En la grabación, Parra preguntó directamente a su interlocutor si veía viable la absolución: «¿Tú ves también a la causa mía posibilidades de absolución con lo que hay, con los mimbres que hay?». Teijelo respondió: «Yo creo que sí, yo creo que sí, sobre todo con los que te estoy diciendo». La conversación se enmarca en el fraude fiscal de hidrocarburos por el que Parra está investigado, procedimiento distinto pero conexo al que ahora indaga los presuntos contactos irregulares con la Fiscalía.
Según relató el propio Diego Villafañe al juez instructor de la causa de las cloacas, informó al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de la reunión mantenida en la sede del Ministerio Público con Teijelo y Leire Díez. Ese encuentro, celebrado en los meses de marzo y abril de 2025, es uno de los elementos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trata de reconstruir. Tras la cita, según el material, Teijelo y Díez se jactaron ante varias personas de tener «mucha mano» con la Fiscalía.
Uno de los empresarios a quienes se dirigieron con ese planteamiento fue Parra, con el que mantuvieron numerosos encuentros para convencerle de que cambiara de abogado y se abriera a pactar con la Fiscalía en el caso de fraude en el que está imputado. En el audio, Teijelo le recomendó explorar una vía de conformidad: «Lo primero que debe hacer tu abogado, el que sea, es lo que haría cualquier abogado de España (.) irse a hablar con la fiscal a ver qué posibilidades tienes por la parte amigable, por la parte de conformidades». El letrado citó como defensor de Parra a Jesús Santos Choclán.
Un porcentaje sin respaldo estadístico oficial
Teijelo sostuvo en la grabación que «en el 80% de los juicios en España se hacen con acuerdos con el fiscal», e instó a Parra a «aprovechar el hueco». La conformidad —el acuerdo entre acusación y defensa que permite reducir la pena a cambio del reconocimiento de los hechos— está regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otros en sus artículos 655 y 787, y es una fórmula habitual en el proceso penal español. El porcentaje concreto que menciona el abogado no aparece respaldado por las estadísticas oficiales del Consejo General del Poder Judicial, que publica anualmente datos sobre resoluciones dictadas por conformidad sin validar esa cifra.
El contacto con Parra no fue el único. Según el mismo audio, la trama se reunió también con Alejandro Hamlyn, otro investigado en un procedimiento por fraude de hidrocarburos, para ofrecerle beneficios judiciales. Teijelo describió a Hamlyn como alguien con quien resultaba difícil negociar: «Es un tío que está colgado (.) no se puede razonar con él, o sea, no se puede hablar», afirmó en la conversación. El abogado añadió que tanto Hamlyn como su defensa aseguraban disponer de mucha información grabada que, según su relato, nunca llegó a materializarse.
Teijelo ha ejercido en otras causas mediáticas, entre ellas la del narcotraficante gallego Sito Miñanco, en la que —según explicó al propio Parra— también habría mantenido reuniones con la Fiscalía para animar a pactar con el Ministerio Público. Ese antecedente forma parte del material que los investigadores analizan para acreditar el patrón de gestiones atribuido a los imputados en la pieza.
La UCO examina actualmente dos audios adicionales aportados al procedimiento. El primero recoge una reunión en el despacho de Teijelo con la presencia de Parra, su hijo, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, en la que, según el material, la trama presumió de tener control en la Fiscalía. El contenido íntegro del segundo audio no ha trascendido.
La causa de las cloacas del PSOE se inscribe en un historial de investigaciones sobre el presunto uso de estructuras policiales o parapoliciales con fines políticos. Su precedente más directo es el caso de los papeles de Villarejo, instruido en la Audiencia Nacional desde 2017, que derivó en múltiples piezas separadas por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de secretos, y que marcó la práctica judicial en el tratamiento de grabaciones aportadas por particulares.
En el plano procesal, corresponde al juez instructor valorar la autenticidad y el valor probatorio de los audios, así como determinar si concurren indicios suficientes para nuevas imputaciones. Entre las figuras penales que podrían examinarse figuran el tráfico de influencias, regulado en los artículos 428 y siguientes del Código Penal, y la revelación de información reservada por funcionario, tipificada en el artículo 417, sin que hasta la fecha se hayan formalizado cargos añadidos por estos hechos.
Ni la defensa de Jacobo Teijelo se ha pronunciado públicamente sobre el contenido de la grabación difundida. El PSOE ha negado en ocasiones anteriores cualquier vinculación orgánica con las personas investigadas en esta causa, al sostener que se trata de actuaciones individuales ajenas a la dirección del partido. La Fiscalía General del Estado no ha emitido comunicación oficial sobre las gestiones atribuidas a su antiguo número dos ni sobre el encuentro celebrado en su sede.
La instrucción continúa abierta ante la Audiencia Nacional y no hay fecha para una eventual apertura de juicio oral. El siguiente hito relevante es la remisión al juzgado del informe de la UCO sobre los dos audios pendientes de análisis, un trámite que puede ampliar el número de imputados o precisar el alcance de los contactos mantenidos con responsables de la Fiscalía durante 2025.
