El caso de Alcàsser continúa siendo, treinta y cuatro años después, uno de los episodios más estudiados de la crónica criminal española reciente. Las tres jóvenes, de entre 14 y 15 años, desaparecieron cuando se dirigían a la discoteca Coolor, en la vecina localidad de Picassent, tras hacer autostop y después de pasar por la casa de una amiga enferma. Según los testimonios recabados por la investigación policial, subieron a un Opel Corsa blanco ocupado por dos hombres.
La búsqueda se prolongó 75 días. El 27 de enero de 1993, dos apicultores localizaron los restos semienterrados de las tres menores en el paraje de La Romana, cerca de Catadau (Valencia). Las autopsias determinaron que las jóvenes fueron torturadas, agredidas sexualmente y asesinadas la misma noche de su desaparición, un dictamen que marcó el punto de partida de una instrucción judicial que se extendería durante años.
Un informe de alta médica hallado en el lugar de los hechos, expedido a nombre de un familiar de uno de los sospechosos, resultó determinante para orientar la investigación hacia Antonio Anglés y Miquel Ricart. La justicia consideró a Anglés autor material principal del crimen, mientras que Ricart fue juzgado y condenado en 1997 a 170 años de prisión por su participación en los hechos.
Ricart cumplió condena hasta noviembre de 2013, cuando fue puesto en libertad tras permanecer 21 años en prisión, a raíz de la anulación de la conocida como doctrina Parot. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en octubre de 2013 contraria al Convenio Europeo aquella interpretación, que calculaba los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas acumuladas en lugar de sobre el límite máximo de cumplimiento. La resolución afectó a decenas de presos condenados por delitos graves en España y abrió un intenso debate político y jurídico sobre el sistema de cumplimiento de penas.
Anglés, en cambio, nunca llegó a sentarse en el banquillo. Utilizaba habitualmente la identidad de su hermano, Enrique Anglés, el mismo nombre que, según las autoridades, figuraba en el volante médico hallado junto a los cadáveres. Cuando los investigadores se dispusieron a localizarlo, ya había iniciado una fuga que, en palabras del propio relato judicial y policial, dejó en entredicho los medios disponibles entonces para la persecución de fugitivos.
De la peluquería de Valencia al mercante rumbo a Irlanda
Según la reconstrucción que recoge el documental, Anglés se tiñó el cabello en una peluquería del centro de Valencia y logró burlar el dispositivo policial desplegado en la ciudad. Recorrió varias provincias españolas combinando transporte público, vehículos sustraídos y estancias en viviendas deshabitadas, hasta cruzar la frontera portuguesa en dirección a Lisboa en marzo de 1993. En la capital portuguesa se introdujo como polizón en el City of Plymouth, un buque mercante de bandera británica con destino a Irlanda.
La tripulación lo descubrió durante la travesía y lo mantuvo retenido en un camarote, pero Anglés consiguió escapar de nuevo antes de que las autoridades pudieran hacerse cargo de él. Una vez en suelo irlandés, su rastro se perdió por completo, y desde entonces no ha vuelto a tenerse constancia fehaciente de su paradero. Aquella escapada se produjo antes de que existieran instrumentos hoy habituales de cooperación como la Orden Europea de Detención y Entrega, en vigor en la Unión Europea desde 2004, lo que dificultó extraordinariamente el seguimiento del sospechoso fuera de las fronteras españolas.
Dos hipótesis continúan disputándose la explicación de lo ocurrido después. La primera sostiene que Anglés murió ahogado en la bahía de Dublín poco después de su llegada a Irlanda, aunque nunca se ha identificado ningún cadáver que se corresponda con el suyo. La segunda plantea que sobrevivió y reside desde entonces bajo una identidad falsa, posiblemente en algún país europeo o latinoamericano; de confirmarse esta vía, tendría en la actualidad alrededor de 60 años.
La familia de Anglés intentó en su momento tramitar la declaración formal de fallecimiento —un procedimiento civil previsto en el ordenamiento español para personas desaparecidas en circunstancias de riesgo—, pero la solicitud no prosperó ante la falta de indicios concluyentes. El caso permanece abierto en sede judicial, y la orden de busca y captura internacional emitida contra Anglés sigue en vigor, con fecha de vencimiento fijada en diciembre de 2029.
El crimen de Alcàsser marcó además el debate público español de los años noventa sobre el tratamiento mediático de los casos de violencia extrema, después de que la cobertura de la investigación fuera objeto de críticas por parte de asociaciones de víctimas. Aquel precedente condicionó buena parte de la posterior cobertura informativa de sucesos similares en España, y el nuevo documental se suma a una larga lista de producciones que en las últimas tres décadas han intentado arrojar luz sobre el paradero del prófugo, sin que ninguna haya aportado hasta la fecha una prueba definitiva sobre su destino.
Mientras la orden de busca y captura siga vigente, los tribunales españoles mantendrán abierta la vía para juzgar a Anglés si algún día fuera localizado con vida. De no producirse ninguna novedad antes de diciembre de 2029, deberá decidirse si se renueva la orden o se valoran otras vías procesales para un caso que, más de tres décadas después, continúa sin cerrarse.
