Los hechos que motivan la querella se refieren a las entrevistas que Aldama concedió en 'Diario de la Noche', de Telemadrid, y en 'Horizonte', emitido en Cuatro y en la plataforma Mediaset Infinity. En ellas, según recoge el escrito presentado por el despacho de abogados Baltasar Garzón, el empresario habló de un sobre con el logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA que contendría documentación relacionada con la investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista.
Rodríguez ya había intentado en julio un acto de conciliación con Aldama para que se retractara públicamente, con el aviso de que recurriría a la vía judicial si no lo hacía. Ante la falta de rectificación, la presidenta encargada venezolana ha optado ahora por la querella, que niega de forma rotunda cualquier vínculo con el documento.
«Nunca tuvo conocimiento de la existencia del sobre ni de su contenido y nunca se lo entregó al empresario», sostiene la querella presentada por el despacho de Baltasar Garzón.
El sobre no es un elemento nuevo en la causa. Aldama lo aportó en marzo ante el juez Ismael Moreno, que instruye en la Audiencia Nacional la pieza secreta sobre los pagos en metálico del PSOE para reembolsar gastos anticipados, después de que el magistrado se lo requiriese. Antes, el 29 de enero, el empresario ya se había referido a su contenido en su declaración ante el magistrado Santiago Pedraz, en el denominado 'caso hidrocarburos', explicando como investigado que la información guardaba relación con el sector petrolero. La Fiscalía Anticorrupción mostró entonces interés por conocer ese contenido, aunque Aldama la emplazó a alcanzar un acuerdo antes de profundizar en el asunto.
El sellado de febrero de 2020
La querella pone el acento en la falta de trazabilidad del documento. Según la imagen que habría circulado en diversos medios, el sobre llevaría un sello de recepción estampado por un funcionario en febrero de 2020, sin que conste el apellido de Aldama, quien lo habría mantenido oculto hasta este año. Un informe de la UCO de la Guardia Civil recogió que el empresario dejó la documentación en custodia de su socio Luis Alberto Escolano y que una fotografía reenviada por este mostraba en la parte inferior del sobre un sellado de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela que, según los investigadores, «indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020».
El escrito subraya que no existe en el propio sobre ninguna evidencia que identifique a Rodríguez como la persona que lo habría entregado, y recuerda que la presidenta encargada no figura como investigada en el procedimiento judicial al que Aldama aludió en las entrevistas televisivas. La querella sostiene que esas declaraciones proyectaron sobre ella «falsa y públicamente una participación en hechos presuntamente delictivos que no le corresponden».
Los abogados de Rodríguez recuerdan que el delito de injurias castiga «la imputación de hechos con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad», agravado en este caso por su difusión en medios de comunicación. La pena prevista para las injurias con publicidad, según el escrito, oscila entre seis y catorce meses de multa. Como diligencias probatorias, la querella solicita al juzgado que requiera a Telemadrid y a Cuatro las grabaciones íntegras de las entrevistas y que se tome declaración al propio Aldama.
El caso se suma a otros procedimientos abiertos en los juzgados españoles, en una fase instructora en la que, como en la investigación interna de la UCO frenada por la jueza de Badajoz en el 'caso Hermanísimo', las decisiones sobre diligencias y pruebas marcan el ritmo de las causas antes de cualquier acusación formal.
