La entidad, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y encargada de coordinar la respuesta institucional ante desastres, mantiene actualizaciones diarias desde la madrugada del sismo. La reducción sostenida en el número de desaparecidos —que pasó de 136 a 122 personas entre el miércoles y este jueves— corresponde al avance de las verificaciones en terreno, aunque la UNGRD no ha precisado un cronograma para el cierre definitivo de esa cifra ni ha detallado la situación caso por caso.
Detrás de cada número del balance hay una dimensión de la tragedia que va más allá del epicentro. El reporte identifica 293.743 familias incluidas en el registro oficial de afectación, una cifra que da cuenta de la magnitud territorial de una emergencia que, según la propia UNGRD, alcanza a 498 municipios de 16 departamentos. Los equipos de emergencia han rescatado hasta el momento a 364 personas desde el día del sismo.
La vivienda concentra el indicador que mejor permite dimensionar el golpe económico y social de la emergencia. Hasta el corte de este jueves se contabilizan 201.010 viviendas averiadas y 36.336 completamente destruidas, cifras que anticipan un proceso de reconstrucción de varios años y que previsiblemente exigirá partidas específicas dentro del Presupuesto General de la Nación, en línea con lo ocurrido tras otros desastres naturales de gran escala en la historia reciente del país.
Infraestructura esencial comprometida
El sismo no se limitó al ámbito residencial. La UNGRD registra 5.889 edificios averiados y 709 colapsados, lo que refleja el impacto estructural sobre construcciones públicas y privadas en la zona de influencia del movimiento telúrico. A esto se suman 400 centros de salud y 4.292 centros educativos afectados, lo que compromete de forma directa la atención médica y la continuidad escolar en las comunidades golpeadas por el terremoto.
La red de conectividad también resultó comprometida. El balance reporta 468 vías con afectaciones, cinco aeropuertos incluidos en el registro, 140 acueductos, 91 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales dañados. La combinación de estos factores dificulta las labores de rescate y el suministro de ayuda humanitaria en los municipios más aislados del Chocó, una región del Pacífico que históricamente ha enfrentado rezagos en infraestructura vial. A ello se añaden 5.600 centros comunitarios afectados, espacios usados con frecuencia como albergues temporales tras desastres naturales, lo que reduce la capacidad de acogida justo cuando más se necesita.
El reporte también contempla el impacto sobre la fauna: 3.023 animales afectados, de los cuales 2.976 fueron rescatados, un dato que la UNGRD incorpora de forma rutinaria en sus balances de emergencias anteriores. La entidad ha presentado la reducción de desaparecidos como un indicio de que los mecanismos de búsqueda e identificación comienzan a rendir resultados, aunque no ha anticipado si las personas aún reportadas serán ubicadas con vida o engrosarán la cifra de fallecidos.
El terremoto de San José del Palmar se ubica entre los sismos de mayor magnitud registrados en Colombia en las últimas décadas. Su impacto humanitario resulta comparable con el terremoto que sacudió al Eje Cafetero en enero de 1999, con epicentro cerca de Armenia (Quindío), que dejó más de mil muertos y motivó la creación del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec), un mecanismo que canalizó recursos públicos y de cooperación para la reconstrucción y que hoy vuelve al debate como referente institucional para la ayuda hacia el Chocó.
La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, en el marco de sus funciones de vigilancia sobre el manejo de fondos públicos en situaciones de calamidad, hacen seguimiento a la ejecución de los recursos destinados a la atención del desastre. Su intervención es la habitual en emergencias que activan gasto extraordinario del Estado, sin que hasta ahora se haya reportado observación específica sobre la ejecución en curso.
Qué sigue en la respuesta institucional
El Gobierno nacional, a través de la UNGRD, mantiene activo el sistema de reportes diarios mientras continúan las verificaciones en terreno en los municipios más afectados. Aunque el sismo ocurrió hace más de tres semanas, la entidad ha insistido en que los datos sobre daños y personas afectadas seguirán actualizándose a medida que avancen las labores en zonas rurales de difícil acceso, particularmente en el Pacífico chocoano.
Las autoridades locales de los 16 departamentos comprendidos en el balance deberán reportar en las próximas semanas los planes de reconstrucción de vivienda e infraestructura pública, un proceso que en experiencias anteriores de desastres naturales en el país ha tomado varios años y ha requerido la concurrencia de recursos de regalías, cooperación internacional y el Presupuesto General de la Nación.
La cifra definitiva de fallecidos y desaparecidos, según el patrón observado en emergencias similares, solo se estabilizará una vez concluyan los trabajos de búsqueda en las zonas rurales más golpeadas y se complete el cruce de información entre las bases de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, la Registraduría Nacional del Estado Civil y los censos de la UNGRD.
