El mecanismo de solidaridad interterritorial, que permite movilizar dosis entre comunidades autónomas en situaciones de necesidad extraordinaria, se activó formalmente el 24 de agosto tras varias semanas de presión asistencial en los centros sanitarios ceutíes. El acuerdo contempla el envío de hasta 45.000 dosis: 15.000 de triple vírica, 10.000 de difteria-tétanos, 10.000 de varicela y 10.000 de polio, según el reparto pactado entre el Ministerio y los servicios autonómicos de salud.
La puesta en marcha efectiva del operativo se habría retrasado por la ausencia de un canal centralizado de coordinación. Cataluña y la Región de Murcia optaron por enviar sus remesas directamente a Ceuta sin esperar a la validación ministerial, mientras que otras comunidades tienen previsto remitir sus dosis a los almacenes de INGESA en Madrid en las próximas horas, una vez que el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, ha terminado de cerrar los protocolos logísticos, siete días después del anuncio inicial de la ministra.
La normativa vigente en materia de gestión de crisis sanitarias no fija un plazo legal estricto para este tipo de operativos, pero la propia naturaleza urgente con la que Sanidad presentó la medida —ante el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación en una población con historial inmunitario desconocido— situaba la expectativa en un margen de entre 48 y 72 horas, según fuentes del sector sanitario consultadas.
Un censo abierto y sin historial vacunal
Uno de los mayores interrogantes de la operación es a quién exactamente hay que vacunar. Las cifras de menores acogidos han variado conforme avanza la identificación y filiación: a finales de agosto se manejaba una cifra cercana a los 1.500 menores acogidos oficialmente, mientras que estimaciones más recientes la sitúan próxima a los 2.000, sin que exista todavía un censo cerrado y verificado por las autoridades sanitarias y de protección de menores.
La ausencia de historial vacunal fiable complica cualquier campaña convencional. Antes de administrar una dosis es necesario establecer la edad real de cada menor, comprobar si existe documentación sanitaria previa —habitualmente inexistente o no homologable— y decidir si procede aplicar una pauta de rescate acelerada, el protocolo que se activa cuando no hay constancia de inmunizaciones anteriores. El propio Ministerio dispone de una estrategia de vacunación específica para población inmigrante y refugiada que prevé precisamente ese tipo de pautas en contextos de incertidumbre documental, pero, según la información disponible, no se habría activado todavía en Ceuta pese a que el escenario coincide con los supuestos para los que fue diseñada.
La complejidad se acentúa en las vacunas que requieren dos dosis, como la triple vírica —que protege frente al sarampión, la rubéola y la parotiditis— o la de difteria-tétanos. Administrar la primera inyección obliga a localizar después a la misma persona para completar la pauta en las semanas siguientes, un reto logístico considerable en un colectivo con alta movilidad y sin domicilio fijo verificable; de no completarse el proceso, algunas dosis podrían perderse y la inmunización quedaría incompleta.
A ese riesgo se suma la trazabilidad.
El contexto sanitario sobre el terreno se ha visto además marcado por un episodio que ilustra la dificultad del control epidemiológico: un inmigrante ingresado en el Hospital Universitario de Ceuta con un cuadro de varicela, enfermedad altamente contagiosa por vía respiratoria y de contacto, abandonó el centro sin completar el tratamiento ni el período de aislamiento recomendado por los protocolos hospitalarios, según ha podido conocerse.
Ceuta no es ajena a episodios de presión migratoria con impacto sanitario. La ciudad autónoma, frontera terrestre de la Unión Europea con Marruecos, vivió en mayo de 2021 la entrada de más de 8.000 personas en apenas dos días, un episodio que tensionó los servicios de salud pública y obligó a activar refuerzos puntuales. El recurso al mecanismo de solidaridad interautonómico con este volumen de dosis, sin embargo, no tiene precedente reciente de magnitud comparable en la ciudad.
El Ministerio de Sanidad no ha detallado públicamente el calendario definitivo de llegada de las dosis de INGESA ni el número exacto de menores pendientes de vacunar. Desde la Ciudad Autónoma de Ceuta, competente en la gestión de las dosis residuales ya administradas, se reclama que el Gobierno central agilice el envío del resto del lote pactado.
El calendario que resta pasa ahora por dos hitos concretos: la llegada efectiva de las remesas de las comunidades que aún no han enviado sus dosis a los almacenes de INGESA en Madrid, y la puesta en marcha de un censo depurado de menores que permita planificar las segundas dosis de las vacunas que lo requieren.
