La malaria fue durante buena parte del siglo XX uno de los mayores éxitos parciales de la salud pública global. La combinación de insecticidas de acción prolongada, mosquiteras impregnadas y fármacos antipalúdicos redujo la incidencia en regiones antes endémicas, incluida buena parte de Europa meridional. España fue declarada libre de malaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1964, tras una campaña que combinó el uso del insecticida DDT con el saneamiento de zonas pantanosas.
Ese optimismo se prolongó durante décadas. Entre 2000 y 2015 los casos globales cayeron de forma sostenida, en gran medida por la distribución masiva de mosquiteras tratadas con insecticidas piretroides impulsada tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. En 2015 se alcanzó el mínimo histórico de casos. Desde entonces las cifras se han mantenido estables en un nivel elevado, según los informes de la OMS. Daniel Ngamije, jefe del programa de malaria del organismo, señaló en declaraciones el pasado 2 de julio que «el impacto global de la enfermedad sigue siendo enorme».
Una vía de escape en el sistema nervioso del insecto
Los piretroides, la familia química más utilizada en mosquiteras y fumigaciones desde los años setenta, actúan bloqueando los canales de sodio del sistema nervioso del mosquito, lo que provoca su parálisis y muerte. Es precisamente ese mecanismo el que los insectos han logrado neutralizar: mutaciones puntuales en los genes que codifican esos canales impiden que el insecticida se una eficazmente a su diana molecular. Dos estudios recientes profundizan en cómo ocurre. Uno se centra en variantes genéticas del canal de sodio dependiente de voltaje en poblaciones de Anopheles gambiae, principal vector de la malaria en África subsahariana; el otro aborda mecanismos metabólicos adicionales, como la sobreexpresión de enzimas capaces de degradar el insecticida antes de que alcance su objetivo.
Esta resistencia dual —una mutación en el receptor y un refuerzo metabólico de defensa— no es exclusiva de los mosquitos. Es un patrón evolutivo documentado en plagas agrícolas y en bacterias frente a antibióticos, donde la presión selectiva de un mismo producto durante décadas acaba seleccionando variantes capaces de sobrevivir a la exposición. Cuanto más intensivo y prolongado es el uso de una sustancia, mayor es la probabilidad de que emerjan resistencias, un principio descrito por la ciencia desde los primeros estudios sobre insecticidas en los años cincuenta.
El fenómeno tiene implicaciones directas sobre las estrategias de control vectorial financiadas por organismos internacionales. El Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, principal financiador de la distribución de mosquiteras en países de renta baja, y la propia OMS a través de su Programa Mundial contra la Malaria vienen recomendando rotar los insecticidas empleados y combinar familias químicas distintas para ralentizar la aparición de resistencias, una estrategia inspirada en el manejo de resistencias antimicrobianas.
La respuesta institucional pasa también por las mosquiteras de doble ingrediente activo, que combinan un piretroide con una segunda sustancia de mecanismo distinto, como el clorfenapir, para dificultar que el mosquito desarrolle resistencia simultánea a ambos compuestos. La OMS recomendó formalmente este tipo de mosquiteras a partir de 2023, tras ensayos que mostraron una reducción adicional de la incidencia frente a las convencionales de un solo insecticida.
El clima empuja al vector a nuevas latitudes
El cambio climático añade complejidad al problema. El aumento de las temperaturas medias y la alteración de los patrones de lluvia han permitido que especies vectoras de la malaria se establezcan en altitudes y latitudes donde antes no sobrevivían, incluidas zonas montañosas de África oriental. En el sur de Europa, los sistemas de vigilancia entomológica detectan de forma recurrente al mosquito tigre y otras especies invasoras. La combinación de resistencia a insecticidas y expansión geográfica del vector ayuda a explicar por qué el estancamiento se ha prolongado una década pese al aumento de la inversión global.
Según las cifras de la OMS correspondientes a 2024, la enfermedad causa aún varios cientos de miles de muertes anuales en el mundo, con más del 90% concentradas en el continente africano y una incidencia especialmente alta entre menores de cinco años. Esa persistencia ha reactivado el debate sobre las herramientas disponibles para contener el paludismo.
Frente a ese panorama, la investigación biomédica ha abierto vías complementarias a los insecticidas. La vacuna RTS,S, recomendada por la OMS desde 2021, y la más reciente R21/Matrix-M, avalada en 2023, se administran ya en varios países africanos dentro de programas de vacunación infantil rutinaria. Ambas han mostrado en ensayos una reducción significativa de los casos graves, aunque ningún organismo sanitario las presenta como sustitutas de las mosquiteras, sino como complemento dentro de una estrategia combinada.
Los investigadores plantean además técnicas de control genético del vector, como la liberación de mosquitos modificados para reducir su capacidad reproductiva o transmisora, tecnologías en fase de ensayo de campo en países como Burkina Faso y Brasil bajo supervisión de comités de bioseguridad nacionales e internacionales. Su despliegue plantea debates éticos y regulatorios que distintos gobiernos africanos y agencias de la ONU llevan años negociando.
El reto de los próximos años será sostener la inversión internacional en un contexto de recortes en la ayuda al desarrollo sanitario, particularmente tras la reducción de fondos estadounidenses destinados a la salud global desde 2025. El Fondo Mundial tiene previsto renovar su ciclo de financiación, un proceso del que dependerá la capacidad de los países más afectados para acceder a las nuevas mosquiteras de doble ingrediente activo y ampliar la cobertura vacunal, dos herramientas consideradas clave para revertir la actual fase de estancamiento.
