito con la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs. La pesquisa determinó que la cooperativa carecía de fondos suficientes para otorgar el crédito, por lo que habría sido el propio sindicato el que prestó el dinero, por un monto de $3 millones.
La aprehensión de las 14 propiedades fue declarada legal en agosto de 2025 por la juez de garantías Sheryl Toullier, decisión que el Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo después. En mayo, la juez de garantías Jazmín Jaén había rechazado una petición de la Fiscalía para extender el plazo de investigación por un año adicional, al considerar que el ente acusador debía ajustarse a los términos ya establecidos.
Antonio Vargas, integrante del equipo de defensa del Suntracs, sostuvo que la Fiscalía no ha probado la existencia de los delitos de blanqueo de capitales ni de falsedad imputados a López. A su juicio, se trata de una disputa de naturaleza laboral o civil que debería dirimirse en esas jurisdicciones y no en la vía penal, y que el caso original, el que derivó en la entrega de las fincas, ya fue resuelto en los tribunales de Bocas del Toro.
Vargas alegó además que el proceso ha sido utilizado por el gobierno como herramienta de persecución política contra el Suntracs, en lo que describió como un intento de desmembrar a esa y otras organizaciones sindicales. La controversia judicial contra sus dirigentes coincide con otros litigios recientes de la jurisdicción contencioso-administrativa, como el que mantiene la constructora Meco al reclamar $20 millones al MOP por la entrega de la vía Viguí-San Félix.
La audiencia de este lunes definirá si el caso contra Génaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud avanza al juicio oral o si el juez de garantías excluye parte o la totalidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.