La mesa redonda reunió también a Ana Burgos, de Valoralia, y Daniel Gómez de Arriba, del despacho Martínez-Echevarría, bajo la moderación del juez mercantil Andrés Sánchez Magro. Según Betancor, durante años las insolvencias terminaban casi siempre en liquidación; hoy, dijo, «lo importante en estos momentos es tratar de salvar la empresa».
El ponente subrayó que los acreedores «han tomado un papel muy significativo» en las decisiones sobre el futuro de las compañías deudoras, tanto cuando asesora a empresas como cuando representa a sus acreedores. Puso como ejemplo el caso de Celsa, una de las grandes siderúrgicas españolas, cuya potencial salida a bolsa se había publicado el día anterior en un periódico económico. En ese proceso, explicó, los acreedores «han sacrificado parte de su deuda, la han convertido en capital, han reestructurado la compañía», mientras el juez se limitó a validar el trabajo ya realizado por las partes.
Betancor quiso romper un tópico habitual sobre este tipo de procesos: la idea de que los planes de reestructuración están pensados solo para grandes grupos empresariales. «Los planes de reestructuración sirven para pequeñas y medianas empresas», subrayó, recordando que la ley contempla un régimen especial para ellas. A su juicio, el juez de lo mercantil «sólo santifica lo que las partes ha permitido», ya que estos planes no dejan de ser «contratos entre acreedor y deudor», cada vez más sofisticados gracias a la intervención de grandes despachos y asesores financieros. La reforma de la Ley Concursal de 2022, que transpuso la directiva europea de reestructuración e insolvencia, incorporó estos planes como herramienta preventiva frente a la vieja lógica liquidadora de la ley de 2003.
El caso de Room Mate y la pandemia
Betancor relató con detalle el proceso de la cadena hotelera Room Mate, propiedad de la familia Sarasola. La pandemia de covid-19 y la falta de apoyo de la SEPI obligaron a la compañía a solicitar el concurso. El objetivo, explicó, era salvar el tejido productivo, los contratos laborales y los de arrendamiento. Para ello diseñaron un proceso «muy similar al prepack» y acudieron al mercado, donde, según relató, «obtuvieron muchísimas cartas de interés».
Finalmente, un inversor se comprometió a «asumir los contratos de arrendamiento, los contratos de trabajo» y a mantener la unidad productiva de la cadena. Betancor calificó de «excelente» la labor del Juzgado de lo Mercantil número 14 de Madrid en ese expediente. Sobre el papel de las administraciones públicas, reconoció que la Unión Europea y el legislador «nos ha puesto el corsé» en la negociación del crédito público, aunque matizó que estas no siempre son responsables de que una empresa termine en concurso.
El abogado, implicado desde 2002 en la unidad concursal de una gran firma auditora, defendió que el empresario «tiene derecho a equivocarse» e incluso «el derecho a ser insolvente». Insistió en diferenciar ambos conceptos: «Insolvencia no es quiebra de liquidación», recordó. Sobre las clases de acreedores diseñadas a medida, admitió que en ocasiones se han intentado soluciones cuestionables que después han corregido los tribunales, y defendió la figura del experto en reestructuración como garantía de «cierta independencia u objetividad» en la valoración de las compañías.
«Hay que adelantarse a la insolvencia, hay que saber leer bien los balances», recomendó Armando Betancor, abogado y administrador concursal de Kepler-Karst.
Betancor cerró su intervención elogiando la formación de los jueces de lo mercantil españoles, a los que definió como referencia dentro de la Unión Europea. «Con ellos, somos modelo también en Europa», concluyó, en una jornada que, lejos de los debates sobre productividad o jornada laboral que en su día plantearon figuras como Racionero, que defendió en 1987 trabajar «dos o tres horas al día» gracias a las máquinas, se centró en la supervivencia del tejido empresarial cuando la insolvencia ya ha llamado a la puerta.

